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Existen diferentes criterios dentro del movimiento chavista sobre el manejo y los objetivos de las industrias nacionalizadas. Los miembros de la corriente de la «priorización social» defienden una estrategia de desconocer las exigencias del mercado y las presiones de la globalización y centrar los esfuerzos en el logro de las prioridades establecidas por la planificación nacional. En contraste, los miembros de la corriente de la «toma de decisiones pragmática» aunque apoyaban objetivos no económicos, priorizaron la eficiencia y los objetivos de producción. También han cuestionado la aplicación de esquemas cogestionarios de los trabajadores en sectores estratégicos estatales como la industria del aluminio, la compañía eléctrica Cadafe, y PDVSA. Por el contrario, los defensores de la priorización social, que incluyen a los sindicalistas de la UNT, piden una reorganización completa de la burocracia de estas compañías y advierten que algunos de sus gerentes son adversarios del proceso de cambio y posiblemente han cometido actos de sabotaje.

Una deficiencia importante de la política económica del Gobierno ha sido la incapacidad para estimular la producción en determinados sectores clave en el grado necesario para satisfacer los niveles de demanda generados por los precios récord del petróleo. La distribución de la tierra facilitada por la Ley de Tierras de 2001, la promoción del Gobierno de miles de cooperativas agrarias con generosas cantidades de capital de arranque, y la cadena estatal de distribución de alimentos Mercado de Alimentos (Mercal), con sus 15.000 puntos de venta (muchos de ellos «bodegas Mercal» en casas de familia ubicadas en las comunidades de bajo ingreso) fueron diseñadas para romper el control oligopólico de la industria de alimentos que había inducido la escasez durante la huelga general de 2002-2003 y posiblemente en momentos críticos en los años posteriores. En 2007, sin embargo, estos esfuerzos no eran suficientes para aliviar de manera significativa la escasez de ciertos alimentos básicos, como leche, azúcar, carne y jugo de naranja, que sin dudas contribuyó a la derrota del Gobierno en el referéndum celebrado en diciembre de ese año.

La elevada dependencia del país de las importaciones extranjeras impide el logro de la meta fundamental de los chavistas de la soberanía nacional. Con el constante aumento de los ingresos petroleros, el problema de la dependencia comercial había llegado a un extremo para 2007. En el primer semestre de 2007, la demanda nacional total subió un 30 por ciento con respecto a los meses equivalentes del año anterior, mientras que la producción nacional aumentó solo un 7 por ciento (El Caribeño, 28-7-2007, p. C-14). En su discurso anual a la Asamblea Nacional en enero de 2008, Chávez reconoció que la insuficiente producción nacional y la escasez resultante se reflejaron mal en los esfuerzos nacionales de planificación del Estado. La escasez crónica, un clima de poca inversión privada, y el desfase entre la capacidad productiva de la nación y el ritmo del aumento de la demanda se tradujeron en inflación, que alcanzó el 22,5 por ciento para 2007, el 30,9 por ciento en 2008 y el 25 por ciento en 2009.

El aumento astronómico de las importaciones de automóviles y los problemas resultantes pusieron en evidencia la poca efectividad del Gobierno para actuar en función de las prioridades económicas. Mientras que las ventas de automóviles subieron un 176 por ciento entre enero y junio de 2007 en comparación con el primer semestre de 2006, la producción aumentó sólo un 5 por ciento (El Universal, 6-7-2007, pp. 1-14). Además de permitir que las importaciones sobrepasaran la producción nacional, esta tendencia perjudicó la industria venezolana de componentes automotrices, que está orientada hacia los modelos ensamblados en el país. Además la inversión en transporte público, a pesar de los resultados halagüeños discutidos anteriormente, ha sido insuficiente para disminuir el fuerte aumento de la demanda de automóviles. Junto con el auge de las compras automotrices, varias políticas del Gobierno agravaron el problema del tráfico urbano: bajos precios de la gasolina, fijados en unos quince céntimos de dólar por galón; los «carros populares» auspiciados por el Gobierno, conocidos como «Venemóvil» (cuyas ventas representaron el 18 por ciento del mercado nacional en 2007), que están exentos del IVA; y la negativa gubernamental de establecer un impuesto sobre los automóviles de lujo (a pesar del apoyo verbal de

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