ASPECTOS NOMATIVOS DEL MEDIO AMBIENTE

ASPECTOS NORMATIVOS INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

La política ambiental en Venezuela registra un cambio considerable en las últimas dos décadas, pasando de intentos conservacionistas a el uso racional de los recursos naturales como parte de políticas de desarrollo del gobierno. Los objetivos ambientales y las estrategias políticas son más independientes desde que se elaboró el Sexto Plan de la Nación (1990), el cual incluye la posibilidad de emplear impuestos para la gestión ambiental.

A nivel de gobierno central la autoridad es el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), el cual fue creado en 1976 (hoy Ministerio del Poder Popular para el Ambiente). El principal curso de acción del Ministerio del Ambiente ha sido la provisión de fondos públicos para obras de saneamiento. De esta manera, la gestión ambiental conjunta que incorpora a empresas privadas y ONGs no recibe recursos humanos y financieros suficientes. La organización del Ministerio ha evolucionado desde una estructura centralizada hasta una estructura horizontalmente dispuesta, en la cual cada área de problema ambiental específico tiene una división correspondiente dentro del Ministerio. Algunas de las divisiones más importantes dentro de la actual organización del Ministerio son: conservación de cuencas, calidad del aire, y educación ambiental. Sin embargo, estas divisiones nos son financieramente independientes y el presupuesto total del Ministerio depende del tesoro público nacional. Los factores antes mencionados son de suma importancia al discutirse y analizarse la factibilidad que tiene la aplicación de instrumentos de mercado como mecanismos de gestión ambiental en Venezuela.

El marco legal ambiental en Venezuela es considerado muy avanzado en términos de sus normas ambientales y de su alcance. Sin embargo, varios autores señalan el hecho que otorga un excesivo poder discrecional y asigna responsabilidades que se superponen entre diversas entidades. En algunos casos los Ministerios de Energía y Defensa comparten la responsabilidad de hacer cumplir las regulaciones ambientales con el Ministerio del Ambiente. Igualmente, los Ministerios de Agricultura y Salud Pública participan en la formulación de normas ambientales. Algunas normas ambientales son fijadas a niveles excesivamente altos como para ser cumplidas o no toman en cuenta las condiciones y características particulares de los ecosistemas en cuestión. Los principales instrumentos legales que abordan aspectos relativos a la calidad ambiental son la Ley Orgánica del Ambiente (1976) y la Ley Penal del Ambiente (1992). Este último instrumento define crímenes y sanciones ambientales (multas y arresto). Al igual que la experiencia en otros países latinoamericanos con políticas ambientales basadas en instrumentos de comando y control, la aplicación y el cumplimiento de las mismas ha sido sumamente problemática. Dentro de un sistema de controles directos como el que actualmente existe, no se garantiza el óptimo aprovechamiento y asignación de los recursos naturales.

A nivel local, las agencias regionales especiales asumen un papel cada vez más importantes en la tarea de hacer cumplir las normas, en los programas de saneamiento, y en el desarrollo de la educación ambiental. Los municipios son directamente responsables de la gestión de los desechos sólidos. Durante el decenio de 1990 estas instituciones se han estado fortaleciendo política y financieramente. Los municipios tienen el derecho, dentro de su jurisdicción, de cobrar sus propios impuestos y ejercer el control sobre los establecimientos comerciales, industriales, y agrícolas. Las asociaciones vecinales están representadas a nivel municipal. De ahí que el gobierno municipal es una instancia con gran potencialidad para llevar a cabo programas de monitoreo y gestión ambiental con respecto a la calidad del aire, del agua, y del suelo.

Como se mencionó en párrafos anteriores, en la gestión ambiental en Venezuela ha predominado un esquema de comando y control. Además de las normas, las cuales se hacen cumplir mediante multas y demandas por perjuicios ambientales; restricciones sobre la utilización de tierras son ejercidas para proteger bosques, cuencas, y otros ecosistemas. Actualmente también se está empleando el otorgamiento de licencias como instrumento para la gestión ambiental. Es importante resaltar que los instrumentos de mercado per se no han sido considerados, aunque existen algunas experiencias que han considerado instrumentos económicos o contabilizado los costos ambientales de la degradación ambiental. Algunos de estos instrumentos implícitamente reconocen los problemas ambientales como una externalidad, aun cuando ninguno de los costos ambientales es considerado en el sistema de precio al momento.

Instituciones Públicas y su papel en la Gestión Ambiental en Venezuela

1.-Ministerio Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales Renovables

Ejerce la rectoría de la administración y aprovechamiento racional del ambiente en Venezuela, mediante la vigilancia terrestre, aérea y acuática, en todo el territorio nacional a los fines de la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

2.- La Fuerza Armada Nacional

Su función principal es ejercer en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables la vigilancia terrestre, aérea y acuática, en todo el territorio nacional a los fines de la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

3.- Policías Metropolitanas, Estadales y Municipales, Cuerpos de Bomberos, Capitanías de Puertos y Defensa Civil

Dentro de sus atribuciones se encuentran: colaborar con los demás órganos y funcionarios de Guardería Ambiental en la planificación y ejecución de operativos de acción conjunta de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

4.- Los Consejos Comunales, las Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, los Comités, Locales Conservacionistas, las Ligas Contra Incendios, y los demás órganos y asociaciones de participación ciudadana:

Es su deber, denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales competentes, de todos aquellos casos en que conozcan de la comisión de delitos y faltas, así como de cualquiera de las normas jurídicas que rigen el ambiente y los recursos naturales.

1.5.- Los Vigilantes Voluntarios del Ambiente, designados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, dentro de sus múltiples funciones deben:

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de 12 normativa legal orientada a conservar, defender y mejorar el ambiente y los recursos naturales renovables.

2. Denunciar ante las autoridades administrativas o judiciales competentes de todos aquellos casos en que conozcan de la comisión de delitos y faltas, así como de cualquiera de las normas jurídicas que rigen el ambiente y los recursos naturales.

Leyes que regulan la materia ambiental

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. G.O. Nº 36.860, de fecha 30/12/1999, en sus artículos 127, 128 y 129.

• Ley de Diversidad Biológica. G.O. Nº 5.468 Extraordinaria, de fecha 24/5/2000

• Ley Penal del Ambiente. G.O. Nº 4.358 Extraordinaria, de fecha 3/1/92

• Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. G.O. Nº 3.238 extraordinaria, de fecha 11/8/83

• Ley Orgánica del Ambiente. G.O. Nº 31.004, de fecha 16/6/76 (y sus reglamentos parciales)

• Ley Forestal de Suelos y de Aguas. G.O. Nº 1.004 Extraordinaria, de fecha 26/1/66

• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. G.O. N° 37.323 de fecha 13/11/01

Las Instituciones Privadas frente a la Gestión Ambiental

Las compañías privadas deben empezar su gestión ambiental cumpliendo la legislación vigente, especialmente las pequeñas y medianas que no generalmente no se rigen por lineamientos estratégicos globales en esta materia.

La responsabilidad de estos problemas recae en los gobiernos – nacional, regional y municipal, la ciudadanía y las empresas privadas. Estas últimas tienen un papel fundamental en el cuidado del ambiente, entendiéndolo como todo lo que nos rodea, el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.

Toda la cadena de producción, comercialización y relacionamiento de las empresas debería estar apegada a las legislaciones ambientales del país donde opera e ir más allá incluso con la intención de obtener mejores resultados económicos para buscar la sustentabilidad.

Para que una empresa sea sostenible en el tiempo es imperativo que su gestión equilibre la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. “Es el llamado Triple Resultado, un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas, según los cuales no puedes tener una empresa exitosa en ambientes depauperados, porque simplemente no va a haber quién compre los productos.

Pero en las pequeñas y medianas industrias y hasta en los comercios la situación es distinta. Por desconocimiento y falta de recursos se incurre en faltas ambientales que el organismo rector – el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente – no fiscaliza, por múltiples causas: falta de personal, de recursos económicos, problemas logísticos, falta de coordinación con gobiernos municipales y regionales, entre otros.

En Venezuela, y en América Latina en general, se parte de la premisa que una gran corporación es igual a un gran contaminante y no necesariamente es así. Los tipos y niveles de daño ambiental dependerán de la actividad que realice la empresa, sin importar su tamaño. Por ejemplo, en una peluquería, que es un negocio pequeño y muy común en nuestro país, todos los días se manejan químicos y sustancias peligrosas que, seguramente, no se desechan correctamente, y no son fiscalizadas en este aspecto

Tampoco, las comunidades han asumido toda la responsabilidad que deberían en el proceso de participar e instar a las empresas y gobiernos a que trabajen más proactivamente en materia ambiental.

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