Derecho Internacional Humanitario

Antes de la década de 1860, las normas que regulaban las formas en que podían librarse los conflictos armados eran impuestas por gobernantes y jefes militares o eran producto de algún acuerdo entre las partes, firmado con el fin de resolver cuestiones del momento. Si bien en ciertos casos el objetivo de esas normas era la protección de recursos vitales, como las fuentes de provisión de agua, o de personas, como los soldados o los individuos que no participaban en las hostilidades, normalmente no prohibían ciertas prácticas que la sociedad actual consideraría inaceptables.

El primer intento de codificación de las leyes y costumbres de la guerra en un texto único fue el “Código de Lieber” (1863). Como estaba dirigido sólo a las fuerzas de la Unión que luchaban en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, no tenía el valor de un tratado.

Al año siguiente, a instancias del CICR, fundado en 1863, los Estados participantes en una conferencia convocada por el mencionado organismo acordaron la aprobación del Convenio de Ginebra, que constaba de diez artículos en los que se estipulaban normas tendientes a que todos los soldados de ambos bandos heridos en el campo de batalla recibiesen asistencia, sin distinción alguna.

Asimismo, el Convenio establecía la neutralidad del personal médico y la adopción de un emblema único neutral (una cruz roja sobre fondo blanco) para identificar al personal médico y las instalaciones sanitarias donde se atendía a los heridos. La media luna roja fue adoptada en la década de 1870.

El papel del CICR

Desde entonces, la historia del CICR y la de lo que luego se denominó derecho internacional humanitario han corrido parejas. A medida que las funciones del CICR se ampliaban debido al contacto continuo con las realidades de la guerra, el organismo instaba a los gobiernos a ampliar el alcance del derecho internacional humanitario, que poco a poco fue incorporando nuevos temas, como la guerra naval, los prisioneros de guerra y la población civil.

El Convenio de Ginebra reflejaba las preocupaciones del CICR, centradas en las necesidades de las víctimas de la guerra. Sin embargo, a finales del siglo XIX, en una corriente jurídica independiente, los gobiernos comenzaron a adoptar normas internacionales (los Convenios de La Haya) relativas a la conducción de las hostilidades.

En las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, el CICR hizo un llamamiento para que cesara el empleo de armas químicas. Los debates posteriores condujeron a la adopción de un tratado, aprobado en 1925 y vigente en la actualidad, que prohíbe el uso de dichas armas.

Tras la Primera Guerra Mundial, los esfuerzos del CICR por extender la protección de las víctimas de guerra se hicieron realidad con la aprobación de un nuevo Convenio de Ginebra en 1929, relativo al trato debido de los prisioneros de guerra. No obstante, el CICR no logró convencer a los gobiernos de que adoptaran un tratado que cubriera a los civiles antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, con lo que decenas de millones de personas quedaron sin protección específica frente a la conflagración.

El avance decisivo de 1949

El gran avance en este tema se hizo efectivo con posterioridad a la Segunda Guerra, cuando los gobiernos adoptaron los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. En esa oportunidad se reescribieron los Convenios existentes y se añadió un cuarto, relativo a la protección de la población civil que se encuentra bajo el control del enemigo.

En 1977, luego de realizar un gran trabajo preliminar y de persuasión, el CICR consiguió que los gobiernos adoptaran los Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra, que reúnen elementos de los instrumentos jurídicos de La Haya y Ginebra.

Entre las tantas innovaciones

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