República Bolivariana de Venezuela

Nuestra República Bolivariana de Venezuela confronta desde hace varias décadas escollos fronterizos relevantes en la delimitación de los linderos con países hermanos, como verbigracia Colombia y la Guayana Esequiba.

Obviamente, la política estratégica fundamental de nuestro país debe consistir en agotar las instancias de diálogo y conciliación como naciones fraternas cultas, pacíficas y civilizadas; acoplándonos a los sagrados derechos humanos universales y a los acuerdos, convenios y tratados justos, equitativos, racionales y equilibrados como la Convención de Ginebra que el país hermano neogranadino (actual Colombia) subscribió y que nuestra nación lo acepta, pero con reservas; en consonancia con lo estatuido en el artículo 15 que esgrime lo relativo a: “El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial de la soberanía…”.

De lo que se trata es prevalezca en su exacta dimensión la sindéresis, la racionalidad, la ética, la conciencia patriótica y el ordenamiento jurídico constitucional e internacional.

Expertos, estudiosos, investigadores y conocedores del ámbito limítrofe, personalidades de alta solvencia moral que no vendan el fuero intrínseco patriótico deben integrar las comisiones venezolanas en aras de hacer valer nuestros derechos y tomen en cuenta ciertamente la opinión y voluntad del soberano, en correspondencia directa con el artículo 5 de nuestra Constitución, que contempla lo referente a que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.

Desde luego, debe predominar en primera instancia el respeto irrefutable a la soberanía, la libertad y la autodeterminación como parámetro jurídico relevante para avanzar resuelta y decisivamente en la solución fronteriza entre las naciones. Más aún, se deben sopesar las variables historiográficas y los tratados internacionales.

Por ejemplo, la cuestión fronteriza de Venezuela con Colombia estriba en el reconocimiento del archipiélago de Los Monjes, con derecho a plataforma submarina y a mar territorial, aunado naturalmente a la fijación de 12 millas náuticas como mar territorial más tres de zonas contiguas, en correspondencia con el artículo 11 de la Carta Magna que plantea en torno a “la soberanía plena de la República, se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales

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