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de ellas se efectuó al amparo de sospechosas interpretaciones, como lo señalan críticos desinformados, o –por el contrario– al amparo de la certeza que les otorgaba la información que emana del registro inmobiliario.

El punto central es que miles de adquirentes de estas fincas obraron de buena fe, con base en los datos que surgen de los folios de matrícula inmobiliaria, en donde –por lo general– no se inscribieron las limitaciones al dominio que hoy se quieren hacer valer. No es creíble que en estas transacciones hayan actuado como simples avivatos caracterizados inversionistas extranjeros, importantes grupos empresariales –como el que es propietario de EL TIEMPO Casa Editorial– e inclusive las mismas empresas del Estado, como Ecopetrol. De manera que lo que está en juego es la seguridad jurídica en el campo.

En cualquier caso, la controversia legal debe servir para debatir sin eufemismos y a fondo cuál es el modelo de desarrollo agropecuario que requiere el país y que permita ampliar la frontera agrícola para asegurar nuestra seguridad alimentaria y convertirnos en una potencia en esta materia, como lo hizo Brasil en apenas dos lustros.

El Gobierno, que en un comienzo lanzó señales contradictorias que enviaron mensajes equivocados y contribuyeron a la confusión, ha decidido enmendar la plana y tomar el toro por los cuernos. Tal como le corresponde, desea ahora liderar el debate planteando un modelo mixto de convergencia, en donde quepan la pequeña economía agrícola y los proyectos agroindustriales de gran escala, de acuerdo con la doctrina constitucional. Si bien hay sectores que proponen el modelo de minifundio, que en la actualidad solamente existe en el empobrecido campo cubano, el país no puede caer en un falso dilema que no tiene razón de ser.

Los primeros datos de lo que ha venido ocurriendo en la altillanura les dan la razón a quienes la identifican como una zona de inmenso potencial, que le puede cambiar la cara a la economía colombiana. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto agrícola de esta región ha crecido en los últimos diez años en 165 por ciento, lo que ha generado empleo y riqueza colectiva. Con razón el gobernador del Vichada reclama que los contradictores del Gobierno dejen de hacer política a costa de la prosperidad y de las posibilidades de desarrollo de su departamento, que vivió postrado por décadas.

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