ANALISIS DE COOPARTICIPACION FEDERAL EN ARGENTINA CON FODA Y DISCURSO

ANALISIS COPARTICIPACION FEDERAL

Desde el año pasado debido a la desaceleración general de la economía se agudizaron los problemas fiscales y los déficits de las provincias. Detrás de esta situación está una cuestión de fondo de difícil solución, pero que se torna urgente enfrentar: la distribución de los recursos nacionales mediante la Coparticipación Federal.

La discusión de un nuevo régimen de coparticipación federal es un tema latente en la agenda política nacional. Los gobiernos subnacionales -sobre todo las provincias- han asumido un abanico cada vez más amplio y costoso de funciones (en especial, las asociadas al gasto social) este desbalance entre crecientes responsabilidades de gasto, limitados recursos de recaudación propia – en parte por responsabilidades que escapan a las provincias pero en buena medida también por sus defecciones- tiene serias consecuencias. Las principales:

• Los problemas de solvencia (los recurrentes déficits provinciales y municipales, difíciles de cerrar)

• La muy limitada responsabilidad fiscal de los gobiernos (cuando el gasto no va acompañado del costo de recaudar, es muy difícil lograr su disciplina)

• La imposibilidad de un efectivo control democrático por parte de quienes pagan los impuestos (cuando el poder recaudador está muy lejos y las trazas del gasto y los ingresos públicos son incomprensibles, no es posible informarse ni reclamar).

• La cada vez más visible debilidad política de las autoridades subnacionales, crecientemente subordinadas a las “dádivas” de la administración central (no es posible una verdadera autonomía política sin un nivel razonable de autonomía fiscal) estos desequilibrios estructurales demandan un adecuado conjunto de reformas que permita completar el proceso de descentralización federal, avanzando en el campo tributario, y mejorar también de modo sustancial la coordinación entre niveles de gobierno (tanto en materia normativa como de gestión, y tanto en el plano del gasto como en el de los ingresos y la deuda pública). La necesaria reforma del sistema de coparticipación federal de impuestos resulta una pieza indispensable del rompecabezas a armar.

En el largo plazo, lo que se tendría que apuntar, es aumentar la actividad económica privada, lo que implica atraer nuevas inversiones, logrando nuevos puestos de trabajo, y no depender tanto de conseguir un empleo estatal, ya que con una buena actividad comercial las empresas logran más ingresos, para cuando se busque aplicar nuevas políticas tributarias como ser un aumento en la alícuota, los empresarios no tuvieran inconvenientes o mejor dicho no se tornen reacios para afrontar sus obligaciones.

Con esto se conseguiría mejorar la recaudación impositiva provincial, para lograr reducir esa brecha de ingresos Nacionales y Provinciales, que hace mucho tiempo es el mismo. En los estados federales, las políticas de descentralización estatal son aquellas que tienden a delegar las funciones de las unidades centrales (estado nacional) en unidades locales (estados provinciales y municipales), cabe destacar que esto se debe realizar transfiriendo no sólo las obligaciones, sino también los recursos para llevarlas adelante.

El federalismo fiscal (es decir delegar a niveles de gobierno locales el cobro y distribución de los recursos tributarios) es reivindicado como símbolo de autonomía e independencia, y también según la doctrina fiscal clásica se cree que son los gobiernos locales los que mejor conocen los problemas de la gente, así que deberían ser ellos quienes administren los impuestos. Pero también debe tenerse en cuenta que un sistema fiscal federal, quitará al gobierno central toda posibilidad de redistribuir recursos de las zonas más prósperas a las de menor nivel de desarrollo.

Más allá de los parámetros que puedan llegar a ser consensuados para plasmar los principios rectores exigidos por la Constitución Nacional, se impone, ante todo, la necesidad de tener en cuenta y resolver los siguientes puntos fundamentales:

1. Las fórmulas que se diseñen deberán ser de fácil adecuación a los permanentes cambios de las condiciones socioeconómicas de nuestro país, a fin de evitar la ilegitimidad de la ley convenio;

2. Será imprescindible contar con estadísticas confiables, para lo cual el Organismo Fiscal Federal o la ley-convenio, deberá crear un organismo especial para tal fin con participación de todas las jurisdicciones;

3. Los montos que se distribuyan conforme al criterio distributivo de solidaridad deberán ser especialmente controlados en forma permanente;

4. La redistribución de recursos a fin de respetar el principio de solidaridad deberá tener en cuenta el volumen de ayudas recibidas “al margen” del régimen de coparticipación, a saber: Aportes del Tesoro de la Nación que reciban las distintas provincias, los regímenes de promoción industrial y de otra índole, otros regímenes especiales de devolución de impuestos, los Fondos de asignación específica, los distintos programas de asistencia social, salud, vivienda e infraestructura, etc.;

5. El control y cumplimiento de los objetivos básicos de las transferencias presupuestarias para fines sociales de la Nación hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires que se realizan generalmente en forma automática;

6. Las transferencias de igualación que tendrían por objeto garantizar la equidad fiscal a fin de que las jurisdicciones accedan a un mismo nivel de ingresos de manera que puedan brindar a los ciudadanos servicios públicos mínimos comparables;

7. Los impuestos y contribuciones que formarán la masa de recursos coparticipables;

8. La reformulación del sistema previsional realizado recientemente e instituido a principios de la década del noventa por el colapso del mismo y que requirió financiamientos complementarios a los recursos propios (aportes personales y contribuciones patronales). Financiamiento que se instrumentó a través de asignaciones específicas de determinados impuestos y que modificó, de hecho, los porcentajes de distribución de la Ley Convenio vigente (42.34% para la Nación y el 57.66% restante para las provincias) al ceder éstas un 15% de sus recursos.

Si bien el sistema actual de coparticipación posee algunas características redistributivas, claramente evidencia disparidades difíciles de explicar de manera objetiva. Año tras año se hacen más ineludibles las señales de la necesidad, ya no de una reforma, sino de un nuevo marco regulatorio integral para la generación

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