Accion Colectiva

ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS

El propósito de este trabajo es mostrar el estado actual de las Entidades Territoriales Indígenas. Para ello, se realizará como primera medida una contextualización de la población indígena en Colombia actualmente, luego se revisará la normatividad relacionada con la conformación de las ETIS y demás asuntos relacionados. Luego de esto se analizará la situación actual de los territorios indígenas a la luz de los conceptos de desarrollo, descentralización y gobernabilidad. Se procederá a identificar las tensiones que se han presentado en el proceso y por último se expondrán las conclusiones al respecto.

Actualmente, en Colombia habitan 80 grupos étnicos. Su diversidad cultural se refleja en la existencia de más de 64 idiomas y unas 300 formas dialectales. Según un estudio del Departamento Nacional de Estadística, realizado luego del Censo de 1993 y con ajustes a 1997, la población indígena asciende a 701.860 personas que tienen presencia en 32 departamentos del país. La mayoría de estos pueblos habitan lo que se ha denominado resguardos. El resguardo es una institución legal y sociopolítica de origen colonial y de carácter especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena que, con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste. En su ámbito interno el resguardo se rige por una organización ajustada al fuero indígena, es decir, con pautas y tradiciones culturales propias. La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 567 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 36.500.416 hectáreas, que albergan a una población cercana a los 800.271 personas, 67.503 familias.

Ahora bien, es importante resaltar la importancia de la constitución de 1991, pues fue la que abrió el espacio para la creación de una Entidad Territorial Indígena (Art. 286). Durante muchos años el Estado se negó a reconocer a los indígenas, sin embargo esta situación cambió de forma radical con la promulgación de la Constitución de 1991. Esta carta fue producto de un proceso que buscó formular un nuevo pacto entre los diferentes sectores de la sociedad colombiana. El logro de este objetivo requería la participación de la mayor cantidad de actores posibles y, en especial, de aquellos que habían sido hasta el momento marginados. En la Asamblea Nacional Constituyente, los representantes de los indígenas presentaron dos exigencias básicas: el reconocimiento del derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales y la concesión de espacios de autonomía que les permitieran desarrollar sus existencias de acuerdo a sus pautas culturales. Es así como la ETI es un nivel territorial creado por la Constitución en desarrollo del principio de respeto a la diversidad étnica y cultural. Se trata de un ente del que no existen precedentes en el derecho interno y del cual el texto constitucional tan sólo indica los aspectos más básicos. La definición de la mayoría de sus rasgos correrá por cuenta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). La ausencia de esta ley ha conllevado el que la ETI sea, a dieciocho años de la promulgación de la Constitución, un proyecto sin desarrollar. En su ausencia, el resguardo ha asumido algunas de sus funciones, si bien no por ello se ha transformado en una entidad territorial.

En cuanto al concepto de desarrollo, es posible ver que se encuentran dos visiones bastante diferentes: De un lado la visión del Estado, que se refleja principalmente en la normatividad, y del otro lado la visión que puedan tener los indígenas acerca de lo que consideren desarrollo. Es posible afirmar que en el Estado se evidencia un poco la concepción de los indígenas como “menos desarrollados” (en términos de lo que plantea Arturo Escobar frente a los aldeanos), en la medida en que el desarrollo busca mediante ciertos mecanismos transformar la calidad de vida para marcar un antes y un después en la vida de estos grupos. Así la concepción de

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