Accion Por Un Tercero

CONCEPTO: la ejecución por un tercero aparece genéricamente reglada en el artículo 505 cuando establece que: “los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son (…) 2º para hacérselo procurar a otro a costa del deudor (…)”. No verificado el cumplimiento voluntario, la ley permite al acreedor hacer cumplir coactivamente la prestación por un tercero, a cargo y costo del deudor, siempre que el hecho pudiese ser ejecutado por otro.

REGIMEN: la propia naturaleza de las cosas determina que la ejecución por otro sea inconcebible en algunas hipótesis. Tal modo de ejecución no cabe:

- En las obligaciones de dar cosas ciertas, pues, al estar determinadas desde el nacimiento de la obligación, sólo el deudor puede darlas; hay que hacer salvedad, empero, de la obligación de dar una cosa cierta fabricada en serie, o que sea ajena, si el dueño de ésta la entrega al acreedor.

- En las obligaciones de hacer intuitu personae.

- En las obligaciones de no hacer, pues la abstención debida es personal del deudor. Puede intervenir un tercero si el acreedor exige que se destruya lo hecho, o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor.

En todos los demás casos, el acreedor tiene derecho a obtener la ejecución por un tercero, sin perjuicio de si interés en que haya cumplimiento del propio deudor.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL: en un principio, el acreedor no puede por su propia voluntad sustituir al deudor por un tercero para la realización de la prestación debida y requiere, en principio, de autorización judicial. Puede prescindirse de esta autorización en caso de urgencia.

En ausencia de la declaración judicial, el acreedor debe acreditar con verosimilitud su crédito, el incumplimiento y la justificación de acudir al auxilio de un tercero; en cambio, ante la existencia de condena que constituye prueba acabada de la verosimilitud del derecho, sólo queda en juego la cuestión de la autorización para acudir a un tercero para el cumplimiento de la condena.

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