Análisis Sobre La Ley General De Competencia No. 42-08

Este análisis de carácter objetivo tiene como finalidad analizar la ley general de competencia promulgada en el año 2008. La misma tiene como objetivo regular la competencia entre las empresas que ejerzan sus actividades comerciales en República Dominicana para garantizar la competencia leal y limpia entre las mismas sustentándose en derechos consagrados de manera concreta en la constitución. Entre los derecho fundamentales que consagra esta ley al igual que la constitución están el derecho a la libertad de empresa comercio e industria y la libertad de asociación.

El eje principal de la misma es proteger tanto a las empresas como a los consumidores estableciendo un régimen legal que deben cumplir las empresas para mantener cierta estabilidad en los precios, respetando así conceptos principales como la ley de oferta y demanda, al igual que los respectivos tratados internacionales que hemos asumido, y promoviendo la competencia leal, de manera que ninguna empresa se favorezca de su posición en el mercado. Esta ley aparte de lo antes mencionado viene a consagrar la prohibición de monopolios que perjudiquen tanto al particular como al empresario, dejándole esta facultad solo al Estado, pero teniendo en cuenta la protección de los derechos mencionados con anterioridad.

Esta ley fue creada tomando en cuenta la situación económica actual con el objetivo de fortalecer a la economía, tanto de forma directa como indirecta. Tomando como punto de partida la actividad comercial y la relación entre los países, para así salvaguardar la seguridad jurídica tanto de República Dominicana como los países que se relacionan de manera económica con la misma.

Esta ley se refiere a todo aquello relativo a las competencias entre las empresas. Se refiere a la posibilidad de que una empresa haciendo uso de su posición dominante frente a otras empresas ejerza competencia desleal. También regula que las empresas no se confabulen unas con otras para el perjuicio de otras, manipulación del mercado, para que no firmen pactos o acuerdos con la finalidad de poner obstaculizar y dificultar la operación de otras empresas, como la fijación de precios impropios con intenciones desleales y otros acuerdos que perjudiquen la competencia leal.

Para procurar que los objetivos de dicha ley fueran cumplidos se creo un organismo llamado Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con autoridad para velar por el cumplimiento de dicha ley. La misma determina quienes serán los miembros de este organismo y cuáles serán las funciones de cada uno de estos.

Esta establece el procedimiento administrativo a seguir por los consumidores para hacer reclamo de sus derechos. Primero establece el organismo Pro-Competencia como primer institución para recurrir a reclamar violaciones cometidas a la ley. Las decisiones emitidas por este organismo podrán ser recurridas por medio de un recurso contencioso ante el Tribunal Superior

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