Careceles Para Rellenar

Santiago Igartúa (Proceso)

El Diario de Juárez (Mexico)

Domingo, 19 de diciembre, 2010

Distrito Federal (Proceso) — México vive una de las peores crisis de su historia en materia de seguridad. Así lo señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), organización de derechos humanos, y la red mundial de investigadores y analistas Instituto Transnacional (TNI), de acuerdo con el estudio Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina, que ambas agrupaciones dieron a conocer el pasado jueves 9.

Según el documento, la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en el “combate” al narcotráfico ha resultado fallida desde las leyes. Los altos niveles de violencia no son el único costo de ello: también lo son la cantidad y el perfil de la gente encarcelada como resultado de la legislación vigente.

Aunque el número de detenidos y recluidos ha sido un indicador utilizado por el gobierno para tratar de demostrar que el combate a la delincuencia organizada funciona, el estudio sostiene que “cientos de miles” de detenciones no resultan en consignaciones, menos aún en condenas.

La “detención fácil” que ejercen las autoridades es muestra de abuso y autoritarismo. “Muchas personas inocentes están siendo detenidas”, señala el reporte y remarca la “ineficiencia” o “ausencia” de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público.

De los 226 mil 667 detenidos por delitos contra la salud entre 2006 y 2009, cifras oficiales que obtuvieron WOLA y TNI, sólo 33 mil 500 –menos de 15 por ciento– fueron sentenciados.

Esa ha sido una crítica constante y creciente a la “ineficacia” del gobierno de Calderón en su “lógica de guerra” contra el crimen organizado, dice en entrevista Ana Paula Hernández, responsable del capítulo sobre México en el reporte Sistemas sobrecargados.

El documento señala que pese al discurso gubernamental, la legislación antidrogas en México ha servido principalmente para detener y encarcelar a personas cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es “mínimo”, así como para criminalizar a los consumidores.

Basado en una muestra “representativa” obtenida en Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal, el estudio revela que la posesión de mariguana genera el mayor número de sentencias por delitos contra la salud. Le siguen la posesión de cocaína, posesión de cocaína con fines de venta y posesión de mariguana con fines de comercio. En términos de consumo el principal narcótico es la yerba. No figuran las sentencias por delitos como tráfico, suministro, transporte, introducción o extracción de narcóticos del país.

“Vimos que no se detiene a operadores significativos para el negocio, sino consumidores y pequeños narcomenudistas que son fácilmente sustituibles: el último eslabón de la gran cadena que es el narcotráfico”, afirma Hernández.

El estudio de WOLA y TNI revela que en 2009, 75 por ciento de los consignados por tráfico de drogas fueron detenidos con menos de 100 dólares en mercancía. En 25 por ciento de los casos no se llegaba a 18 dólares.

México se ha dedicado a llenar cárceles con delincuentes menores, aseguran WOLA y TNI. Una investigación del King’s College de Londres realizada en 2009 ubicó al país en el sexto lugar mundial en total de población carcelaria: 227 mil 21 presos ese año. Se excedió en 33 por ciento la capacidad de los 433 centros penitenciarios de la república.

El estudio Sistemas sobrecargados denuncia que en México se han incrementado las penas y se han concedido más facultades discrecionales a policías, jueces y agentes del Ministerio Público a costa del derecho fundamental al debido proceso.

“Desafortunadamente la visión que se ha tenido, en particular en los cuatro años de guerra del gobierno de Calderón, es pensar que entre mayor represión, mayores penas, mayor uso de la fuerza, va a tenerse como resultado una reducción de la violencia. Estamos viendo que no es así”, dice Hernández a Proceso.

El sistema de impartición de justicia captura fundamentalmente a pobres y marginados. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aportó el siguiente dato al trabajo que coordinó Ana Paula Hernández: 21 por ciento de los internos nunca fue a la escuela o no completó la primaria.

“Dejaron una sobrepoblación inmensa, principalmente de gente de bajos recursos, personas que no han tenido acceso a un abogado, que han incurrido en delitos menores”, declara la socióloga a este semanario.

El estudio advierte acerca del uso “excesivo” de la prisión preventiva en México: de su población carcelaria en 2009, 93 mil 128 reclusos no habían recibido sentencia. El problema radica en la falta de criterios, explica Hernández. Cualquier acusado por delitos de drogas deberá pasar el proceso en la cárcel “aunque sea inocente”.

El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales indica que todos los delitos relacionados con drogas son graves, excepto la siembra, el cultivo o cosecha de plantas “enervantes” que no tenga por objetivo la producción, suministro, comercio, tráfico, introducción o extracción de narcóticos del país. “Sumado a la burocracia, esto retiene a los infractores menores. Hay personas que sólo deberían cumplir un año de prisión preventiva y terminan cumpliendo cinco o más”.

La situación se agrava debido a la corrupción. Explica la especialista: “Los policías reciben bonos por un mayor número de detenciones o cuotas de consignación que llegan a imponer las procuradurías a los agentes del Ministerio Público”.

De los internos del país, casi 40 por ciento lo están por robos menores o narcomenudeo. El costo de mantener a “presuntos” delincuentes de baja peligrosidad e infractores menores en prisión también es material. Las sanciones “cuestan más” a la sociedad que el daño perpetrado por los acusados. “En ningún momento se dice que estas personas no deben ser llevadas ante la justicia por cometer un ilícito, pero debe asegurarse que las penas sean equivalentes al papel que juegan esas personas en el cáncer del narcotráfico”.

Incluidas en el reporte, investigaciones realizadas en 2007 por Guillermo Zepeda, analista del sistema penal mexicano, revelan que en ese año el costo promedio por recluso en México era de

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