Cepal

Capítulo I

Reseña Histórica

En marzo de 1947, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, procedió a establecer la Comisión Económica para Europa (CEPE) y la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO), con el propósito de ayudar a la reconstrucción económica de las regiones devastadas. Como se desprende de esta resolución, el organismo internacional recién creado privilegiaba el apoyo a las regiones que habían sido escenario de la pasada conflagración mundial.

Por otra parte los países de América consideraban que su peso numérico, ya que para ese momento de los 51 miembros originales de la organización 20 de ellos eran países americanos, por lo que debían reflejarse en la atención que recibieran del ECOSOC para alcanzar los objetivos explícitos de paz y desarrollo.

Ese mismo año en el quinto período de sesiones del ECOSOC, celebrado en Suiza, en la ciudad de Ginebra, el ilustre diplomático chileno Hernán Santa Cruz elaboró y presentó ante este organismo el proyecto de creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), tratándose de una iniciativa en la que se solicitaba la instalación de una comisión encargada de estudiar los problemas del desarrollo económico y social de América Latina. Al mes siguiente, se formó un grupo ad hoc, constituido por Cuba, Chile, China, Estados Unidos, Francia, Líbano, Perú, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela, cuyo informe resumió la situación de desgaste que sufría el aparato productivo de las naciones latinoamericanas a raíz del conflicto armado que sacudió al mundo y apoyó la necesidad de asistir a los gobiernos de la región a fin de impulsar el desarrollo.

Algunos miembros de la comisión, coincidentemente Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, expresaron reservas respecto de la fundación de la nueva agencia. El gobierno del primero de estos países consideraba que se duplicarían las funciones que ya cumplía la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque éste era un foro eminentemente político en cuyo seno ya se había establecido el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), encargado de coordinar las actividades oficiales interamericanas en el campo económico y social.

Merced a una hábil negociación de Santa Cruz, se logró el voto favorable hacia la nueva entidad, basándose en que ésta trataría asuntos globales y no hemisféricos, Estados Unidos sería un miembro activo y la comisión pasaría un período de tres años de prueba. En el transcurso del sexto período de sesiones del mencionado organismo, el 25 de febrero de 1948 se aprobó el establecimiento de esta Comisión por la resolución 106 (VI).

Vale la pena reiterar que entre los europeos que aportaron un apoyo clave a la nueva institución se destacaron el británico David Owen, Secretario General Adjunto a cargo de los asuntos económicos de las Naciones Unidas, y el estadista Pierre Mendes-France, delegado francés en el ECOSOC. Ambos recibieron con simpatía la iniciativa latinoamericana y expresaron que proceder a su creación era una medida legítima.

La referencia que en el primer inciso de la resolución se hace a la guerra tiene su justificación. En efecto, las comisiones económicas para Europa y para Asia y el Lejano Oriente se proponían la reconstrucción económica de los territorios que habían sido escenario del conflicto bélico. En consecuencia, fue imprescindible argumentar que los países de América Latina también atravesaban condiciones de atraso y bajos niveles de vida y que estaban detenidos por la traba que había significado la Segunda Guerra Mundial, en la que habían aportado petróleo, cereales y toda clase de materias primas. Además, las crisis cíclicas de los países desarrollados golpeaban severamente a la región, que había sido aliada importante durante el enfrentamiento. En el intento por superar esa situación e impulsar el desarrollo era legítimo que se emplearan recursos del nuevo organismo internacional recientemente establecido.

Bajo la jurisdicción de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos especializados e instituciones vinculadas con la Organización, que constituyen lo que se denomina el "sistema de organizaciones de las Naciones Unidas".

Las comisiones económicas regionales están subordinadas a la autoridad del ECOSOC, cuya finalidad es formular recomendaciones y orientar las actividades destinadas a estimular el comercio mundial, fomentar el crecimiento económico de los países en desarrollo, asegurar la observancia de los derechos humanos, mejorar la condición de la mujer, acabar con la discriminación contra las minorías, lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la energía, difundir los beneficios de la ciencia y la tecnología, administrar los programas de ayuda de las Naciones Unidas y fomentar la cooperación mundial en esferas como la mejora de la vivienda, la planificación de la familia, o la prevención de la delincuencia. En algunas de estas esferas, los comités y comisiones del Consejo estudian los problemas y le presentan recomendaciones. El Consejo consulta también a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de problemas económicos y sociales.

Actualmente, hay cinco comisiones regionales: Comisión Económica para Europa con sede en Ginebra; Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, con sede en Bangkok; Comisión Económica para África con sede en Addis Abeba; Comisión Económica para Asia Occidental con sede en Bagdad, y Comisión Económica para América Latina y el Caribe con sede en Santiago.

Capítulo II

Datos Generales

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas encargadas de promover el desarrollo económico y social de su respectiva región del mundo. Funciona como un centro de estudio colaborando con los Estados miembros y diversas instituciones locales, nacionales e internacionales en el análisis de los procesos de desarrollo a través de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Con frecuencia las divisiones que realizan dichas tareas de análisis e investigación prestan servicios de asistencia técnica, capacitación e información, según proceda.

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