Corrupcion

SOBORNOS

Cobro de coimas operaba en la Unidad de Protección

Fiscalía capturó al director administrativo. Señalan al secretario general de liderar esa red.

Por: JUSTICIA |

11:28 p.m. | 26 de agosto de 2014

Foto: Archivo particular

Luis Eduardo Molino, director administrativo de la UNP.

En un restaurante del centro comercial Ciprés Plaza, en el norte de Bogotá, la Fiscalía detuvo el viernes pasado al director administrativo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Luis Eduardo Molino Torres, cuando recibía una coima de 10 millones de pesos de la empresa Protección 33.

Según la Fiscalía, Molino había recibido 4 millones de pesos por otro soborno, una semana antes. Él es el primero en ser capturado de un grupo de funcionarios señalados de haber diseñado un plan para defraudar a la entidad estatal.

La investigación dice que se trató de una red criminal que cobraba sobornos para agilizar el pago de servicios a los proveedores y sobrefacturaba transacciones para quedarse con un porcentaje.

Aunque hasta el momento la Fiscalía ha identificado que la red se habría apropiado de unos 600 millones de pesos, el CTI estima que la suma obtenida por sobornos sería mucho mayor.

“Venían con estas prácticas ilegales desde hace dos años y podían estar cobrando a diario entre 4 y 10 millones de pesos por desembolsar facturas”, aseguró Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía.

Los funcionarios fueron denunciados por la Secretaría de Transparencia, que inició un proceso tras recibir una denuncia de un ciudadano, hace casi dos meses. En este caso fue clave la información entregada por empleados de la UNP.

De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, aún no ha sido capturado el secretario general de la UNP, Julián Marulanda Calero, quien sería el líder de la red.

Marulanda fue declarado insubsistente y relevado del cargo, junto con otros funcionarios involucrados. Había llegado a la entidad tras ser asesor y subdirector de gestión humana del Ministerio del Interior. “El secretario general hacía los contratos y disponía de funcionarios para que cobraran las coimas”, aseguró Quintana.

Por su parte, Molino, a quien la Fiscalía le imputó cargos por el delito de concusión (ofrecer o pedir sobornos), según las investigaciones le exigió los 10 millones de pesos a Protección 33 para que la UNP le pagara 2.000 millones de pesos que le debía por servicios de seguridad.

“La red ilegal les cobraba a los particulares con quienes la UNP contrata carros blindados, escoltas y armamentos, para que las facturas que radicaban fueran desembolsadas rápidamente. Los funcionarios cobraban 10 millones al contratista por agilizar el giro del dinero”, explicó Quintana.

Los funcionarios también son señalados de incrementar el monto de servicios y dividirse esa plata con los contratistas.

“Si por un transporte especial de un protegido se paga 600.000 pesos, ellos hacían las facturas por un millón de pesos y se dividían las ganancias”, aseguró Andrés Villamizar, director de la UNP.

La Fiscalía investiga cuáles de las firmas contratistas se prestaron para pagar los sobornos.

El Espectador presenta la radiografía de cada caso:

Caso 10: Agro Ingreso Seguro

Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Monto estimado: $12.700 millones.

Génesis del caso

• Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología.

• Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa “Agro Ingreso Seguro (AIS)”. (Créditos al sector agropecuario)- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. (Se contrataron y pagaron entre otros el diseño, programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el programa AIS; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación; camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros)

Afectación social

Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario.

Principales vinculados

-Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

-Andrés Darío Fernández Acosta, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

-Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Caso 9: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira)

Monto estimado: $64.700 millones.

Génesis del caso

La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones, el reparto de dividendos sobre utilidades brutas sin haber enjugado las pérdidas, además de la realización de inversiones del capital social en el Fondo Proyectar Valores.

Afectación social

El monto correspondiente al 51% de la Empresa de Energía de Pereira es de recursos públicos del municipio

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