DOCUMENTO PIRVADO

Por memorial presentado el 6 de julio de 2010, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante manifiesta que, se encuentra sometido a un procesamiento penal irregular y sometido a una persecución indebida, toda vez que se quebrantó el derecho al debido proceso en la etapa preparatoria, sin que exista evidencia de un único acto investigativo y menos un sólo elemento que vaya a respaldar la acusación Fiscal; sin embargo se persiste en ella.

En la investigación penal que se inició, la Fiscal de Materia Sandra Gutiérrez Salazar, asumió la causa cuando concluyó el término de la etapa preparatoria, emitiendo el 26 de marzo de 2010, una Resolución de sobreseimiento a su favor, pero al ser impugnada por la Roly Eva Morales Paz y Diego Alejandro Iturri Morales y sin ningún fundamento jurídico ni coherencia, el Fiscal de Distrito demandado el 3 de junio del citado año, resolvió revocar la Resolución de sobreseimiento impugnada, disponiendo que en el plazo de diez días se presente la acusación en su contra conforme dispone el art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), omitiendo la debida fundamentación que exige el art. 73 del citado Código, pues es de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el representante del Ministerio Público asume una determinación, no siendo suficiente un enunciado general como ocurre en el caso de la Resolución de revocatoria del sobreseimiento, pues esa ausencia de fundamentación vulnera el debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica, en oposición al derecho a la defensa irrestricto con la que debe contar todo procesado.

La autoridad demandada, mediante la Resolución de revocatoria de 3 de junio de 2010, confirmó y dio legalidad a un procedimiento irregular anómalo, ordenando una acusación fiscal cuando no existe un sólo acto investigativo que permita fundar la acusación, lo cual hace evidente la vulneración a la garantía del debido proceso que ha existido en toda la etapa de investigación, llevando adelante una persecución indebida en su contra, realizando un uso arbitrario y desmedido de la coerción penal.

I.1.2.Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante considera que la autoridad demandada vulneró su derecho a la libertad de locomoción y a la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23,

115, 116, 117, 119, 121.I y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se guarde el derecho al debido proceso y se disponga el cese inmediato de la persecución indebida.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de julio de 2010, según consta en el acta cursante de fs. 203 a 205, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1.Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso el memorial de la acción de libertad, reiterando los fundamentos expuestos en su integridad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

El Fiscal de Distrito demandado a través del informe escrito cursante de fs. 11 a 13, leído en audiencia, señaló que: a) La facultad del Ministerio Público de presentar acusación sea esta solicitada por el titular de la causa o en virtud de una revocatoria de un sobreseimiento, corresponde únicamente al Ministerio Público, sin que tal decisión pueda ser revocada o modificada por un tribunal de garantías constitucionales o por el propio Tribunal Constitucional; b) La valoración de los diferentes elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigación, corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público, al ser el único facultado para emitir el requerimiento conclusivo correspondiente; c) En el caso de la acusación, ésta obedece a un análisis integral

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