Derechos Humanos

ESTADO, PERSONA Y DERECHOS HUMANOS

En los últimos años, cada vez se ha ido prestando más atención al parlamento, la institución del Estado por conducto de la cual los ciudadanos ejercen su derecho, consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal, de participar en el gobierno de su país. Efectivamente, si se desea que los derechos humanos se conviertan en realidad para todos, los parlamentos deben desempeñar plenamente su papel y ejercer con ese fin los poderes específicos que tienen asignados: legislar, aprobar los presupuestos y supervisar la acción del gobierno.

Los derechos humanos son los derechos más fundamentales de la persona. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. La historia de los últimos 250 años ha sido moldeada por los esfuerzos realizados para crear esas condiciones. Comenzando con las revoluciones francesa y americana a finales del siglo XVIII, la idea de los derechos humanos ha inspirado más de un movimiento revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los ciudadanos y control sobre los que ostentan el poder, en particular los gobiernos.

En otras épocas, cuando los derechos humanos aún se consideraban un asunto interno de cada país, se impedía la intromisión de otros Estados y de la comunidad internacional incluso en los casos más graves de violaciones de los derechos humanos, como el genocidio. Esa actitud, que se apoyaba en el argumento de la soberanía nacional, se puso en tela de juicio durante el siglo xx, especialmente en relación con las actuaciones de la Alemania nazi y las atrocidades cometidas durante la segunda guerra mundial. Hoy en día, la promoción y protección de los derechos humanos se consideran un objetivo y una responsabilidad legítimos de la comunidad internacional. No obstante, las discrepancias entre la obligación legal universal y la soberanía del Estado sólo pueden resolverse caso por caso, de conformidad con el principio de proporcionalidad, según el cual ninguna medida adoptada por una autoridad en virtud del concepto de universalidad debe ir más allá de lo necesario para conseguir la observancia de los derechos humanos.

Aunque en principio cualquier persona o grupo puede violar los derechos humanos y de hecho no dejan de aumentar los abusos contra los derechos humanos cometidos con el telón de fondo de la globalización por agentes no pertenecientes al Estado (empresas trasnacionales, delincuencia organizada, terrorismo internacional, guerrilla y fuerzas paramilitares e incluso organizaciones intergubernamentales), en virtud del derecho internacional vigente sólo los Estados asumen obligaciones directas en relación con los derechos humanos.

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