Derechos Humanos

DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Estos derechos son inherentes a la persona humana, así también son inalienables, imprescriptibles.

LAS TRES GENERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Primera generación

Los derechos humanos de primera generación, tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos, y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de primera generación incluyen, entre otras cosas, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión, y el sufragio. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos, y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XIX, y fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y dándole lugar en el derecho internacional en los artículos 3 al 21 de la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Segunda generación

Los derechos humanos de segunda generación están relacionados con la igualdad. Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen el derecho a ser empleados, a la educación, los derechos a vivienda y a la salud, así como la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Comenzaron a ser reconocidos por los gobiernos después de la Primera Guerra Mundial Al igual que los derechos de primera generación, también fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, además, incorporados en los artículos 22 al 27 de la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt propuso una segunda Carta de Derechos, que abarcaba gran parte de este tipo de derechos, en su discurso del Estado de la Unión el 11 de enero de 1944.

Tercera generación

Es el derecho a un medio ambiente sano y libre de problemas. Por su parte, la tercera generación de derechos humanos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario y universal. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones. Este grupo fue promovido a partir de los ochenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Entre otros, destacan los relacionados con:

• El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.

• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos

• El ambiente.

• Los derechos del consumidor.

• El desarrollo que permita una vida digna.

• El libre desarrollo de la personalidad.

HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

El año de 1988,cuando aun era presidente de la República Jaime Lusinchi, culmina con el acostumbrado festín electoral y el duelo que embargaba a un grupo de humildes familias venezolanas de la población El Amparo, Municipio Páez del Estado Apure. En esta región fronteriza de Venezuela fueron masacrados un grupo de 14 pescadores por la las fuerzas del Comando Específico José Antonio Páez. Estos pescadores acusados de guerrilleros colombianos fueron conducidos a una brutal y premeditada masacre, en virtud de la necesidad perentoria del CEJAP de justificar su presupuesto y supervivencia. Este hecho popularmente conocido como la "Masacre de El Amparo" ha sido intensamente cubierto por los medios de comunicación social. Así, comenzaba el año de 1989 con un duelo a cuestas que nuca terminaría y que además tendría que cruzar un largo espacio de tiempo para que en 1995, se dictaminara sentencia a favor de los dos sobrevivientes y de las familias de los caídos en esa masacre, pronunciándose un fallo en el que quedaba esclarecida la inocencia de los presuntos "guerrilleros" y la culpabilidad del teniente coronel Hugo Camejo Arias y los demás militares cómplices.

Esta masacre puso al descubierto la flagrante violación del derecho a la vida y la justicia consagrada en la Constitución Nacional en sus artículos 58, 60 y 68. La carencia de un sistema judicial que garantizara estos derechos llevó a que se introdujera una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano contra Venezuela, la cual falló en 1997 a favor de las víctimas y constituyó el primer juicio internacional contra la impunidad en Venezuela.

En ese año de 1989 se iniciaba el interrumpido y traumático periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez quien, veinte días después de su toma de posesión y de anunciar su "Paquete Económico", enfrentaba una de las peores convulsiones sociales que haya vivido Venezuela después del 23 de enero de 1958. Este "sacudón" como fue posteriormente llamado, fue provocado por la gran cantidad de frustraciones acumuladas por un pueblo que recién había puesto sus esperanzas en un nuevo gobernante que iniciaba su periodo con un anuncio de medidas económicas muy lejano a la tan ansiada mejoría de la calidad de vida.

Esta convulsión social fue diezmada con una incruenta represión policial y militar que ocasionó una gran cantidad de muertos nunca precisada, pues las estadísticas oficiales distaban mucho de las suministradas por Organizaciones No Gubernamentales. Los resultados de la violenta represión fueron posteriormente evidenciándose al descubrirse un número importante de fosas comunes donde yacían los cadáveres de los "desaparecidos", principalmente en el sector conocido como "La Peste" en la ciudad de Caracas, sin considerar los desaparecidos en la provincia.

El gobierno para ese entonces presidido por Carlos Andrés Pérez decidió la suspensión de las garantías constitucionales convirtiendo así, a esta revuelta social, en pasto fértil para la violación del derecho a la vida, a la justicia, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y al amparo entre muchos otros, todos ellos consagrados en nuestra carta magna en los artículos 49,58, 60 y 62.

Se daba inicio este año de 1989 al "Plan de Ajuste Estructural", como comienzo de las más duras políticas neoliberales recetadas por el Fondo Monetario Internacional. Las políticas derivadas de este plan contribuyeron a aumentar la pobreza y aunado a ella la desprotección de la salud con el comienzo de iniciativas privatizadoras y con la tan citada flexibilización laboral, que no es más que el abandono de conquistas laborales con el propósito de seducir a los inversionistas extranjeros con mano de obra barata. Nuevamente nos encontramos ante la violación de los derechos consagrados en la Constitución Nacional en los artículos 76, 84, 85, 86, 87 y 92.

Posteriormente en el año de 1992 el periodo "Carlos Andrés Pérez", tendría que enfrentar dos intentonas golpistas, el 4 de febrero y el 27 de noviembre, en las cuales la brutal represión y violación del derecho a la vida y la justicia no se hicieron esperar nuevamente, lo que además contó con el grito ensordecedor y brutal del parlamentario David Morales Bello quien en el Congreso de la República, es decir en la sede de la máxima institución constitucional y política encargada de legislar en Venezuela, expresó vehementemente "muerte a los golpistas", demasiado ilustrativo del respeto por los derechos humanos que sienten nuestros gobernantes como para hacer mayores comentarios al respecto.

Producto de las intentonas golpistas, se generó una gran persecución cuasi masiva a la población, pues indistintamente de quienes apoyaron o no al movimiento de "insurrectos", la gran mayoría de la población incluyendo ricos y pobres vieron en estos hechos la posibilidad de una salida, aunque violenta, a la profunda crisis social y económica.

En consecuencia, no sin justificadas razones, la actitud paranoica del gobierno no se hizo esperar y durante el periodo 1993-1995, desarrollando actividades persecutorias contra estudiantes y para todos aquellos de quienes el régimen sospechase de pretensiones desestabilizadoras o subversivas, señalándose incluso importantes allanamientos de domicilios y el castigo a la reunión y a la asociación, además de la sostenida prohibición a la manifestación pacífica. Todo ello amparado, al igual que en 1989 durante y después del 27 de febrero, en una nueva suspensión de las garantías constitucionales en especial aquellas referidas a la libertad de tránsito, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, y el derecho a reunión y asociación. Todas ellas consagrados en la Constitución de la República como derechos de los ciudadanos en los artículos 60, 62, 71, 114 y 115.

Finalizando el año de 1995 con nuevas elecciones presidenciales, el país comenzaba a vivir la más grande crisis financiera, como resultado de la discrecionalidad de los banqueros para disponer de los dineros de los cuenta-habientes, al destinar los ahorros de la población a inversiones monetarias que generaron una situación de iliquidez en el sistema financiero provocada por unas altas tasas de interés que frenaron la inversión y por ende la demanda de dinero por parte de los pequeños y grandes inversionistas. Así, una gran cantidad de instituciones bancarias tuvieron que paralizar sus actividades e incluso cerrar sus puertas, generando un cataclismo económico para quienes habían depositado además de su dinero, su confianza. Ello ocasionó que gran cantidad de la población quedara desguarnecida económicamente porque un grupo de irresponsables banqueros abusaron de su poder y del dinero que les era ajeno. Así, la seguridad social, no la que ofrecía el Estado sino, aquella que de manera privada se procuraba la población a través de sus ahorros, quedó a merced de manos nada pulcras.

No conforme con ello, el Estado no solo no castigo a estos banqueros sino, que ya bien entrado el año de 1996 con un nuevo mandatario de Estado, Rafael Caldera Rodríguez, se otorgó una gran cantidad de auxilios financieros al sistema bancario, con el objetivo de que resolviera su crisis de iliquidez, los cuales dramáticamente fueron apropiados por estos "Señores" quienes se radicaron en el extranjero huyendo de la "justicia" venezolana.

Una vez más, la confianza de la población fue violentada y la mayoría de ésta quedó desguarnecida económicamente, es decir la seguridad social y la responsabilidad del Estado por procurar ésta para la población fue burlonamente evadida y pareciera que incluso promovida. De nuevo la Constitución Nacional dormía el "sueño de los justos" en su artículo 18, 19 y 94. Ese mismo año de 1996 se daba inicio a la ejecución de la Agenda Venezuela, suerte de Plan de Ajuste Estructural Carlos Andrecista pero con nuevo y más ligero nombre.

Esta Agenda Venezuela contemplaba una desestatización casi total, es decir, el desmantelamiento a precio de "Gallina Flaca" de las propiedades de la Nación, cuyos ingresos fueron destinados a cubrir las exigencias presupuestarias del déficit fiscal. Así, los indicadores macroeconómicos comenzaron "por si solos" a regir los destinos del país y comenzamos a vender los activos para consumir más gastos.

Los programas sociales compensatorios o paliativos de la pobreza se constituyeron en uno de los ejes fundamentales de este nuevo plan económico por exigencia del Fondo Monetario Internacional, como forma de contener la presión social, pero que estaban muy lejos de contribuir a resolver las causas estructurales de la pobreza.

El tono imperativo, autoritario y descalificador de los personeros gubernamentales ocuparon la palestra pública a través de vehementes discursos; no sería diferente la manera de conducir los asuntos públicos y de manejar la crisis social. Así, cualquier opinión que disintiera de la expresada por el gobierno fue silenciada física o psicológicamente a través de la persecución o de la descalificación pública.

La libertad de expresión fue duramente cercenada a través de actos directos o indirectos, llegando incluso el ministro Petkoff a realizar un llamado a los anunciantes de los medios de comunicación a "ejercer sus derechos " y en consecuencia a no publicar en aquellos medios que fueran adversos a las políticas gubernamentales.

En 1996-1997 quien había sido autor de la reforma de la Ley del Trabajo en años pasados, Rafael Caldera Rodríguez, en la cual se reconocían importantes derechos al trabajador, desarrollaba y finalmente promulgaba una reforma laboral que atentaba contra las prestaciones sociales, adoptándose finalmente un régimen que implicaba la cuasi desaparición de este derecho. Finalmente, en el año 1997 el presidente de nuevo protagonizaba un intento para violentar los derechos consagrados en nuestra carta magna al intentar cercenar la libertad de expresión pretendiendo "legislar" sobre la "información veraz". Propuesta que impulso no solo en el ámbito nacional sino incluso a escala internacional en la "VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno". Para tranquilidad del régimen democrático dicha propuesta no logró la viabilidad social y política de la que requería. En la toma de posesión, del actual presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías convoca al proceso de constituyente para elaborar la nueva Constitución de la República, cumpliendo así con su promesa electoral más difundida. Combinando una consulta dialógica nacional con procesos de referéndum consultivo y aprobatorio, se elabora y aprueba el nuevo marco constitucional para la República Bolivariana de Venezuela.Y fue hasta 1999, luego de varios meses de actividad, la ANC somete a la consideración del pueblo soberano la propuestas de constitución, la cual fue aprobada por medio del voto popular.

DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

En Venezuela toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Así como también en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

MARCO CONSTITUCIONAL

Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder.

A su vez está conformado por las siguientes bases: población, territorio, estructura jurídica y soberanía. La población entra aquí como uno de los elementos más importantes en la formación del Estado; son aquellos grupos de personas que se reúnen en un territorio determinado, instalándose en una comunidad política para crear derechos y obligaciones sobre los demás, creando a su vez el orden jurídico para el mantenimiento del orden dentro de su población. Es bien pues la población la causa que originara el nacimiento del Estado. El Estado podrá dar unidad política y jurídica a varias comunidades nacionales, como lo testimonia la historia, pero no puede ser anterior a ellas. Primero existen el hombre y los grupos comunitarios y sociales que este compone y después la persona jurídica llamada Estado. La justificación que tiene la población para con el Estado es el que le da forma y estructura jurídica y natural a esto, actuando a través de sus diferentes funciones, el Estado generalmente se le define como "la sociedad civil jurídica y políticamente organizada".

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