Descentralización

Introducción.

Costa Rica debido al tamaño de su economía y una recaudación tributaria baja, dispone de recursos muy limitados. A pesar de eso, se ha consolidado un sistema estatal de atención social que cubre, con resultados favorables pero no óptimos ni suficientemente estables y sostenibles, una muy extensa lista de problemas sociales. Las condiciones del contexto actual, que exige alto dinamismo y competitividad productiva y económica, de la mano con un crecimiento demográfico importante y de relaciones sociales cada vez más complejas, presionan el modelo de relación Estado-sociedad, acentuando exigencias en áreas como la infraestructura de transporte, la salud, la seguridad, la educación y el agua, sin asegurar una generación y posible redistribución de recursos acorde a tales demandas. Los indicadores de desarrollo humano del país son positivos, no obstante, persisten disparidades internas y condiciones de vulnerabilidad que reclaman replanteamientos en los modelos de prestación de los servicios públicos, de manera que efectivamente incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Históricamente el régimen municipal ha estado caracterizado por tener un papel secundario frente al Poder Central Estatal. En los últimos años, se ha dado un proceso de maduración de diversas ideas sobre el tema de descentralización y el necesario fortalecimiento de los gobiernos locales. Esto se reafirma con la intención de la Administración 2010- 2014 de crear un ministerio orientado a la descentralización y fortalecimiento de dichos gobiernos locales. En este mismo sentido, en el año 2001 se dio una reforma al artículo 170 de la Constitución Política, donde se dispone el traslado de competencias del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales, pero no fue sino hasta el 28 de abril de 2010 publicada en el Alcance N°7 a la Gaceta N° 85 del 04 de mayo del 2010, que se aprobó la primera de una serie de leyes orientadas a dicho traslado, ley que se denomina Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley número 8801.

El cambio obedece a las necesidades sociales y económicas de desarrollo que demandan los diversos cantones costarricenses, lo que se pretende es un acercamiento de la administración a las necesidades de cada población y la mejor manera de lograr este fin es mediante el empoderamiento de los gobiernos locales.

Para solventar dicha problemática, el legislador optó por crear una nueva figura legal denomina Concejo Municipal. La Constitución Política, en su artículo 170, define el Concejo Municipal como un órgano con autonomía funcional propia, encargado de la administración de sus intereses y servicios y creados, en situaciones calificadas.

El fin de la Ley 8801 es el de aportar las condiciones marco para hacer efectivo lo plasmado en el artículo 170, con la visión

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