Descentralizacion

La descentralización es un proceso de transferencias de competencias y recursos desde la administración central de un Estado hacia las administraciones territoriales, estadales y municipales. El éxito del proceso descentralizador exige como acción previa que los países sean divididos territorialmente en unidades inferiores o menores, a partir de lo cual, las actividades políticas y económicas llevadas a cabo en cada unidad, garanticen autonomía e independencia de las acciones del sector público local. Así, un país se encuentra descentralizado cuando sus administraciones territoriales tienen un conjunto de competencias que requieren al mismo tiempo de disponibilidad oportuna de recursos y de la acción fiscalizadora intergubernamental para lograr la asignación, distribución eficiente y equitativa.

En Venezuela, el proceso de descentralización iniciado en 1989 fue producto de la suma de las oportunidades para la descentralización política y administrativa permitidas por la Constitución de 1961, las cuales se hicieron evidente tras la sanción de la ley sobre elección y remoción de los gobernadores de Estado, y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias del Poder Público. Referido marco legal ha sufrido alteraciones a través del tiempo, dando cabida a los múltiples cambios sociales, económicos y políticos de cada época.

Para el país, ha representado la elección directa de gobernadores y alcaldes; eficiencia en la provisión de servicios públicos (aseo urbano); continuos procesos de rendición de cuenta que incentivan la transparencia en el manejo de los fondos públicos; incremento de la participación de las comunidades en la actividad política; mejor identificación de las necesidades de la población (congestionamiento vial, transporte masivo, entre otras); y el fortalecimiento de la democracia.

La descentralización política territorial, el proceso político constitucional de distribución vertical del Poder del Estado a lo que se le denomina Poder Público entre entidades territoriales autónomas dotadas de gobiernos democráticos propios, es un fenómeno propio del Estado de derecho desde su concepción inicial montado sobre el principio de la limitación del poder, precisamente por su distribución y separación; y además, de las democracias para asegurar la posibilidad de la participación política, es decir, para asegurar que sean participativas.

Descentralización Política

Las formas de organización territorial existentes son el resultado de decisiones tomadas por las instituciones políticas en el marco de los procesos de decisión vigentes. Se trata por tanto de procesos de descentralización territorial o más exactamente de políticas públicas que tienen como propósito descentralizar territorialmente, políticas que pueden darse tanto en Estados unitarios como en Estados federales. El resultado inmediato de cualquier política pública de descentralización es una modificación de la estructura existente, que puede ser más o menos radical según los elementos afectados. Por tanto, en esta acepción de la descentralización se observa tanto la creación de nuevas formas de organización territorial como el aumento de poder de las unidades sub-nacionales existentes.

Uno de los procesos básicos de descentralización política es la definición de la forma básica de organización territorial del Estado federal o unitario y al interior de ellos la conformación de gobiernos territoriales de distinta naturaleza y la definición de sus características básicas. En el primer caso, la organización de un Estado federal podría ser considerada estrictamente como un proceso de descentralización en el caso en el cual se trate de la implantación del federalismo en un estado previamente unitario. En el otro caso, la unión de Estados previamente autónomos, estamos ante un proceso de centralización o de federalismo centralista, dentro de los Estados unitarios, o al interior de los Estados constituyentes de los Estados federales, se pueden producir procesos de creación de niveles inferiores de gobierno.

Un proceso de descentralización puede consistir también en cambiar el reparto de poderes al interior de una estructura existente de entidades territoriales sin modificarla; en este caso se trata de cambiar el número y tamaño de las entidades territoriales, o de aumentar sus poderes de decisión, sus competencias o los recursos disponibles. Obviamente, puede darse un proceso que comprenda tanto la modificación de la estructura como el reparto al interior de los distintos elementos componentes.

La Participación en la Descentralización de Fines De Los Ochenta

Desde mediados de los ochenta, en el marco de vientos neoliberales, el Estado Venezolano crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) con el propósito de diseñar propuestas para la reforma del Estado, producto de lo cual se la Ley de Elección y Remoción de los Gobernadores, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y se reforma la Ley Orgánica del Régimen Municipal, instrumentos legales dirigidos a favorecer el proceso de descentralización como una estrategia para promover la participación y profundizar la democracia y apuntalar a la eficiencia. Se trata de instrumentos legales que afectan a dos niveles subnacionales de gobierno: El estadal y el municipal.

A Nivel Estadal

Un paso importante en materia de participación política tiene lugar cuando se aprueba la elección directa de gobernadores, este proceso ha asignado a los ciudadanos formalmente el derecho de elegir la máxima autoridad del estado, constituye un intento de fortalecimiento de la democracia representativa, lamentablemente sin introducir otros cambios dirigidos a atacar los problemas propios de la representación y de los procesos electorales.

En este proceso que favoreció a las gobernaciones, la posibilidad de participación diferente a la otorgada con la elección de los gobernantes, es limitada formalmente. El Artículo 25 de la Ley de Descentralización establece que en cada Entidad Federal se debe crear un Comité de Planificación y Coordinación, donde podrán participar varios sectores entre ellos las comunidades17, de modo que queda a criterio de los Gobernadores la incorporación de los ciudadanos al proceso de decisiones.

Desde 1990 se inició en casi todas las Asambleas Legislativas de las entidades federales un movimiento destinado a renovar las Constituciones de los Estados a la luz de las Leyes que habían dado inicio al proceso de descentralización. Con diferencias marcadas por las motivaciones políticas de los gobiernos

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