ENRIQUE PEÑA NIETO

Sociedad de derechos y libertades[editar]

Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones administrativas y que las fuerza políticas pactantes impulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos.

• Se crea una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a través del Sistema de Seguridad Social Universal que incorpora la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección, la convergencia de los sistemas públicos de salud para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos, la modificación de las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra, una pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE, seguro de desempleo y seguro de vida para jefas de familia.

• Se crea el Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que elimina el sesgo asistencial, el uso electoral de programas sociales y que garantiza el derecho mínimo fundamental a la alimentación.

• Se fortalece la cultura como elemento de cohesión social mediante la protección y restauración de sitios arqueológicos y monumentos históricos, la renovación de infraestructura cultural (teatros, auditorios, museos, galerías, bibliotecas, etc), la introducción de programas de educación artística en las escuelas, el incremento de estímulos económicos para las artes y el relanzamiento y articulación de los Institutos México en el mundo.

• Se consolidan los derechos humanos a través de un Programa Nacional de Derechos Humanos que establezca una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma en materia de derechos humanos, adicionalmente se crearán las Leyes de Reparación de Daño, Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en materia de expulsión de extranjeros, sobre el uso legítimo de la fuerza pública y se reformarán la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para garantizar la autonomía de los organismos locales de derechos humanos. De igual modo, se promoverá la entrada en vigor de la Ley de Atención a Víctimas. Se crea una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada que se aboque a establecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Se toma como política migratoria la defensa de la decisión de migrar como un derecho humano. Se busca la inclusión de la enseñanza sobre derechos humanos en la educación básica

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