Estudio De La Actividad Económica Y Comercial

En el siguiente Diagnostico se muestra un Estudio Realizado en relación con los distintos artículos que conforman la Actividad Económica y Comercial en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con referencia al Intervencionismo Estatal y las normas que protegen y respaldan al Libre Mercado.

Venezuela ha desarrollado un régimen constitucional y político propio de una sociedad democrática, en la actual Carta Magna, de un Estado social de Derecho y la formulación de una Constitución económica que opta por un modelo de libertad opuesto al de economía dirigida.

No obstante, la Constitución Económica es un noción que proviene del derecho, y hace mención al conjunto de normas de rango constitucional que establecen el marco regulatorio para el desarrollo de la actividad económica, estableciendo las formas de interrelación entre la iniciativa económica de los particulares y la actividad estatal.

Por lo siguiente, la Constitución, es la estructura jurídico-política de un Estado concreto que, a su vez, se integra como momento en la estructura total del Estado y de la Sociedad. Esta noción se refiere no solo a la Carta Magna como cima de un ordenamiento jurídico sino también a la Constitución como una norma de normas. Es decir, consagrada como la norma suprema.

Por lo tanto, dicha Carta Magna contiene un conjunto de postulados que conforman y delimitan la actuación de los órganos del Poder Público, basado en los principios que convergen en tal Constitución: en un primer sentido consagra los principios políticos del régimen democrático venezolano. Consagra de igual manera un conjunto de principios sociales, llamados justicia social, y por ultimo prevé los principios económicos que componen la Constitución Económica.

Seguidamente, la definición que mejor se adecua al intento de explicar tal contenido general de la Constitución Económica viene de la doctrina mercantilista, el cual nos habla de que "la parte de la nueva CE que se ocupa de los aspectos económicos de la vida comunitaria puede ser llamada Constitución económica en sentido formal, a condición de que no se atienda como la constitucionalización directa de un sistema - de un régimen económico – concreto, ni mucho menos, del programa de un gobierno o de un partido, sino como la parte de la Constitución que contiene los derechos que legitiman la actuación de los sujetos económicos, el contenido y límite de estos derechos, la responsabilidad que comporta el ejercicio de la actividad económica, así como las instituciones competentes para establecer la normativa adecuada o las instituciones jurisdiccionales ante las cuales pueden hacerse valer aquellos derechos, reclamar contra su vulneración y hacer efectiva la responsabilidad derivada de un uso obsesivo de aquéllos". También, debe señalarse que la Constitución postula un régimen económico mixto, intermedio entre el sistema capitalista –caracterizado por la intervención del Estado como programador de la economía- y el sistema socialista –en el cual el Estado interviene activamente dentro de la economía.

En consecuencia, se ha discutido -y esta es una discusión de larga data-, sobre si la Constitución es socialista o no. El fracaso del socialismo en diversos países del mundo ha hecho pensar que si nuestra Constitución es socialista seguiremos el mismo camino hacia el fracaso. Es de opinión muy personal, que nuestra Constitución, si bien tiene rasgos de igualdades sociales, no es socialista, pues ella protege y proclama la libre empresa, la iniciativa privada y la propiedad individual de toda clase de bienes –exceptuando el petróleo y las minas, lo cual no es nuevo. Y si bien la Constitución tiene ciertas medidas que pueden ser radicales, esto se debe a que esta es una Constitución nacida en un país en emergencia social, económica y política, igual que nació la Constitución de 1961.

Es por eso que, la noción de economía mixta se caracteriza por la intervención de una pluralidad de sujetos de distinta naturaleza en el mercado económico: el particular, la Empresa y el Estado que interactuan equilibradamente. Por supuesto, en este escenario, el Estado no interviene como un simple coordinador sino como un actor mas. Precisamente la noción de justicia social y la estipulación constitucional de los fines sociales de Estado, configuran a Venezuela como un estado social, al cual le corresponde promover el desarrollo económico para el beneficio de la sociedad. De allí que muchos de los derechos económicos individualmente considerados, estén limitados por una función social.

Entonces, se admite en la actualidad que el Estado intervenga en el contexto económico, bajo el sistema empresarial público siempre y cuando tal actividad se desarrolle en concordancia con la libre iniciativa privada.

En la Constitución, la libre empresa es garantizada en el artículo 112, cuando pide que "Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia...". Este articulo es como un estatuto de las libertades personales. Ofrece un equilibrio entre la iniciativa privada y la libertad de empresa, comercio e industria por un lado y por otro la autoridad del Estado para racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo del País. Esta libertad corresponde conforme a la Constitución a "todos", es decir, a todos los sujetos de derecho y por tanto, no solo a los venezolanos sino también a los extranjeros.

Por su parte, el artículo 113 protege la libre competencia, al establecer que: "No se permitirán monopolios. Se declararan contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad..." En un régimen de monopolio, al ser un mercado cerrado, la administración suele ser costoso pues para no tener perdidas les basta subir los precios. Una forma de combatir los monopolios es ayudando a la libre competencia.

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