Etica Proginal Uno

en el que Honduras ya no figura en la lista de países más problemáticos.

No obstante, en Honduras persiste "la violencia social generalizada", Nicaragua tiene un Ejecutivo "cada vez más autoritario" y en Guatemala la corrupción está muy arraigada en los sectores policial y judicial, sostiene el Departamento de Estado en su informe, enviado hoy al Congreso.

En cuanto a El Salvador, EE.UU. destaca el "alto nivel" de impunidad, al que contribuyen sobre todo las fuerzas de seguridad, mientras que en Costa Rica y Panamá los abusos tienen que ver con las "duras condiciones carcelarias".

HONDURAS

Entre los problemas "más graves" de derechos humanos en Honduras figuran la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema de justicia, lo que lleva a una "impunidad generalizada", según el Gobierno de Estados Unidos.

Además, durante 2013 se registraron homicidios "arbitrarios" cometidos por las fuerzas de seguridad y continuaron los asesinatos de indígenas y trabajadores agrícolas en zonas rurales, incluyendo la región del Bajo Aguán.

El Gobierno hondureño "tomó medidas" para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos, pero "la corrupción, la intimidación y el mal funcionamiento del sistema de justicia" siguen siendo "serios impedimentos" para la protección de los derechos humanos

El informe de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) sobre la evaluación del funcionamiento de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, entregado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Fiscalía General, no deja lugar a duda sobre la situación anárquica y “el pobre desempeño institucional” de esta dependencia especial.

Las conclusiones, recomendaciones y propuestas resultantes de este informe --un trabajo realizado, dicho sea esto de paso, por expertos en la materia independientes--, no dejan lugar a dudas acerca de la falta de transparencia en esa entidad del Estado, sugerente de un elevado nivel de corrupción, que pudiera implicar a todo el organismo del Ministerio Público.

Entre las varias propuestas destaca, por ejemplo, la enfilada a la destitución del fiscal Henry Alvarado, bajo cuyo desempeño, dice el informe: “Se detectó notorios y abundantes señalamientos hacia el fiscal especial y la propia Fiscalía, relacionados con irregularidades, arbitrariedades, abusos de poder, negligencia e intransigencia”.

Ante el conocimiento de esta situación, debidamente documentada, corresponde al Tribunal Superior de Cuentas la acción correspondiente, lo mismo que a las demás instancias relacionadas con la lucha anticorrupción y la afirmación de un proceso de transparencia en la administración pública y en las relaciones entre el sector público

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