Gestion Ambiental

1. Gestión ambiental:

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la implementación.

2. Implicaciones de la gestión ambiental en Venezuela

ASPECTOS NORMATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL EN VENEZUELA

El marco legal ambiental en Venezuela es considerado muy avanzado en términos de sus normas ambientales y de su alcance. La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, dedica todo un capítulo a los derechos ambientales (capitulo IX) en tal sentido en su artículo 127, contempla el derecho y el deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; el Estado tendrá el deber de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; igualmente el Estado venezolano junto con la activa participación de la sociedad civil, deben garantizar un ambiente libre de contaminación y la protección especial de los recursos naturales.

Por otra parte, la Constitución en el artículo 107 establece que la educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, así como en la educación ciudadana no formal. Este artículo formaliza la universalidad de la educación ambiental, debido a que se especifica como sujeto a ser educado ambientalmente, no sólo a los participantes del sistema escolarizado, sino a todos los venezolanos de toda condición y en todas las circunstancias de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, la nueva doctrina constitucional promueve y establece la participación ciudadana como política de estado en todos los ámbitos sociales y en especial en el de la gestión ambiental.

Otro aspecto de interés en la nueva Constitución es que asume los principios del desarrollo sustentable, al respecto los artículos 128 y 326 establecen que las políticas de ordenamiento del territorio y los principios de seguridad de la Nación estarán orientados por los principios del desarrollo sustentable. El mandato constitucional exige definir políticas institucionales que establezcan pautas claras para la implementación de procesos educativos y de participación, así como la integración de un enfoque de sustentabilidad en todas las acciones que conforman la gestión ambiental de la nación.

Es importante destacar que la constitución en su artículo 129 establece la obligación de efectuar un estudio de impacto ambiental y socio cultural a todas aquellas actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas, igualmente establece la obligación del Estado venezolano de impedir la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. En este mismo artículo se prevé la obligación, en los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y en los permisos que se otorguen que afecten los recursos naturales, de considerar incluida aun cuando no estuviese expresa, la conservación del equilibrio ecológico, permitir el acceso a la tecnología y la trasferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la Ley.

A lo largo del texto constitucional la variable ambiental se incluye en aspectos como la soberanía nacional, la política fronteriza, los hábitats indígenas, el régimen socioeconómico de la nación, y los estados de excepción, de lo cual se deduce que la materia ambiental constituye un eje transversal que debe ser considerado en las acciones de progreso de la nación bajo el enfoque del desarrollo sustentable.

Ahora bien, Venezuela cuenta con una legislación marco en materia de protección ambiental bien sistematizada, que incluye aspectos civiles, administrativos y penales, incluyendo los tratados internacionales, igualmente existe legislación sectorial en otras áreas relevantes para el desarrollo del país que contiene regulaciones en materia de protección ambiental. Razones por las cuales el marco jurídico ambiental venezolano se puede clasificar en áreas temáticas. En este sentido, a continuación se presentan las áreas en las que se puede agrupar la normativa ambiental venezolana, a saber:

1.- Ambiente General.

2.- Calidad Ambiental: Aire, Agua, Suelo, Materiales y Desechos Peligrosos, Desechos No Peligrosos y Ruido.

3.- Recursos Naturales: Diversidad Biológica, Recursos Forestales y Fauna Silvestre.

4.- Áreas Naturales Protegidas y Parques de Recreación.

5.- Planificación y Ordenación Ambiental: Ordenación del Territorio y Urbanística, planes ambientales y de desarrollo nacionales, regionales y locales.

6.- Control de Ejecución de Obras y Actividades: Control de Ejecución de Obras, zonas Costeras/Espacios Acuáticos e Insulares, Puertos y Marinas, Pesca y Acuicultura, Hidrocarburos y Tierras y Desarrollo Agrario.

7.- Vigilancia y Control Ambiental: Guardería Ambiental, Permisiones, Prevención y Control de Incendios Forestales.

8.- Seguridad y Salud.

9.- Educación Ambiental, Organización del Poder Popular y Participación Ciudadana.

10.- Tratados y Convenios Internacionales.

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