IMPACTO SISTEMA PENAL DE INFANCIA Y ADOLECENCIA

ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO POR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 177 Y 178 DE LA LEY 1098 DE 2006, EN LA CIUDAD DE PEREIRA, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/01/2010 AL 1/01/2013.

CÁRDENAS SALDARRIAGA ANDREA

CASTAÑO CARDONA CLAUDIA

COLORADO AMAYA CRISTIAN DAVID

AGUDELO ÁLVAREZ LUBIAN ANDRÉS

DRA. PAULA MAZUERA AYALA

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

FACULTAD DE DERECHO TERCER AÑO

INVESTIGACIÓN III

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONTENIDO

1. Título

2. Planteamiento del problema

3. Justificación

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

4.2. Objetivos Específicos

5. Marcos de Referencia

5.1. Estado del Arte

5.2. Marco Teórico

5.3. Marco Conceptual

5.4. Marco Jurídico

6. Diseño Metologico

6.1. Tipo de investigación

6.2. Enfoque Epistemológico de Investigación

6.3. Método

6.4. Fuentes de recolección de la información

6.5. Técnicas de análisis de la información

7. Cronograma

8. Presupuesto

9. Personal investigativo

10. Resultados e impactos esperados

BIBLIOGRAFIA

1. TÍTULO

Análisis del impacto generado por las sanciones establecidas en los Artículos 177 y 178 de la Ley 1098 de 2006 en la ciudad de Pereira, dentro del periodo comprendido entre el 1/01/2010 al 1/01/2013.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El artículo Primero de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, y en su Artículo 13° consagra que las personas que se encuentran en situación de debilidad o que no están en igualdad de condiciones, deben recibir un trato preferencial, y es claro, que en el caso de los niños, niñas y adolescentes se presentan las dos condiciones, situación ésta que los hace merecedores de una especial protección por parte de su núcleo familiar, comunitario y finalmente del Estado, que realiza esta labor a través de las autoridades correspondientes.

Todos estos cambios con respecto al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, obedecieron al reconocimiento de Pactos Internacionales, que fueron introducidos por la Constitución Política de 1991.

Sin embargo, la problemática socio-económica, que abarca no sólo el aspecto del desempleo y la falta de educación, sino también la violencia intrafamiliar enfocada en los infantes; el aumento en la comisión de conductas punibles entre los jóvenes; el creciente ingreso de menores de edad a bandas delincuenciales y grupos armados; son algunas de las razones que hicieron que se diera un vuelco en cuanto a la forma en que eran percibidos ante la ley, y por tanto un cambio o evolución de las leyes que los amparaban.

Fenómeno que generó que la anterior normativa, como el Código del Menor de 1989, fuera reemplazada por la Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, que en teoría, determinó el reconocimiento de una serie de derechos, pero también de obligaciones, a través de la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que es “El conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años, y cuya finalidad es establecer medidas de carácter pedagógico, privilegiando el interés superior del niño y garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”

En cuanto a las normas internacionales se pueden citar, entre otras, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como “Reglas de Beijing”, las cuales, por provenir de un tratado internacional sobre derechos humanos, son de obligatorio cumplimiento, y describen al menor como: “Todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto” . Así mismo, precisa al menor infractor como: “Todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de uno” .

Sin embargo, dada la nueva legislación en materia de infancia y adolescencia, el problema de criminalidad por parte de menores de edad sigue haciéndose presente, razones que han conducido a constantes críticas a la implementación y funcionamiento de la Ley 1098 de 2006, para la que muchos aducen que presenta vacíos en los cuales los menores se escudan para seguir delinquiendo. En efecto, y dado que no es bueno asumir las opiniones e intuiciones de la sociedad como ciertas, sino que es conveniente aventurarse en el terreno de la investigación para corroborarlas o mostrar su falsedad, se hace importante indagar, con el rigor que investigar implica, acerca del siguiente problema, y en aras de arrojar luces sobre el mismo:

¿Las sanciones establecidas en los Artículos 177 y 178 de la Ley 1098 de 2006 del Código de la Infancia y la Adolescencia, han logrado tener un impacto positivo en la ciudad de Pereira en lo correspondiente a la reducción de los índices de delito cometidos por menores de edad, y por qué?

3. JUSTIFICACIÓN

Abordar el tema de la violencia en Colombia es un fenómeno complejo, en el sentido que concurren diferentes factores como los sociales, económicos, culturales y políticos, y estos afectan a cada persona, tanto individual como colectivamente.

La violencia se caracteriza por el predomino intencionado de la fuerza para la consecución de determinados fines, produciendo situaciones de imposición, intimidación, perjuicios y daños a quienes las sufren, así como deterioro de las relaciones y condiciones de bienestar de los involucrados.

Debido a esa multiplicidad y complejidad, tanto de los contextos, tipos y generadores de violencia, y al constante cambio en su dinámica e intensidad, resulta muy difícil plantear soluciones que generen un cambio dramático, duradero y eficaz. Sin embargo, la normativa del Estado juega un papel decisivo en este problema, pues dependiendo de la comprensión que esta haga de la violencia tanto como de las personas que en ella incurren, y de las leyes y normas que plantee para tales efectos, puede contrarrestarse o no de una manera efectiva.

Al respecto, dentro de este tema entran en juego los diferentes tipos de delitos e índices de criminalidad que generan los menores de edad, para los cuales, dadas sus condiciones diferenciadas dentro de la ley nacional por el tema de no gozar de mayoría de edad y las implicaciones que ello genera, tienen un trato especial frente a la norma. Razón que ha conducido a que muchos adultos recurran a servirse de niños y jóvenes para que incurran en delitos, panorama que ha acrecentado en los últimos años el aumento, por ejemplo, de homicidios en manos de menores de edad.

Este factor no puede pasar desapercibido, más aún ante una sociedad que ve en los niños y jóvenes el presente y futuro de la nación, y por ello debe ser constante foco de análisis, incluyendo el de corte jurídico, pues aquí las leyes que se generen en el tema de menores infractores, tiene una incidencia importante sobre el problema.

De ahí que cualquier investigación que se instaure dentro de este terreno y problemática, se hace más que relevante y necesaria, más aún si aborda un análisis de la incidencia e impacto real que genera la norma en materia de menores que incurren en actos delictivos.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto que han tenido las sanciones establecidas en los Artículos 177 y 178 de la Ley 1098 de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia en la ciudad de Pereira, en lo correspondiente a la reducción de los niveles de criminalidad cometidos por menores de edad.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Señalar qué avances, presenta la Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia actual, con respecto a la normativa que anterior a ella había tenido vigencia (Código del Menor - Decreto 2737 de 1989).

2. Evaluar, a la luz de las cifras presentadas por los entes competentes de Pereira en materia de menores infractores (ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Marceliano Ossa, entre otros), el impacto que la Ley 1098 de 2006 ha generado en Pereira.

3. Determinar si se han incrementado o disminuido los delitos cometidos por los menores infractores durante el periodo comprendido entre el 1/01/2010 y el 1/01/2013, especificando cuántos de ellos han reincidido.

5. MARCOS DE REFERENCIA

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