INSTITUCIONALIDAD DISFUNCIONAL Y AUTORECLUSION SOCIAL

INSTITUCIONALIDAD DISFUNCIONAL Y AUTORECLUSION SOCIAL

FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN BOLIVIA

Joaquín Saravia Calderón

Docente. Universidad Mayor de San Andrés

La Paz - Bolivia

Introducción

¿Vale la pena realizar investigaciones académicas sobre inseguridad ciudadana? ¿Tiene alguna utilidad la realización de estudios sobre inseguridad ciudadana? ¿Acaso los estudios ayudan a resolver el problema de la inseguridad ciudadana? Comenzamos con esas preguntas el desarrollo del presente artículo a raíz del escepticismo de algunos profesionales, periodistas y ciudadanos bolivianos que acuden a la evidencia de la observación cotidiana o experiencia directa para justificar la prescindencia de estudios y demandar más bien acciones institucionales prácticas.

Paralela a aquella apreciación se plantean soluciones basadas en el sentido común encaminadas al incremento de efectivos policiales y al endurecimiento de sanciones para los infractores de la ley. Socialmente es la posición más compartida y generalizada. La creciente amenaza del delito percibida por la población, a la que se suma la resonancia ocasionada por los medios de comunicación, han hecho que el delito sea visto como un problema por sí mismo, tan inobjetable -se dice- que no hace falta diagnósticos para darse cuenta de su evidencia.

Curiosamente, el reclamo social de urgentes medidas de intervención institucional no tiene relación con una apropiada y suficiente cantidad de estudios serios y planificados. La Encuesta Internacional a Víctimas del Delito, tan difundida en varios países del mundo, aún no ha podido ser aplicada en su integridad en Bolivia. Cabe destacar que la misma constituye un ambicioso instrumento para un gran número de países por su metodología común y porque permite la recopilación de información sistemática y estandarizada. En nuestro país una de las primeras encuestas de cobertura nacional fue ejecutada por el PNUD en el 2006 donde se tocó algunos tópicos de la inseguridad ciudadana. En este mismo periodo se registraron otros trabajos, aunque como estudios de caso, insuficientes todavía para transformarse en instrumentos de monitoreo.

Los vacios sobre el tema genera licencias de todo gusto sobre las acepciones conceptuales ligadas a la inseguridad ciudadana, entendida muchas veces como sinónimo de seguridad ciudadana o delincuencia. En Bolivia el apelativo de seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana fue entronizado bajo el actual gobierno de Evo Morales, ¿significa esto que antes del mismo no existía la inseguridad ciudadana como problema social? De ninguna manera, sólo que el denominativo corrientemente utilizado era delincuencia, su reemplazo por el mencionado apelativo obedeció a la internación al país de materiales de carácter académico y técnico promovidos por organismos internacionales y por el intercambio de información con otros países.

Ahora bien, por más que buena parte de la población boliviana y autoridades basan su opinión en la evidencia de los hechos y en la adopción de medidas drásticas, aquí se insistirá en el valor del conocimiento basado en la investigación y reflexión, además ya se conocen los resultados de aquellas medidas que presentadas inicialmente como soluciones en otros países no han logrado solucionar ni reducir el problema, razón por la que persisten las preguntas sin respuestas que no pueden ser salvadas sino por el esfuerzo de la investigación

El presente análisis sume un enfoque integral que va más allá de las visiones policiales, normativistas o de sentido común sobre la seguridad ciudadana. Como dice Bernardo Kliksberg , “El abordaje de sentido común de la seguridad ha llevado a los gobiernos de los países de la región a cometer grandes errores en sus políticas de seguridad” . Para operativizar aquel enfoque se tratará a los diferentes factores inmiscuidos de manera directa e indirecta en el tema; para ello se hará uso de los resultados de una encuesta sobre inseguridad ciudadana aplicada el 2011 en todo el territorio boliviano con la finalidad de ilustrar el análisis y se matizará el trabajo con material hemerográfico, que a fin de cuentas viene a ser un interesante termómetro social de medición.

1. Evolución de la inseguridad ciudadana

Sin lugar a dudas, la criminalidad en este momento forma parte ya de la reproducción social y del imaginario colectivo boliviano en forma superlativa no sólo por su extensión sino por su diversificación. Con ella, el miedo se ha incrustado en la vida cotidiana de las personas y ha alterado hábitos urbanos de conducta. ¿Pero cuál es el estado, nivel y tipo de criminalidad de nuestro país con respecto a otros? ¿Cómo determinar si nuestra situación de criminalidad se encuentra –como diría Durkheim- dentro los marcos de la “normalidad”? Algunos datos utilizados comparativamente permitirán saber esa situación.

Una primera comparación de hace pocos años sobre el índice de criminalidad toma en cuenta a los países de América Latina y otros pertenecientes a Europa. En países latinoamericanos el índice de criminalidad alcanza al 25.1 por cada 100.000 habitantes al año, mientras que en países como Noruega, Dinamarca, Suecia y Canada al 0.9 a 2.2 . Obviamente, Bolivia se halla dentro de esa relación, puesto que forma parte de América Latina.

Aunque aquel dato es llamativo, su valor se incrementa más cuando se estima sus implicaciones expresadas en costos tangibles (pérdidas económicas y de vida) y los costos intangibles (miedo, terror y deterioro de la calidad de vida) que aumentaron en América Latina y que refieren a sus condiciones sociales de vida No podía ser de otra forma, porque si se tuviera que tomar en cuenta, comparativamente también, los indicadores socio-económicos de los países citados, saltaría a la vista las distancias que separan a ambas realidades y se expresan en los polos opuestos de pobreza-riqueza, determinantes en el ritmo y nivel de la criminalidad.

En lo que hace al tema de la delincuencia latinoamericana, diversos estudios demostraron reiterativamente la enorme preocupación sentida por la población y la prioridad declarada por los gobiernos con miras a combatirla. Ya el latinobarómetro de 1995 señalaba que algo menos del 80% de sus ciudadanos consideraban que la delincuencia había aumentado, a finales del 2001 quienes pensaban así sobrepasaban el 95%. Pero también el delito objetivo se había

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