Injusticia En La Democracia

Un país sin justicia es un país sin democracia. En México, el Estado de derecho está fracturado, por una ineficaz y nada expedita impartición de la justicia, que es la que ha permitido, en última instancia, que el tejido social se esté resquebrajando, y que fenómenos como la delincuencia organizada avancen sin control.

No sólo es la atávica corrupción la que corroe las entrañas de nuestro sistema judicial, sino la ineficiencia de sus procedimientos y la inhabilidad de sus impartidores. Esto da como resultado que la posibilidad de que un delito sea castigado es mínima, la impuniad reine y el estímulo a la criminalidad sea enorme.

Por eso, si en verdad se quiere atajar la violencia de las bandas del crimen organizado en el país, no basta sólo con aumentar la capacidad de fuego de las policías y los militares —visión muy limitada del fenómeno—, sino fundamentalmente hacer que sirva el sistema judicial, para desincentivar las acciones delictivas y encarecer la comisión de los delitos al aumentar las probabilidades de que se castigue al infractor.

Los errores procesales son enormes, aun en el caso de que los presuntos delincuentes sean detenidos. De acuerdo con la encuesta 2009 del CIDE en centros penitenciarios, 94% de los internos nunca vio la orden de aprehensión al momento de ser capturados; uno de cada dos detenidos no tuvo un abogado (o persona de confianza) cuando hizo su declaración; 80% de los detenidos nunca pudo hablar con el juez; 60% de los internos que tuvo un abogado de oficio, lo cambió porque sintió que no hizo nada para defenderlo; casi 70% de los acusados no fue informado de su derecho a hacer una llamada telefónica; 72% no fue enterado de su derecho a no declarar.

Alrededor de 42% de todas las personas que están en las cárceles de México son legalmente inocentes, es decir, no han recibido sentencia.

La reforma penal de 2008 estableció la presunción de inocencia, la oralidad de juicios, la transparencia en los juzgados y otras medidas. Todo lo cual de poco sirve si los gobiernos y el Poder Judicial no llevan las reformas a la práctica. La Constitución da un plazo de ocho años para lograr cambiar el sistema judicial; van casi tres y los resultados no son perceptibles.

Sin buenas policías, ministerios públicos y tribunales profesionales no hay estado de derecho posible y sin éste tampoco hay democracia. Ojalá los escándalos y las tragedias sirvan al menos para sembrar entre los funcionarios el sentido de urgencia que requiere la transformación del sistema de justicia.

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