LA REFORMA EDUCATIVA QUE CHILE NECESITA

LA REFORMA EDUCATIVA QUE CHILE NECESITA

Educación 2020

SIETE PRINCIPIOS BÁSICOS

1. La educación es un derecho fundamental, no sólo por el valor que entraña en sí misma, sino porque es la base para una sociedad más justa, democrática y participativa.

2. El Estado debe ser proveedor y garante de una educación de calidad, que asegure el aprendizaje integral de saberes y habilidades, desde los primeros años de vida hasta la educación superior. La educación es un bien social y el Estado no puede desentenderse de velar para que sea recibida por todos los niños y jóvenes de nuestro país. El Estado debe asimismo asegurar transparencia, regular e inducir a la colaboración dentro del sistema educativo.

3. La educación constituye un espacio de colaboración e integración entre alumnos, profesores, comunidades de aprendizaje, escuelas y sostenedores, y por ende no es un producto industrial o mercancía. No se pueden seguir sosteniendo políticas educativas en función de una oferta opaca y asimétrica respecto al “consumidor”, palabra que no refleja la multi-dimensionalidad valórica de la educación. Tampoco es sostenible un modelo educativo con los intolerables y ofensivos niveles de segregación social de los jardines infantiles, escuelas e instituciones de educación superior del país. Este no es sólo un problema educativo, es un problema ético que además afecta la cohesión social de nuestra nación.

4. La Educación Pública debe establecer el estándar cultural y ciudadano al que aspiramos como país de manera integrada, y debe ser la base de la cohesión e integración social. Esto requiere una Educación Pública fortalecida y con una sólida presencia desde el nivel parvulario al superior. Esta es la esencia de un proyecto republicano que debe respetarse, sustentado en los acuerdos básicos que como sociedad hemos definido: una educación de calidad, laica e integradora.

5. Nuestro país tiene un sistema mixto de educación, donde coexisten colegios públicos, particulares subvencionados y particulares pagados. El Estado tiene el deber de establecer un marco regulatorio que asegure el derecho de cada familia a escoger un proyecto educativo para sus hijos –independiente de su condición socioeconómica– velando por su calidad y salvaguardando que estos sean acordes a los objetivos y programas que el país ha definido.

6. No da lo mismo un país con una educación socialmente segregada que uno donde sus niños comparten en el aula, conociéndose y respetando sus diferencias. Chile tiene pésimos indicadores a nivel mundial en materia de desconfianza entre sus ciudadanos, peores que el promedio latinoamericano, y hay una creciente evidencia de la relación entre segregación y desconfianza.

7. La calidad de la educación

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