LAS TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES

LAS TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES

Hasta la década de los ochenta, en la mayoría de los países latinoamericanos las transferencias fiscales de los gobiernos centrales hacia los gobiernos locales eran en pequeña escala, con base en criterios discrecionales y sujetas a variaciones repentinas. Los criterios para la distribución de las transferencias entre municipalidades estuvieron envueltos en la obscuridad legal, con el fin de enmascarar la prevalecencia del clientelismo. Como resultado de ello, tales distribuciones fueron consideradas más como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno central que como un derecho jurídico de los gobiernos locales. Estos arreglos arbitrarios inhibieron enormemente la planeación ordenada de los servicios públicos locales porque las autoridades municipales no tenían forma de pronosticar el total de recursos que tendrían a su disposición. En muchos países, especialmente en Argentina y Ecuador, estas transferencias funcionaron como donaciones con el sencillo objetivo de cubrir los déficit presupuestales municipales. El nivel exacto de las transferencias usualmente se alcanzaba como resultado de amargas y prolongadas negociaciones entre los gobiernos locales y el nivel central.

Existía en algunos países, antes de los ochenta, un sistema de transferencias basado en la distribución de parte de los ingresos de los impuestos recolectados centralmente. En teoría, este arreglo tenía la ventaja que el gobierno local podía tener acceso a fuentes substanciales y elásticas de ingreso sin el riesgo de las arbitrariedades asociadas con el financiamiento a través de mecanismos clientelares. En la práctica, sin embargo, estas transferencias fueron frecuentemente derivadas de la recaudación de impuestos nacionales específicos, la cual provenía de la volátil exportación de productos primarios tales como petróleo (en Ecuador) y café (en El Salvador); y los fondos fueron distribuidos preferentemente con base en su origen (v.g. para las municipalidades ricas en estos recursos).

Durante los años sesenta y setenta, se notó una curiosa complicidad entre el gobierno central y los gobiernos locales que estimuló a las municipalidades a incrementar su dependencia de las transferencias fiscales del gobierno central. A pesar de su apoyo teórico a favor de la autonomía local, las autoridades municipales frecuentemente prefirieron aparecer ante su propio electorado como redistribuidores del gasto del gobierno central, regateando por una mayor proporción del gasto público, más que como recolectores o administradores de los impuestos locales (los cuales pueden generar oposición entre los contribuyentes y también estimular mayor interés ciudadano en monitorear el uso de los impuestos recolectados localmente). Los políticos del gobierno central también prefirieron este arreglo porque les permitió mantener algún control financiero sobre los gobiernos

...