LEGISLACION AMBIENTAL DEL ECUADOR

LEGISLACION AMBIENTAL ECUATORIANA

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.

Para estudiar la Legislación Ambiental Ecuatoriana, necesariamente hay que partir de un estudio de las fuentes del Derecho Ambiental Internacional, de los principios que nacieron de los tratados, protocolos, convenciones, y de cómo los estados comprometidos con ellos, hicieron posible, a través de sus constituciones, la conformación de un cuerpo legal que proteja los Derechos de la Naturaleza.

Desde el año 1999, se vislumbra en la Constitución un interés en los temas ambientales, que se va plasmando en la Ley de Gestión Ambiental, más tarde en TULA hoy TULSMA que es el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente donde se reúne todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales.

El paso más decisivo en esta materia se da en la Constitución del 2008, donde por primera vez se reconocen los Derechos de la Naturaleza y se crean instancias para resolver los problemas ambientales: administrativa, judicial, internacional. En la vía judicial a más de la civil y de la penal se establecen las Vías Constitucionales como: la Acción de Protección, Acción de habeas Corpus, Acción de Acceso a la Información Pública, Acción de Habeas Data, Acción por Incumplimiento y Acción Extraordinaria de Protección. Entre éstas, la Vía de Protección es la más directa y rápida cuando como personas naturales sabemos que algún proyecto atenta contra el ambiente.

El reconocimiento internacional a nuestra Constitución de pionera en materia ambiental debe llenarnos de orgullo, no así el manejo interno que se da a los procesos que se deben seguir para otorgar los permisos ambientales, o suscribir contratos, de igual forma a las garantías constitucionales interpuestas por una persona o comunidad afectada por alguna obra, actividad o proyecto.

Específicamente en nuestro país tenemos un cúmulo de leyes que son la base y rigen el comportamiento de las acciones ambientales y la protección de la naturaleza en nuestro país.

El estado Ecuatoriano garantiza y proclama a través de la Constitución la igualdad, el equilibrio, la paz y con ello el progreso del país; de estos preceptos se derivan todas las leyes para el cumplimiento de derechos y obligaciones, logrando beneficios mutuos y siempre pensado en dejar un legado fuerte y soberano para las futuras generaciones. Así, contamos con distintas leyes, las mismas que cumplen un determinado propósito y que las hemos tomado como referencial en este estudio:

Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado esto implica tanto la preservación de la vida, como garantizar este derecho, a las futuras descendencias. Sin embargo, su contenido es integral lo que implica no únicamente el desarrollo biológico en forma aislada, sino el desarrollo biológico en perfecta concordancia con el entorno, como lo refiere en la ley y que textualmente dice:

TITULO I

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del Desarrollo

Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro" del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

TITULO II

DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

CAPITULO I

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo Sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la

República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos.

CAPITULO II

DE

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