Las Trampas de la Justicia

Las Trampas de la Justicia

 El juicio de fondo  del caso Odebretch demuestra que la justicia dominicana está estructurada sobre bases débiles, fáciles de burlar para quienes cuentan con los medios, el poder político y el capital para hacerlo.

Las audiencias, como muchas otras que ocurren a diario en los Palacios de Justicia del país, han caído en el círculo vicioso de las apelaciones y aplazamientos que solo aletargan el conocimiento del debido proceso.

En esta ocasión, nos referimos a las recusaciones que la defensa del abogado del imputado Víctor Díaz Rúa, ha solicitado contra los jueces Frank Soto, Francisco Jérez Mena, Vanessa Acosta y Napoleón Estévez Lavandier, por haber presenciado otras etapas del caso, como las apelaciones de medida de coerción y oposición. La defensa tuvo la desfachatez, inclusive, de recusar contra el propio presidente de la Suprema Corte por su presunta vinculación con la campaña del senador de Tommy Galán en 2016, vinculaciones carentes de pruebas que la Suprema hizo bien en rechazar.

Bien saben nuestros juristas que las cartas que juegan los abogados defensores persiguen que la sentencia se conozca en otro día, en otra semana, en otro mes y en otro año; hasta que concluya el periodo de extinción del caso, que según nuestro Código Procesal Penal (CPP) ninguna imputación puede conocerse en los tribunales más allá de cuatro años.

Si un caso se extingue, el mismo se cerrará a favor de los imputados, pues se alegará la incapacidad del Ministerio Público para presentar sus pruebas en los plazos correspondientes, y como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, los poquísimos peces que logramos atrapar se soltarán de la red, y la impunidad seguirá perpetuándose en todas las instancias del poder del Estado.

Esperamos que la Suprema Corte de Justicia actúe con tenacidad, discernimiento y firmeza para evadir las artimañas de quienes juegan con los plazos burocráticos que limitan la poca actuación de nuestras leyes. Si el Ministerio Público no ha sido lo suficientemente sagaz para profundizar y documentar las vinculaciones de los imputados con los sobornos de Odebretch, queda a manos de la Suprema la responsabilidad de velar, al menos, por el cumplimiento del debido proceso en los plazos que corresponde.

Exhortamos también a las autoridades correspondientes, que las apelaciones y los aplazamientos de la lectura de la sentencia sirvan de ejemplo para exigir a nuestros legisladores un cambio radical en nuestras leyes, para que reduzcan las formalidades y alarguen el tiempo de extinción de los casos, para asegurar un verdadero sistema de justicia e investigaciones profundas que dejen a la ciudadanía satisfecha de que sin importar los resultados, el Estado indagó hasta las últimas consecuencias.

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