Legalidad Administrativa

Legalidad Administrativa

En su planteamiento original, conforme al principio de legalidad, la Administración pública no podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Ello obedecía a una interpretación estricta del principio de la separación de poderes originado en la Revolución francesa.

Esta tarea de ejecución, a poco andar, llegó a ser interpretada como una función de realización de fines públicos en virtud de la autonomía subjetiva de la Administración, pero dentro de los límites de la ley (doctrina de la vinculación negativa). La ley sería entonces un límite externo a la actividad administrativa, dentro de cuyo marco la Administración es libre. El Estado sólo puede hacer o dejar de hacer lo que la ley le permita y mande, o sea que nada queda a su libre albedrío.

Actualmente, en cambio, se considera que es el Derecho el que condiciona y determina, de manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una previsión normativa actual. El principio de legalidad opera entonces como una cobertura legal previa de toda potestad: cuando la Administra con ella, su actuación es legítima (doctrina de la vinculación positiva).1

Otro principio importante es el de jurídicidad, el autor Castillo Gonzalez define este principio como: “Toda actividad y decisión administrativa debe someterse a la ley y a los principios jurídicos, incluida la doctrina.” . “Las actividades y las decisiones administrativas deben someterse al derecho en el entendido de que el “derecho” comprende la ley, la doctrina y los principios jurídicos.” Agrega que la juridicidad es necesaria porque elimina el empleo de la discrecionalidad y de la fuerza.35

El autor Dromi escribe sobre la jurídicidad administrativa: La jurídicidad importa también ciertas garantías a favor de los administrados. La eficacia de la gestión administrativa, por meritoria que sea, no debe dejar de respetar los derechos y libertades de los particulares, que actúan como frenos, límites y controles de la actividad administrativa.36

Como el principio de legalidad puede ser excedido por la administración pública, es natural que hayan sido previstos los medios para que en esos casos pueda ser restablecido, asegurando su supremacía. La misma administración tiene un interés evidente en el mantenimiento de la legitimidad de sus actos y decisiones, y de ahí que las vías recursivas que ante ella puedan plantearse -los recursos administrativos-sean comúnmente utilizadas para obtener la vigencia del principio de legalidad, procurando la revisión del accionar administrativo que se haya apartado de él. Frente a los actos y decisiones de la administración, esos órganos jurisdiccionales pueden abocarse a examinar su legalidad, verificando si se han ajustado al derecho.

El principio de legalidad administrativa,

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