Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al Terrorismo ("LOCDOFT")

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("LOCDOFT")

En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 la nueva Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("LOCDOFT" ). Dicha ley deroga a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada ("LOCDO"), publicada en Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005.

El objeto de la presente Ley es prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Entre los cambios de mayor trascendencia, en contraste con la normativa derogada (LOCDO), encontramos los siguientes:

I Se definen como sujetos obligados en la aplicación de esta Ley a todas las personas naturales y jurídicas, ya sean públicas o privadas, así como también los órganos o entes de control y tutela, específicamente:

1. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.

2. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.

3. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.

4. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.

5. Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.

6. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.

7. Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular.

8. Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas.

9. Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades:

a. Compraventa de bienes inmuebles;

b. Administración del dinero, valores y otros activos del cliente;

c. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

d. Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;

e. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

10. Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea:

a. Compraventa de bienes raíces;

b. Construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros);

c. Comercio de metales y piedras preciosas;

d. Comercio de objetos de arte o arqueología;

e. Marina mercante;

f. Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos;

g. Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad;

h. Las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres;

i. Los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados;

j. Los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios

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