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El combate a la inflación es más efectivo y de menor costo social cuanto más amplia es la difusión de las medidas que lo componen.

Una política antiinflacionaria requiere esencialmente que el gobierno anuncie que se propone reducir la tasa de inflación vigente. El anuncio puede incluir o no una meta cuantitativa, pero no hay una política antiinflacionaria si no se explicita que el gobierno aspira a una tasa más baja. Junto al anuncio de la meta cualitativa o cuantitativa el gobierno debe exhibir, como en cualquier otra política pública, las medidas e instrumentos que conducirán a ese objetivo.

Toda política antiinflacionaria, ortodoxa o heterodoxa, tiene uno de sus efectos principales en la influencia sobre las expectativas. En la economía hay una miríada de vendedores, con distintas capacidades para decidir o reclamar aumentos de los precios de los bienes, los servicios o el trabajo que intercambian por dinero. La política debe tratar de convencer al mayor número posible de esos agentes que la inflación futura será más baja que la que vienen experimentando en sus costos, en sus precios de venta o en sus consumos. Hay que llamar mucho la atención, porque los agentes tienden a pensar que la inflación futura será igual o mayor que la que perciben.

Para convencer hay que tener credibilidad. Esto es, los agentes deben creer que el gobierno quiere reducir la inflación y que cuenta con los instrumentos para lograrlo. Para esto es imprescindible que los agentes crean lo que el gobierno dice. Si cierto número de agentes cree que las estadísticas oficiales de precios están siendo manipuladas para esconder la aceleración de la inflación, mal podrían creer en la voluntad y capacidad del gobierno para reducirla. Al contrario, la desconfianza en la medición oficial y la incertidumbre sobre la “verdadera” inflación inducen conductas defensivas que equivalen a sobreestimar la inflación futura. ¿No es esto evidente?

Por lo dicho, restablecer la medición creíble de la inflación por parte del INDEC es una condición necesaria de cualquier política antiinflacionaria. Ahora es una condición necesaria para conseguir una desaceleración de la inflación. Considerando la situación a la que se ha llegado, el cambio debería ser contundente y llamativo, porque se trata de modificar la percepción de una masa importante de agentes. Alguien dijo con acierto que a la inflación hay que combatirla, no ocultarla. Agreguemos que para combatirla con alguna eficacia es imprescindible franquear y transparentar su medición, y conseguir que el público crea que así se ha hecho.

Toda política antiinflacionaria incluye el control del ritmo de crecimiento del gasto agregado en bienes y servicios, privado y público. La diferencia principal entre las políticas ortodoxas y heterodoxas consiste en que estas últimas instrumentan políticas de ingresos – de precios y salarios – como parte del arsenal de medidas.

Las políticas ortodoxas procuran reducir el ritmo de aumento de la demanda agregada y no intervienen en la formación de precios y salarios. Confían los resultados antiinflacionarios a dos canales: a la influencia sobre las expectativas y a los efectos disciplinarios que ejerce la desaceleración de la demanda en los mercados, por la vía de menores ventas y menor empleo.

Las políticas heterodoxas adicionan una política de ingresos. La intervención gubernamental en la determinación de ciertos precios y salarios – de algunos, porque es imposible abarcar el universo – contribuye a desacelerar la inflación y a coordinar los mercados. La política de ingresos aumenta la efectividad y reduce el sacrificio de empleo y actividad que causa la política ortodoxa. Es precisamente para esto último que se hace política de ingresos en el combate a la inflación.

Muchos países aplican políticas antiinflacionarias ortodoxas. Otros, los menos, instrumentan políticas heterodoxas. Pero es imposible lograr una desaceleración sostenible de la inflación basándose exclusivamente en la política de ingresos, sin una simultánea desaceleración del ritmo de aumento del gasto agregado. Intentarlo lleva inevitablemente a la frustración. Por un lado, si la política de ingresos

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