POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SU ARTICULACIÓN CON LA GARANTÍA AL DERECHO HUMANO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Arroyo y Valencia, señalan que debe articularse en forma armoniosa la política económica y la política social, si se quiere mejorar el bienestar humano y que no alcanza con una sola de las dos políticas e incluso, se dice que la mejor política social es una buena política económica. Se necesita una articulación virtuosa entre lo económico y lo social.

Menciona que debe haber una base y condición para que la política social tenga éxito, esto es, se necesita un modelo de desarrollo y de política económica que produzca efectos sociales positivos. Pero también es claro que la mejor de las políticas económicas seguirá necesitando de una buena política social.

Anota que sin la coherencia entre la política económica y la política social, el combate a la pobreza no será posible. Sin embargo, en la realidad siempre ha habido desincronización entre la política social y la económica. La primera ha sido la encargada de atender a la población en situación de riesgo social y evitar de alguna forma un mayor empobrecimiento a través de los sistemas de salud, educación y vivienda, mientras que la política económica al menos en el último cuarto de siglo, se ha preocupado por el control salarial, para sofocar la demanda y frenar la inflación.

Alarcón sostiene que el impacto de la política económica, entendida como aquella que promueve el crecimiento de la producción, no se limita a las variable estrictamente económicas (crecimiento del producto, inflación, tasa de cambio, entre otras); incluye también impactos sociales, si entendemos a lo social como aquello que define las condiciones de vida de la población. En la medida en que la política económica influye sobre el nivel de empleo, los salarios o las condiciones de producción, determina de manera muy importante las condiciones de vida de la población. En ese sentido, podría decirse que la mejor política social es una buena política económica. A su vez, la política social, en su expresión sectorial, políticas de educación, salud, vivienda, seguridad social, tiene también impactos económicos en la medida en que las condiciones de salud de la población, sus niveles educativos, y en general, de bienestar determinan el nivel de productividad de la fuerza de trabajo, el desarrollo de la capacidad de emprendimiento de los empresarios y el clima de confianza y estabilidad que promueve, o retarda, el crecimiento económico. En ese sentido, difícilmente puede pensarse en altas tasas de crecimiento y estabilidad económica sin una buena política social.

Añade que una buena política macroeconómica es aquella que expande las oportunidades de generación de ingresos de amplios sectores de la población, de la misma manera que una buena política social es aquella que expande su potencial productivo. En particular, las únicas políticas de reducción de la pobreza que son sostenibles en el largo plazo, son aquellas que promueven la incorporación productiva de la población en condiciones de pobreza a la dinámica del resto de la economía, y en una economía de mercado, esto quiere decir, su incorporación al mercado. La única manera de integrar a los pobres al mercado es a través de la redistribución y creación de activos productivos, junto con el aumento en la productividad de dichos activos. Esta propuesta, para ser efectiva, requiere de un alto grado de articulación entre la política macroeconómica y la política social.

Cordera dice que la necesidad de lograr una buena integración de instrumentos, junto con una relación explícita y coherente con la política económica general, es una condición para la eficacia de la política social. Se trata de unos vínculos movibles, que cambian en función del ciclo económico pero también del político, sobre todo en condiciones de democracia y alternancia.

Señala que no es posible proclamar la garantía de los derechos económicos y sociales sin atender a la situación y las tendencias económicas. El desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social, entre otras cosas porque no hay presupuesto que resista esta hipótesis, pero por otro lado, el crecimiento y la política económica no pueden, por si solos, ofrecer panoramas realistas de equidad y mejoramiento sociales.

Indica que el ritmo y la calidad del desarrollo económico, condicionan las posibilidades e impacto de la política social, mientras la inversión en capital humano e infraestructura social, así como un ambiente de equidad, crean condiciones favorables para el desarrollo económico y la estabilidad política y social. En el mismo sentido, el crecimiento económico y la política macroeconómica de control de la coyuntura, son determinantes en la generación de empleo y de la estructura de oportunidades laborales y, por ende, de los niveles de ingreso y de superación de la pobreza.

Otro criterio señala que la política económica siempre debe estar articulada a la política social en un solo proceso integral, incluyente y pro-pobre, buscando generar las oportunidades de empleo y acceso a activos productivos, mercados e información, con el objetivo de producir una verdadera inclusión económica y social de toda la población sin diferencias de género, etnia, edad o territorio.

Anota que esta articulación de las políticas y agendas económicas y sociales debe ser vista como el vehículo que genere un desarrollo social con equidad e incluyente y como el enfoque que active procesos de cambio endógenos y auto sostenidos de reducción de la pobreza, entendida como un fenómeno multidimensional y, por tanto, que produzca una ruptura con los mecanismos tradicionales de transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad, promoviendo una modificación profunda a la concepción asistencial del Estado.

EL EJE DE DESARROLLO POLÍTICO: EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA.

A partir de 1999 comienza en Venezuela un proceso de cambios orientado a la construcción de un Estado Socialista. En ese orden de ideas, se diseñaron las líneas generales que definen el desarrollo político, social y económico del país. Estas estrategias están contenidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista (PPS) para el período 2007-2013.

Estas directrices están divididas en siete (7) enfoques en donde queda manifiesto el principio humanista y socialista que enrumbará a la Nación durante el septenio. 1.-La ética socialista, 2.- la suprema felicidad social, 3.- la democracia protagónica revolucionaria, 4.- el modelo productivo socialista, 5.- la nueva geopolítica nacional y 7.- la nueva política internacional. Todos con sus objetivos, estrategias y políticas, a desarrollar por el Presidente Comandante Hugo Rafael Chávez frías, conjuntamente con las la Instituciones y el pueblo organizado.

El fin último es la refundación de la nación basado en cambios éticos, morales y políticos inspirados en la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanísticas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. La creación de una Patria Nueva encierra una relación dialéctica entre el viejo sistema (el Capitalismo) y sus principios liberales que no han terminado de fenecer, basado en el individualismo, egoísmo en la codicia personal, el beneficio para una minoría y en el afán de lucro desmedido y; el nuevo sistema (el Socialismo), que está naciendo y cuyos valores éticos se basan en la solidaridad humana, la realización colectiva de los ciudadanos y ciudadanas y la satisfacción racional de las necesidades fundamentales del hombre y la mujer.

La consideración de una ética socialista como precepto fundamental del Proyecto Nacional Simón Bolívar, revela la conciencia de la existencia de un Estado signado por la injusticia, la impunidad y la corrupción que debe ser superado cualitativamente y sustituido en todos los órdenes de la vida.

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta política es la creación del Poder Popular. Esta concepción está fundamentada en el poder constituyente bajo la premisa revolucionaria de que la soberanía reside en el pueblo pero a diferencia del modelo liberal burgués, éste se mantiene vivo y es la base de todo en tanto descansa en el pueblo organizado en sus comunidades, puestos de trabajo y centros de estudios.

Este Poder Popular, bajo los principios de participación y protagonismo democrático, busca lograr que los ciudadanos y ciudadanas intervengan en todos los procesos de toma de decisiones. Es importante destacar, que los antecedentes históricos de este sistema político se encuentran en la Comuna de y París y cuba, no obstante, es inédito la combinación de la democracia directa (autogobierno) e indirecta.

El novedoso sistema trata abolir la figura de la representación política y prevé varios estamentos de participación. Uno de los más importantes lo conforman los Consejos Comunales, donde se fusiona la democracia directa con la delegación o vocería que representan la voz de la comunidad. Es obligado aclarar, que los voceros y voceras actúan sólo como puentes entre las comunidades y los órganos del Poder Constituido, en tanto no reciben de sus electores y electoras un mandato libre sino pautas; aunque tampoco reciben un mandato imperativo.

Al igual que con los Poderes Constituidos, la pluralidad político-ideológico, símbolo y valor de la democracia, está garantizada a través de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, instancia primaria para el ejercicio del poder, de la participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para el órgano (Consejo Comunal).

Cabe destacar, que este cambio de enfoque revolucionario en contraposición

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