POR QUÉ EL ESTADO NO HA SIDO CAPAZ DE CONTENER LA EXPANSIÓN DE LAS BANDAS CRIMINALES.

POR QUÉ EL ESTADO NO HA SIDO CAPAZ DE CONTENER LA EXPANSIÓN DE LAS BANDAS CRIMINALES.

Sábado 14 Enero 2012LA MAQUINARIA NEOPARAMILITAR

Así se veían los locales comerciales en Santa Marta el pasado 4 de enero. Mediante panfletos amenazantes el grupo los Urabeños impuso que no se recogiera ni la basura.

Los años 2011 y 2012 comenzaron en Colombia de manera igualmente perturbadora. Un año después de que el asesinato de una pareja de estudiantes de la Universidad de los Andes llevó al gobierno a lanzar la operación militar Troya, en Córdoba, y una estrategia contra las llamadas 'bandas criminales', una de estas, los Urabeños, protagonizó lo que la revista TheEconomist calificó como "el mayor desafío a la autoridad del Estado desde que Juan Manuel Santos se convirtió en presidente de Colombia": paralizar durante dos días a Santa Marta, Montería, Urabá y numerosos municipios de seis departamentos. ¿Cómo puede ser que este y otros grupos que llenaron los espacios dejados por la desmovilización de los paramilitares, no solo crecieran sin parar en los últimos años del gobierno Uribe, sino que ni la estrategia definida por el gobierno de Santos ni los golpes que les ha propinado hayan podido impedir su consolidación?

Desde 2006, las autoridades contabilizan la captura de más de 13.000 integrantes de las 'bandas criminales' o 'Bacrim' (nombre con el que, desde tiempos de Uribe, se define a estos grupos como 'exclusivamente' narcos, no 'paras', y se los combate como tales), y la baja de 1.300. Han caído, presos o muertos, jefes como Don Mario, Cuchillo, Valenciano y, el más reciente, Juan de Dios Úsuga, de los Urabeños. Un grupo, el ERPAC del Guaviare, se sometió a la justicia. El gobierno sostiene que su estrategia está dando frutos y que se ha avanzado notablemente en la judicialización de los detenidos, que antes salían libres con facilidad y ahora son casi todos procesados. Sin embargo, regiones enteras de Colombia viven sometidas a la voluntad de estas organizaciones que, a menudo, no se diferencia de la de sus antecesores de las AUC. En lugar de debilitarse, se han consolidado en dos grandes grupos rivales, los Rastrojos y los Urabeños, que absorben o aniquilan a los demás. Este último es capaz de un paro, como con el que abrió el año, que ni las Farc lograrían hacer hoy.

¿Qué pasa, pues, con estos grupos que, más de cinco años después de su aparición, lucen más poderosos e inextinguibles que nunca? La respuesta tiene que ver con dos palabras que el gobierno se resiste a conjugar debidamente: paramilitarismo y drogas.

"¿Qué será lo que impide que funcionen los múltiples planes que el gobierno colombiano anuncia para enfrentar al paramilitarismo?", se preguntaba en su columna de El Espectador Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, haciendo la lista del sinnúmero de iniciativas adoptadas desde el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). "Es hora ya de afrontar plenamente el problema en toda su extensión. El país no puede seguir ignorando cómo surgió el paramilitarismo, quiénes fueron sus gestores, cómplices o benefactores", sostuvo en El Tiempo el exfiscal Alfonso Gómez Méndez al comentar el paro armado.

Ambos apuntan a uno de los problemas de fondo: si bien la actividad principal de estos grupos es el tráfico de drogas, su capacidad de intimidación, sus formas de control territorial, sus métodos de acción y sus constantes masacres, asesinatos, desplazamientos y atentados contra líderes solo se explican porque

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