PROCESO PENAL IDEAL

¿EXISTE UN PROCESO PENAL IDEAL?

Uno proceso penal ideal que se concrete en la realidad se contrapone a la necesaria actitud crítica que se debe adoptar en el ámbito de la academia y de la defensa de los derechos humanos. Como bien lo ha sostenido Luigi Ferrajoli, nunca debemos ser demasiado entusiastas con el derecho penal. Inevitablemente el poder del Estado, que se traduce en una de sus formas más violentas en el ius puniendi, siempre conservará una cierta dosis de ilegitimidad frente a la que hay que estar siempre alertas. Un proceso penal ideal no siempre debe concluir “en una sentencia condenatoria que dé cuenta de la verdad jurídica de los hechos, sancione al responsable, y disponga de un conjunto de reparaciones integrales”, como sugiere mi amigo y colega Silvano Cantú.

El proceso penal ideal no existe, pero si quisiéramos aproximarnos a un modelo democrático de derecho penal, tendríamos que decir que el proceso es un conjunto delicado de equilibrios que permiten minimizar la violencia y maximizar la libertad. Ello se logra a través de delicados equilibrios procesales de carácter axiológico y epistemológico. Uno de los rasgos de ese equilibrio axiológico supone que las personas sometidas a un proceso gozan de las garantías de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso. Si un proceso penal ideal terminara siempre con una sentencia condenatoria, llegaríamos a la inevitable realización del derecho penal máximo, el cual es por naturaleza contrario a una sociedad respetuosa de los derechos fundamentales. La misión del derecho penal no puede ser llegar a la verdad histórica. So pretexto de la obtención de esa claridad probatoria, en la historia de la humanidad podemos constatar la justificación de prácticas tan aberrantes como la tortura. El proceso penal democrático es mucho más modesto, supone la realización de contrapesos procesales que permitan minimizar al máximo la posibilidad de condenar a una persona inocente. Por ello, el proceso penal ideal es el que protege con mayor pulcritud a las personas contra condenas incorrectas y permite una investigación lo suficientemente sólida como para aplicar sanciones justas.

Si se analiza desde una perspectiva sustantiva cuáles son las garantías del derecho penal, nos toparemos con la clásica reserva de ley (principio de legalidad) que entraña una serie de garantías para evitar la proliferación del derecho penal máximo y defender la clásica aproximación de utilización del derecho punitivo como último recurso. Celebro que la Ley General de Víctimas establezca un concepto ampliado e integral de lo que significa ser víctima, sin embargo, dicho concepto no puede ser trasladado sin más más a la esfera del derecho penal, toda vez que ello afectaría inevitablemente el principio de legalidad que es característico de esta rama del ordenamiento jurídico. Si quedase a la discreción de la

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