Politica Social

Marea Blanca es el nombre que recibe el movimiento ciudadano, independiente, solidario, en favor de la sanidad pública y universal en todo el territorio español. Alude a las batas de trabajo del personal sanitario de hospitales y centros de salud, pero también incluye a ciudadanos anónimos que defienden un derecho fundamental. La primera vez que se utilizó el nombre de "Marea Blanca" en una manifestación fue tras la aprobación del Plan de Medidas de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público en la Comunidad de Madrid, el 18 de Noviembre de 2012. Desde entonces hasta hoy han sido muchas las concentraciones de protesta contra las medidas del ejecutivo y sus planes privatizadores.

Miles de médicos y profesionales sanitarios creen que uno de los pilares del Estado del bienestar está en peligro. La sanidad pública puede dejar de serlo, según miles de manifestantes que han tomado las calles.

Su argumento se basa en los múltiples procesos de externalización de servicios que se están llevando a cabo en España y los recortes que están llevando al copago de medicamentos o reducción de la cartera de operaciones y prestaciones públicas.

El movimiento es a nivel estatal pero los colectivos y las manifestaciones más importantes, multitudinarias e influyentes se dan en cuatro puntos de España principalmente; que son Madrid (sobre todo; además ahí se inició y se impulsó este movimiento), Segovia, Murcia y Málaga. El epicentro de esta marea está en Madrid, comunidad en la que el gobierno regional ha decidido externalizar la gestión de seis hospitales. Los médicos se quejan de que en la práctica supondrá que sus puestos de trabajo dependan de empresas privadas que no buscan tanto la mejor atención del paciente como aumentar su beneficio hasta el máximo. Vamos a acabar pagando por vivir, pagar para vivir más.

MÁS DE UN AÑO DE MAREA BLANCA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN:

El 31 de octubre de 2012 el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció un Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público ligado a los presupuestos regionales. El documento contenía una "reforma estructural" basada en esta premisa: "Lo primero y más importante es ahorrar". La línea maestra del plan era la cesión a empresas de la gestión de hospitales, centros de salud y cualquier servicio no sanitario. Por su parte, la Consejería de Sanidad se dedicaría a la reducción de la plantilla asistencial.

La manifestación de la marea blanca este domingo recuerda un año de acciones contra el "desmantelamiento de la sanidad pública". Un año de la instalación de un nuevo modelo sanitario diseñado por el Partido Popular de Madrid, y de manifestaciones, huelgas y acciones legales.

Cambio de modelo y privatización

El cambio de modelo en la sanidad pública fue un acto sobrevenido del Gobierno madrileño. Nada ni remotamente parecido figuraba en las propuestas electorales de Esperanza Aguirre al acudir a las elecciones autonómicas de 2011 (en septiembre de 2012 la presidenta del PP madrileño abandonó su puesto y dejó paso a González). La entrada a gran escala de las empresas en todas las esferas de la sanidad fue justificada por la caída de ingresos en las arcas públicas. Y la oposición al plan de medidas se materializó en una huelga de profesionales sanitarios en noviembre de 2011.

Se le sumó una batería de manifestaciones protagonizadas por médicos, cuyas batas dieron el nombre a las marchas de marea blanca. Tras la aprobación, el 27 de diciembre de 2012, del texto legal que permitía la entrada de empresas en la dirección médica de seis hospitales, la oposición se trasladó de la calle a los juzgados

Sanidad gestionada por contratistas

El Gobierno regional ha adjudicado la atención sanitaria de 1,2 millones de ciudadanos a tres empresas (Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo) al cederles la gestión de seis hospitales, por la que calcula pagar 4.600 millones de euros. Las concesiones han sido ya firmadas, pero el traspaso de gestores está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia. En el concurso no hubo ninguna competencia. Cada empresa optó por centros diferentes, sin colisionar en sus intereses. Las ofertas apenas redujeron mínimamente las cantidades propuestas por Sanidad.

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, también diseñó la privatización del servicio de un 10% de los centros de salud en Atención Primaria, medida que de momento está en el limbo tras presentar 320 directivos públicos de estos centros sus renuncias anticipadas para hacerlas efectivas "en cuanto salga un concurso de adjudicación". Aunque la cesión de centros sanitarios ha encallado en los tribunales, la privatización de servicios se ha ido profundizando. Actualmente, casi cualquier actividad que no sea médica está ya en manos de contratistas. La limpieza, el mantenimiento, la lavandería o las comidas han pasado al mercado

Reducción de plantilla

Además de liberarse de los trabajadores que pasaron a depender de las empresas adjudicadas, Madrid ha aligerado parte de sus equipos con la jubilación de profesionales a los 65 años. La medida, anunciada en el plan de octubre de 2012, tuvo evidencias de su alcance en mayo de este año, cuando de golpe quedaron fuera de los hospitales 700 médicos. Hasta entonces, la trayectoria profesional se podía prolongar sin grandes inconvenientes hasta los 70 años. Esta es la primera fase de un adelgazamiento de 1.200 facultativos para cinco años, según los propios cálculos de Sanidad.

Sin actividad hospitalaria por las tardes (y con más lista de espera)

La Consejería de Sanidad de Madrid prohibió en 2012 la actividad extra que muchos profesionales realizaban por la tarde en los hospitales. El argumento fue que resultaba demasiado cara, porque las llamadas peonadas se pagaban como horas extras. A cambio, el Gobierno madrileño anunció que implantaría turnos "ordinarios" vespertinos contratando otros profesionales para aprovechar mejor las infraestructuras sanitarias.

Al final, la eliminación de las intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas extra se hizo efectiva. El nuevo turno, no. Mientras, las listas de espera quirúrgicas llegaron a su máximo histórico. En marzo aguardaban 64.311 personas. En junio, 64.113.

Hospitales "especializados"

En noviembre de 2012, el consejero Javier Fernández-Lasquetty decretó el cambio del hospital general La Princesa a geriátrico. O, como explicó entonces, "especializado en atención a mayores".

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