Pre-ocupacionales

Nicolás Villanova y Carolina Fernández(1) - TES - CEICS

Según la ley vigente, los exámenes pre-ocupacionales tienen como propósito determinar la aptitud psicofísica del candidato para el desempeño de actividades requeridas del puesto al que se postula. Sirven, en este sentido, para detectar las patologías preexistentes y evaluar la adecuación del postulante. Su realización es obligatoria, cuya responsabilidad recae en el empleador. Existen dos tipos: el físico, que abarca análisis de todos los aparatos y sistemas, y una declaración jurada de las enfermedades que padece (o padeció) el aspirante; y el psicotécnico, con el que se aplican test de inteligencia, personalidad y una evaluación grafológica. Luego, se establece un diagnóstico y el grado de aptitud. La letra A, significa “apto sin limitaciones para la tarea propuesta”; la B, “condición de salud no inhabilitante para la tarea propuesta”; la C, “condición de salud que requiere tratamiento previo a su ingreso”; la D, “no apto para las tareas propuestas”. Hasta aquí, todo parece saludable, en la medida en que si algún candidato descubre que padece una enfermedad por intermedio de estos exámenes, puede comenzar un tratamiento. Sin embargo, bajo el capitalismo, asumen obra función: el filtro de personal para la búsqueda de obreros más productivos.

La realización del examen resulta una tarea tediosa y por momentos vergonzante. Los análisis efectuados en el Hospital Posadas tardan aproximadamente 15 días, desde que se pide un turno hasta la búsqueda de los resultados, sin contabilizar el tiempo de los adicionales que eventualmente se realizan para puestos de trabajo específicos. En ciertas clínicas, a las postulantes para cajeras de supermercados, se les exige que muestren su ano para evaluar si padece de hemorroides, cuando esta enfermedad se encuentra en el listado que aparece en la declaración jurada.(2)

La legislación señala que los exámenes pre-ocupacionales no pueden ser utilizados con un fin discriminativo. A su vez, menciona la posibilidad de realizar ciertos estudios como el genético (para detectar embarazos), el de HIV y el de otras enfermedades como la epilepsia o diabetes, sólo bajo el consentimiento de los candidatos. Sin embargo, esto no se cumple. El jefe de Unidad de Nutrición del Hospital Durand, en 1999, denunciaba que era “muy común que una persona sea descartada en un examen pre-ocupacional por ser diabética”.(3) Por su parte, el ex gerente médico de La Caja ART decía en el mismo año que “si entre dos buenas candidatas se toma a la que no está embarazada, no sé hasta qué punto se puede hablar de discriminación. El empleador sabe que si elige a la otra, dentro de seis meses no podrá contar con ella”.(4) Se deduce, de este modo, el problema del incremento del costo laboral que podría significar para un empresario otorgar una licencia por maternidad y, al mismo tiempo, reemplazar momentáneamente ese puesto de trabajo. A su vez, la dificultad de realizar denuncias en el INADI se incrementa debido a que los resultados de los exámenes, a pesar de ser obligatorio por ley, no suelen ser informados a los candidatos. Por otra parte, de la discriminación al miedo y sus consecuencias existe un espacio muy estrecho. Un ejemplo de ello es el de los pacientes

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