Sistema Político Costarricense

Costa Rica, a pesar de estar ligado fuertemente a la región latinoamericana cuenta con una historia política muy distinta. Nuestro país, es el único de nuestra región que no ha sido víctima de un gobierno dictatorial. Sin embargo y a pesar de la diferencia histórica estamos sumidos, en una crisis de gobernabilidad similar a la de los demás países latinoamericanos que han tenido que luchar contra regímenes militares. Para solventar esta crisis se han propuesto diferentes caminos a tomar, como la formación de una Asamblea Nacional Constituyente o reformas políticas variadas.

La posibilidad de plantear estos cambios desde un enfoque positivista analítico, en donde lo que interesa es el análisis e interpretación pura de las reglas jurídicas efectivas establecidas por los órganos del Estado es simplista y extrae por completo las realidades a las cuales de deben ajustar los cambios a las normas jurídicas. Una solución de carácter positivista implica el estudio de la norma po sí misma sin tomar en cuenta cualquier otro factor de influencia, esto podría implicar la aplicación de sistemas ajenos al costarricense que no logren adaptarse a la cultura política. Es necesario un “análisis concreto de la situación concreta: el proceso político costarricense en los albores de un nuevo siglo, y el análisis de las relación entre estructura política, la cultura política y los actores políticos en el contexto actual.” (Urcuyo, 2003, p. 16) Previo a cualquier reforma política que se desee implantar es obligatorio tener en cuenta las características de la realidad a modificar y los problemas que se desean abordar. Una reforma válida carece de sentido si esta no es justa ni eficaz.

Según Constantino Urcuyo una crisis política es el momento en el que procesos sociales producen o son susceptibles a producir rupturas, los cuales amenazan el funcionamiento de las instituciones políticas. Estos problemas no se deben tomar como hechos aislados, es importante siempre considerar el proceso como tal.

Las crisis políticas están ligadas a la gobernabilidad. Esta entendida como el funcionamiento eficaz del gobierno considerado legítimo por los ciudadanos. “Esta legitimidad puede ser de origen y/o ejercicio. La eficacia, por su parte consiste en el éxito de un gobierno en la consecución de sus objetivos, el adecuado desempeño en su gestión” (Urcuyo, 2003, p. 19) Esta no es la única forma de entender gobernabilidad sino que también la participación de la comunidad en el proceso de autogobierno es un elemento importante del concepto.

“La legitimidad es el reconocimiento del derecho de gobernar” (Coicaud, Jean Marc, 2000, citado por Urcuyo, 2003, p.19) pero a la vez se liga con la calidad de la gestión gubernamental en un mandato determinado.

La definición de gobernabilidad utilizada por Urcuyo en el texto es amplía, como él mismo lo indica, en él concibe la gobernabilidad como “la capacidad de un sistema social para gobernarse democráticamente” (Urcuyo, 2003, p. 19) Esta capacidad para gobernarse implica el cumplimiento de varios puntos. La capacidad de autogobernarse está relacionado con el sistema institucional existente, con las capacidades de los actores y de la cantidad y calidad del liderazgo. La estabilidad política no es sinónimo de gobernabilidad democrática.

Para canalizar y regular los conflictos existen las instituciones del sistema político. Siguiendo el pensamiento de Manuel Alcántara estas son las reglas de juego que dominan la sociedad, estas pueden ser formales o informales. Las informales son de especial importancia en la elección de las reformas por realizam ya que varían en mayor grado de país en país mientras que, en las instituciones formales (normas jurídicas) se pueden encontrar ciertas similitudes, doctrinas de influencia y principios o valores jurídicos. Si el objetivo es realizar una reforma política que acabe con los vicios actuales es menester mantener sobre el panorama el funcionamiento de instituciones informales como el amiguismo o el clientelismo característico de cada cultura política. “Resulta simplista rechazar el cambio de diseño institucional con el argumento de que lo importante es el cambio de cisión, de rumbo o de liderazgo.” (Urcuyo, 2003, p. 22) Una reforma política debe ligar el funcionamiento de las instituciones formales e informales y su adaptación dentro del proceso sociopolítico.

Es de suma importancia tener en cuenta tres elementos esenciales de cualquier sistema político antes de intentar si quiera plantear una reforma. El primer lugar hay que estar consciente que las instituciones marcan la conducta de los actores, “la conducta política no surge por generación espontánea, pues siempre posee un punto de anclaje en las instituciones.” (Urcuyo, 2003, p. 23)

El binomio legitimidad – eficacia es el segundo elemento a tomar en cuenta. Es tan importante definir un claro camino a seguir – no reformar por el simple hecho de reformar – como considerar el mundo globalizado en el que se encuentran todos los países, no es Costa Rica como un ente aislado sino su funcionamiento en un sistema de globalización económica, cultural, política, etc. “Un país cuyo proceso político se caracteriza por cambios bruscos y frecuentes, con reemplazos súbitos de actores políticos, nos es previsible para el inversionista extranjero. La inestabilidad generada por el presidencialismo multipartidario en el que vivimos, no garantiza este horizonte de seguridad.” (Urcuyo, 2003, p. 24) La idea del multipartidismo se nos ha presentado como redentora y máximo logro de la democratización de la sociedad y del sistema político. Si bien es cierto que esto genera mayor representatividad y un sentimiento de confianza por parte del ciudadano ya que –como ser racional

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