Veredicto caso hijitus

Veredicto caso “Hijitus”

Luego de analizar la prueba rendida conforme a la sana crítica, el tribunal oral en lo penal, decidió absolver a Juan Manuel Romeo Gómez de todos los cargos imputados en la causa, por delitos sexuales cometidos en contra de cuatro menores e edad, mientras ejercía sus labores como monitor de computación en el establecimiento “Hijitus”.

La decisión se funda en que las pruebas rendidas en el proceso no permitieron demostrar fehacientemente, primero, la ocurrencia de un delito, y segundo, que el acusado tenga algún grado de responsabilidad en éste.     Por consiguiente, conforme lo exige la Ley Penal, al no poder salvar las dudas y no lograr la convicción, certeza o seguridad para poder condenar, es que se levantaron los cargos imputados.

El Tribunal señaló que, en general, la prueba fue imprecisa, incompleta, ambigua e inconducente.     Esto es que, los testimonios no aportaron detalles exactos que se tradujeran en un entendimiento inequívoco, además de no proporcionar antecedentes ciertos y coherentes; lo manifestado por los niños no concuerda con los dichos de sus padres; y la prueba pericial fue igualmente vaga, sin producir efecto, por lo que no condujo en ningún sentido a demostrar la efectividad de los cambios de conducta de los niños afectados.

Todo lo anterior hizo dudar a la mayoría de los jueces que conforman el tribunal sobre la existencia de los hechos y de la participación del acusado en ellos.      Así, la decisión mayoritaria fue la absolución, confirmando la inocencia del acusado, pero a la vez, se formula una fuerte crítica al Ministerio Público.

El Ministerio Público tiene responsabilidad por su actuación en el juicio, ya que no fue objetivo, al proporcionar información falsa a los medios de comunicación, la que generó efervescencia social, que aumentó el odio y prejuicio de condenar con la máxima pena al acusado, pero tampoco aportó pruebas de mayor calidad que las señaladas anteriormente sabiendo que no prosperaría su acción y que el proceso era infundado, razón por la cual el Ministerio Público fue condenado al pago de los gastos generados en el juicio.

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