ANÁLISIS COMPARATIVO POLÍTICAS PÚBLICAS EN VENEZUELA

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INTRODUCCIÓN

     Actualmente una de las principales dificultades presentada por los gobiernos, es precisamente su capacidad a la hora de diseñar y establecer políticas públicas y programas públicos no solo eficaces sino efectivos capaz de responder a una nueva administración pública. La política pública desde el Estado social de derecho y de justicia  puede ser entendida como un subconjunto de las políticas públicas o como aquellas orientadas a la distribución equitativa de bienes públicos en las clases sociales imperantes, pero también aborda los sectores políticos, económico, social, cultural y de seguridad ciudadana, dentro del respeto y garantía de los derechos humanos. En todo caso, es evidente que el tema de la política social se ha convertido en el centro de la gestión pública y, por ende, en parte inseparable de la agenda del debate político en los países de la región, así como un objeto de estudio, cada vez más relevante, de las ciencias sociales latinoamericanas.

     Lo ideal es que en materia de políticas públicas se consulte a la población sobre las necesidades imperantes en las comunidades, realizar un diagnóstico para priorizarlas, sin embargo, en la praxis la cosa no funciona de esta manera. Es decir, se diseñan políticas públicas direccionadas a solucionar problemas o satisfacer necesidades poco relevantes para la sociedad, mientras las necesidades básicas continúan insatisfechas.  

     Desde una visión de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo son muchos países de la región  que enfrentan la amenaza de la delincuencia (Chinchilla y Vorndran, 2018), los países de Latinoamérica buscan  repeler la delincuencia e inseguridad constantemente, algunos han implementado políticas que no  siempre han solucionado el tema, pero se ha venido trabajando en ese sentido. Algunas de estas  políticas contienen medidas de prevención y control, orientadas a mejorar la justicia  tratando de cumplir con los principios filosóficos del Estado Social de Justicia y de Derecho.  

     El Ministerio del Interior (2013) definió la seguridad ciudadana como la convivencia  armoniosa de paz, tranquilidad y disminución de criminalidad, que permite a los ciudadanos  desenvolverse libres de amenazas debido al desarrollo de actividades de control y prevención  que se establecen. El Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo PNUD (2019) definió a  la seguridad ciudadana como necesaria para proteger y fortalecer el orden en democracia. 

     Para los designios de este estudio, el análisis comparativo sobre las políticas públicas en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe a partir del Estado social de derecho  y de justicia  le da un tratamiento a la seguridad ciudadana que se agrupa en tres paradigmas diferenciados en el tiempo, cada uno ha dejado  su huella y juntos han configurado escenarios donde se sobreponen enfoques y medidas, en ocasiones contrapuestas, que nos alertan sobre las dificultades de afianzar los nuevos paradigmas de la seguridad.

     Por otra parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  de 1.999 no establece en su articulado una definición de lo que debe entenderse por Estado Social de Derecho y de Justicia, es por ello que  se debe considerar como Estado Social de Derecho y de Justicia, aquel  cuyo fines es la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación y que a través de una debida tutela judicial efectiva el Estado proporcionara Justicia, como valor supremo de todos los hombres en sociedad y fin último que justifica la existencia del Estado como modelo social democrático que garantiza la convivencia pacífica y armónica de los pueblos.

     Durante este recorrido académico se realizará un análisis comparativo de las políticas públicas en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe, desde el punto de vista del Estado de Derecho y Justicia Social establecido en la Carta Magna de 1999, que nos permitirá verificar si en estos países se aplica  los principios de Justicia social, pero también se hace necesario ver la visión de Estado  desde la Constitución Nacional de 1.961, para clarificar como era y si existía estado  Social de derecho y de justicia en Venezuela.  

ANÁLISIS COMPARATIVO POLÍTICAS PÚBLICAS EN VENEZUELA, LATINOAMERICA Y EL CARIBE, A PARTIR DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSCTICIA.

     Desde la visión  Estado sociedad, las políticas públicas según Roth (2002) “se entienden como programas de acción que representan la realización concreta de decisiones colectivas y el medio usado por el Estado en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces”    (p. 19). Se infiere que las políticas públicas es el principal instrumento  de acción por parte del Estado para transformar  una situación que afecta a la  sociedad. Por otro lado, el Estado Social de Derecho y de Justicia, debe ser entendido como la regulación del Estado por el Derecho, quedando de esta forma subordinado al orden jurídico preestablecido; sino que se debe garantizar que esa normatividad jurídica cuide de realizar la justicia social, de hacer que los derechos sociales, económicos y culturales no sean meros enunciados sino una realidad concreta; de propender a una mejor distribución de la riqueza; de combatir a la miseria y la falta de trabajo, vivienda, seguridad, salud, educación, entre otros servicios básicos esenciales para el grupo social.

     En     En tal sentido, Combellas (1992) afirma que el Estado Social de Derecho, 16):

Es el Estado en la procura existencial, es el garante de la satisfacción de las  necesidades básicas para una vida digna,  independiente de las formas y modos de su relación con la economía, pero es imprescindible  salvaguardar  el rol del Estado  como última instancia de garantía de la ejecución de la procura existencial, gracias a la protección y fomento de los derechos sociales y económicos”. (p.5).

En efecto, se puede puntualizar al Estado Social de Derecho como un conjunto de políticas y normas que instituyen un marco adecuado para las diplomacias entre las personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción del débil jurídico  e instituciones; siempre bajo la preeminencia del interés social, los derechos humanos, la solidaridad y responsabilidad social, la justicia y la equidad.  

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