Caso Ayotzinapa

No cabe duda que nuestro país está viviendo una etapa crítica en cuanto a seguridad pública y gobernabilidad. El “caso Ayotzinapa” reabrió una herida que empezaba a cicatrizar después de un sexenio caracterizado por la violencia y el desorden público. La desaparición de esos 43 jóvenes normalistas ha indignado a toda la sociedad mexicana y ha puesto a México en la escena internacional como un país incapaz de garantizarle los derechos fundamentales a sus ciudadanos. Esa es la realidad que estamos viviendo, hoy en día. Lo lamentable, sin duda alguna, es la desesperación que provoca la incapacidad de nuestras autoridades para dar con el paradero de estos estudiantes, situación emocional que no sólo afecta a sus familiares y allegados, sino que ha provocado una profunda irritación entre todos los mexicanos, multiplicándose, día con día, las manifestaciones de solidaridad con la causa y, al mismo tiempo, de exigencia para que los diversos entes de gobierno actúen de manera efectiva y transparente. Nuestras calles, plazas e instituciones educativas se han unido a ese clamor ciudadano que demanda el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia para los responsables. Sin embargo, más allá de estos reprobables hechos de barbarie y que atentan contra el Estado de Derecho, también es deplorable la actitud y línea discursiva que han asumido varios actores políticos y sociales que se han “colgado”, como coloquialmente se dice, de este tema para obtener un beneficio político y hasta económico. En otras palabras, han estado lucrando, estos días, con el dolor humano y con el desconcierto colectivo. Por ejemplo, algunos partidos políticos y grupos sociales radicales han aprovechado la ocasión para tratar de evidenciar la incapacidad del Estado mexicano para garantizarles la vida y la seguridad a sus pobladores, así como criticar los infructuosos esfuerzos de localización de estos jóvenes estudiantes. Su posición ha girado en torno a maximizar la sensación de crisis en el gobierno del Presidente Peña, como si toda la responsabilidad en este tema se la tuviéramos que achacar a la Federación, cuando se pierde de vista que el origen de los actos reprochados se da con la participación de una autoridad municipal y la complacencia de una estatal, ambos gobiernos emanados de una postulación común de la izquierda mexicana. También el caso Ayotzinapa ha sido el pretexto ideal para que algunas expresiones de la izquierda mexicana y del partido en el gobierno se le vayan a la yugular a Andrés Manuel López Obrador por sus evidentes nexos con el ex Presidente Municipal de Iguala y el propio Gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre. Y el “Peje” ha aprovechado estas alusiones personales para volver a figurar en la escena nacional y manejar, por enésima ocasión, sus teorías de conspiración y “complot” que tanto le gustan, sufriendo de amnesia al afirmar que no conoce a estos personajes y, de pasadita, pedir la renuncia del Presidente Peña.

Cómo se nota que el proceso electoral ya comenzó y que este tipo de acontecimientos les son útiles a las diferentes fuerzas políticas para minarse entre sí. Lo que no se dan cuenta es que todo esto no abona al desarrollo democrático del país, por el contrario, atacar al entramado institucional del país es atentar contra la gobernabilidad democrática del mismo. El próximo año veremos que el nivel de participación electoral se irá a los suelos, de por sí son elecciones intermedias y éstas tradicionalmente no generan mucho interés entre la ciudadanía.A todo esto hay que agregarle el movimiento nacional que han integrado los estudiantes de las normales de todo el país, así como los propios familiares y allegados de los jóvenes desaparecidos, la solicitud de desaparición de poderes en el Estado de Guerrero que presentó el grupo parlamentario

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