Caso Ayotzinapa

CASO AYOTZINAPA

La desaparición forzada en Iguala de 2014 fue un ataque de policías municipales a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles en cuatro episodios de violencia, que ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio mexicano de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero. Los hechos dejaron un saldo de al menos seis personas fallecidas, veintisiete heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Desarrollo de los hechos

Primer ataque:

Tras el robo del último autobús en la central camionera de Iguala, los estudiantes hicieron que el chofer lo conduciese hacia el anillo periférico de la ciudad para de allí enfilar a Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo. De acuerdo a declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas cuando, tras lograr la policía interceptar el paso de los autobuses mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte, los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, enfrentando a los policías que también llegaban. Cuando uno de los alumnos forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes, matando a uno de ellos (el que sometió al policía).

La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores, sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses.

Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas se comunicaron vía teléfono celular con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para tratar de ayudar a los compañeros atacados en Iguala.

Segundo ataque:

Llegando alrededor de las 23 horas de la noche del 26, el segundo convoy de estudiantes se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía. Los estudiantes, acompañados de profesores pertenecientes a la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente, que según testigos presenciales, disparaban ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron dos estudiantes más, mientras que el resto huía en desbandada ocultándose en los cerros circundantes o en las azoteas de Iguala.

Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala en la autopista a Chilpancingo, otro grupo armado disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo de la tercera división del fútbol mexicano. En este ataque perecieron un jugador, el chófer del autobús y una pasajera de un taxi. El equipo de fútbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por los atacantes como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. El entrenador resultó herido. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala

Investigación

Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 29 de septiembre, Abarca dijo que él había ordenado a la policía "dejar" y no atacar a los normalistas, a quienes acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la presidenta.

La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la Fuerza Estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes.

El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos ignorándose hasta la fecha quienes pudieron haber sido estos 28 muertos.

El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente la PGR encontró otras 4 fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos.

Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente elementos de la Policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la Policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos.

De acuerdo a testimonios de los hermanos Ríos Sánchez, Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cártel rival de Los Rojos.

Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula hacinados en dos camionetas al arribar. Quince de los estudiantes habían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se les interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca. Después los tiraron a la parte baja del basurero donde incineraron los cuerpos, haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar se ordenó a los vigilantes del fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan.

Asesinados

Tres estudiantes normalistas:

• Julio César Mondragón Fontes El Chilango

• Daniel Solís Gallardo

• Julio César Ramírez Nava

Dos integrantes del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones:

• David Josue García Evangelista

• Víctor Manuel Lugo Ortiz

Una pasajera de un taxi que circulaba por el lugar:

• Blanca Montiel Sánchez

Estudiantes desaparecidos

1. Abel García Hernández

2. Abelardo Vázquez Periten

3. Adán Abrajan de la Cruz

4. Alexander Mora Venancio

5. Antonio Santana Maestro

6. Benjamín Ascencio Bautista

7. Bernardo Flores Alcaraz

8. Carlos Iván Ramírez Villarreal

9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz

10. César Manuel González Hernández

11. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre

12. Christian Tomas Colón Garnica

13. Cutberto Ortíz Ramos

14. Dorian González Parral

15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz

16. Everardo Rodríguez Bello

17. Felipe Arnulfo Rosas

18. Giovanni Galindes Guerrero

19. Israel Caballero Sánchez

20. Israel Jacinto Lugardo

21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa

22. Jonas Trujillo González

23. Jorge Álvarez Nava

24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza

25. Jorge Antonio Tizapa Legideño

26. Jorge Luis González Parral

27. José Ángel Campos Cantor

28. José Ángel Navarrete González

29. José Eduardo Bartolo Tlatempa

30. José Luís Luna Torres

31. Joshvani Guerrero de la Cruz

32. Julio César López Patolzin

33. Leonel Castro Abarca

34. Luis Ángel Abarca Carrillo

35. Luis Ángel Francisco Arzola

36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas

37. Marcial Pablo Baranda

38. Marco Antonio Gómez Molina

39. Martín Getsemany Sánchez García

40. Mauricio Ortega Valerio

41. Miguel Ángel Hernández Martínez

42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías

43. Saúl Bruno García

Consecuencias políticas

Según el fiscal del estado de Guerrero, el 27 de septiembre fueron detenidos 280 agentes de la Policía Municipal de Iguala, de los cuales quedaron en calidad de indiciados 21 por su presunta participación en los hechos. Tras los ataques, el entonces Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, declaró que no tenía conocimiento de los hechos ocurridos al instante, ya que cuando pasaron él se encontraba en un baile tras el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. Rehusó a renunciar y se dijo dispuesto a que lo investigaran.

Pese a la declaración anterior, el edil acudió al Ayuntamiento de Iguala el 30 de septiembre para solicitar una licencia que le permitiera ausentarse del cargo por un mes, tras lo cual desapareció junto con su esposa. Al día siguiente, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció la emisión de una orden de presentación en contra del ex-alcalde y el Secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, primo de José Luis Abarca. Por su parte, el secretario general delPRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció a los medios de comunicación la decisión de que José Luis Abarca quedara expulsado definitivamente del partido.

El 4 de octubre, se dio a conocer que la Procuraduría General de la República atraería el caso de los normalistas desaparecidos, tras lo cual personal de dicha entidad se trasladó a Guerrero para iniciar las investigaciones. Tras este anuncio, se decidió también que la seguridad en el municipio de Iguala corriera a cargo de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes se encargaron de confiscar las armas de los elementos de la policía municipal. Por su parte, la Cámara de Diputados instaló una Comisión Especial con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones del caso.

Los hechos del 27 de septiembre generaron diversas expresiones de repudio nacional hacia el presidente Enrique Peña Nieto, manifestaciones en diferentes universidades de la República Mexicana evidenciando la incapacidad del presidente para dirigir la nación y sobre todo, dando la impresión de un desconocimiento total de los hechos sucedidos en Iguala.

En el ranking de Las personas más poderosas del mundo del año 2014 de la revista Forbes, el Presidente Enrique Peña Nieto descendió de la posición número 37, que ocupaba en el 2013, a la 60; justificando el descenso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el descubrimiento de fosas comunes.

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