Corrupción En Mexico

Corrupción e impunidad: freno para México

Cuando una sociedad enfrenta un problema sea de cualquier índole— sólo existen dos vías: o se resuelve, o se deja avanzar. Si no se efectúan soluciones a tiempo el problema se agudiza, a tal grado que se empieza a ver cómo algo cotidiano se vuelve parte de nuestro entorno y ello provoca que nos resignemos a vivir con él, porque creemos que ya no hay solución, que ya nada lo puede erradicar; el problema se vuelve parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia; y ante el desánimo por el cambio, poco se puede lograr.

La corrupción y la impunidad son un problema fuerte en México, con el que parece que ya estamos acostumbrados a vivir, a pesar de ser de los principales frenos para la inversión y el desarrollo en el país.

Empecemos por ver la gravedad de la corrupción. La corrupción inhibe el progreso económico y social, pero también dificulta el fortalecimiento de las instituciones e impide la mejora en la gestión pública. Afecta el desarrollo interno, pero también perturba la política exterior, por la mala imagen que damos como país.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, de Transparencia Internacional, México bajó nueve lugares. En el 2009 ocupaba el lugar número 89 de la lista y tenía una calificación entre 3.2 y 3.5, sobre 10; para 2010 se situó en la posición 98, junto con Egipto, con una calificación global de 3.1, y por debajo de países como Brasil, Ghana, Cuba, El Salvador, Jamaica y Guatemala. La posición de nuestro país en este estudio nos habla de un grave retroceso en la materia.

A ello aunamos que México ha sido superado, por mucho, por sus contrapartes en América Latina. El país mejor situado en el Índice fue Chile, que ocupó el lugar 21; seguido de Uruguay, en el sitio 24; Puerto Rico alcanzó el 33; y Costa Rica el 41.

Otro estudio de Transparencia Mexicana, denominado Índice Nacional del Buen Gobierno 2010 (INBG), el cual mide la corrupción que afecta a los hogares, señala que el año pasado se realizaron 200 millones de actos corruptos, ello al emplear los servicios públicos provistos por autoridades de los tres niveles: federales, estatales, municipales, y hacer uso de concesiones y servicios administrados por particulares. Como dato comparativo, el análisis señala que en 2007 se realizaron 197 millones de estas actividades.

El INBG estimó que durante el año pasado dar una mordida costó en promedio 165 pesos a cada hogar de México; mientras que tres años atrás la cifra fue de 138 pesos. En 2010 se dieron más de 32,000 millones de pesos para, a través de la corrupción, facilitar o acelerar los 35 trámites y servicios públicos que fueron medidos por dicha organización civil; en 2007 el costo fue de 27,000 millones de pesos.

Según las estimaciones presentadas en este índice, los mexicanos destinaron por familia 14 por ciento de sus ingresos en sobornos, con el fin de acelerar trámites o librar sanciones. Asimismo, el estudio muestra que el Distrito Federal es el lugar donde más transacciones irregulares se registraron, con 17.9 puntos del INBG.

Por su parte, el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) señala que el costo de la corrupción en México es equivalente al 9 por ciento del PIB y, junto con la inseguridad es el principal riesgo que aleja a los inversionistas.

En cuanto a la impunidad, de acuerdo con un estudio presentado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, el 98.5 por ciento de los delitos cometidos en México queda impune. El análisis también señala que del total de delitos sólo se denuncia un 22 por ciento y de esa cifra únicamente se investiga el 15 por ciento, pero para desgracia de los mexicanos y del país, nada más el cuatro por ciento de dichas investigaciones concluye. Y por si esto no fuera alarmante, se testifica que sólo se sujeta a proceso penal a un 1.75 por ciento de los delincuentes.

El problema es grave, sí. Existen soluciones, por supuesto, a pesar de la persistente cultura de tolerancia a la corrupción y a la ilegalidad y a la enorme fragilidad institucional de nuestro país. Hay muchas iniciativas que desafortunadamente se han quedado estancadas o han sido aprobadas a medias en el Congreso de la Unión. Hoy más que nunca todos los que nos dedicamos a la política tenemos la obligación de dignificarla y ennoblecer la función pública, y la única manera de lograrlo es tener altura de miras y establecer con la ciudadanía compromisos con fecha de caducidad.

Orígenes de la impunidad en México

¿Por qué en México existen problemas de impunidad y de corrupción? Esta pregunta es el objeto de análisis de este artículo. Adelantar hipótesis que le expliquen nos permitiría comprender no solo su dimensión real sino sus raíces.

El presente artículo sólo pretende ubicar históricamente algunos de los fenómenos que incidieron en el proceso de convertir a la impunidad y la corrupción en formas de comportamiento comunes en ciertos ámbitos, cómo fueron convirtiéndose en prácticas cotidianas en las estructuras gubernamentales, entre los funcionarios públicos, en las organizaciones sindicales. Es conveniente aclarar que la impunidad y la corrupción no son aceptadas por la ciudadanía en general, sino que cuestionadas y criticadas, pero se toleran como un mal constitutivo del sistema judicial mexicano.

Para iniciar, sería conveniente definir el concepto de impunidad. La palabra procede del sustantivo latino impunitas-atis, cuyo significado literal sería “sin castigo”. Esto nos refiere a un sistema legal donde se encuentran tipificados los delitos y los castigos que implica el transgredir las leyes. Por tanto, la impunidad se encuentra referida a la ausencia de castigo por un delito que se comete. Por otra parte, la palabra corrupción procede del verbo latino corrumpo-is-ere-rupi-ruptum, que significa corromper, descomponer, sobornar. Aunque ambos fenómenos son diferentes, se encuentran íntimamente ligados porque, en un sistema en que se permite la corrupción, ésta puede logra la impunidad, aunque no necesariamente la impunidad implica la corrupción. Ahora bien, para responder a la pregunta planteada inicialmente, por qué existe la impunidad y la corrupción en México, considera que debemos remitirnos a la época colonial.

El sistema jurídico colonial era bastante complejo. En principio, existía una doble legalidad, la inherente al derecho canónico y diocesano y la del derecho civil. Por tanto, existían tribunales eclesiásticos y reales. Es sistema judicial eclesiástico tenía facultad para atender litigios civiles y criminales así como para eximir obligaciones que imponía la legislación eclesiástica. El ámbito jurisdiccional iniciaba en la parroquia y se extendía hasta la diócesis. Asimismo existía el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición dedicado a perseguir delitos de la fe católica y sus omisiones. Los tribunales eclesiásticos recurrían a la jurisdicción real cuando requería que se ejecutaran determinado tipo de sentencias o en caso de que existiera alguna apelación por parte del acusado cuando éste consideraba que los delitos cometidos se no eran competencia de los tribunales eclesiásticos (Borah, 1996: 56).

El sistema judicial real dependía directamente del rey, o bien, como representantes del poder central, de los virreyes y gobernadores de las Provincias. La monarquía española desarrolló un sistema polisinodal mediante órganos consultivos denominados Consejo Real, el cual estaba integrado por miembros de la alta nobleza. Este Consejo ayudaba a gobernar al rey en materia de justicia, política exterior y hacienda. Existían, además, dos consejos que no dependían directamente del Consejo Real, el de la Suprema Inquisición, dedicado a perseguir delitos contra la fe católica, y el Consejo de Estado, dedicado a la política exterior. También se creó el Consejo de Indias, que en un principio dependía directamente del Consejo Real, pero que poco a poco fue adquiriendo autonomía. También existían consejos territoriales (Fernández Álvarez, 1989: T. XIX 536).

Para el caso de la Nueva España, el Consejo de Indias elaboraba el conjunto de leyes y decretos que emitía el soberano. El sistema judicial real atendía casos civiles, criminales y administrativos. Las leyes emitidas por este Consejo se caracterizan por su espíritu casuístico, es decir, particular y no general. El hecho de que tuviesen que elaborar leyes y decretos para solucionar problemas que se iban presentando es el origen de que la legislación indiana fuera un conjunto de reglamentos y decretos sin una coherencia sistémica e, incluso, podían ser contradictorios. En 1563 se elaboró el primer Cedulario de Puga y en 1680 la Recopilación de leyes de los reinos de Indias (Cué Canovas, 1961: 170).

Uno de los principales problemas que existían para el establecimiento del sistema judicial del estado español era que en Nueva España existía una sociedad precolombina con estructuras e instituciones muy diferentes a las europeas. Era una sociedad estratificada y organizada bajo otros principios y valores. Ante la situación de cómo integrar a las nuevas estructuras a los recientes vasallos de España, hubo una serie de discusiones de carácter filosófico. Woodrow Borah encontró que existieron básicamente tres escuelas de pensamiento que propusieron diferentes formas de incorporación de los indígenas a .a la sociedad hispana La primera estuvo encabezada por el teólogo Francisco de Vitoria. Sostenía que los indígenas tenían derecho a conservar

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