Corrupción De México

A lo largo de su historia moderna, México ha tenido que lidiar con serios problemas de corrupción. Cualquier recuento de la vida político- administrativa del país se enfrenta, inevitablemente, con situaciones que van de la venta de puestos públicos en la época de la Colonia a los datos de índices nacionales e internacionales que señalan los “altos” niveles de corrupción existentes.

Resulta complicado ofrecer juicios precisos sobre la persistencia o disminución de los “niveles de corrupción” en México (o de hecho, en cualquier otro país). Las “mediciones” del fenómeno, las metodologías de evaluación de las políticas anticorrupción/pro-rendición de cuentas y el conocimiento especializado sobre el tema son aún limitados. Y por otro lado Nuestro país se encuentra transitando de una etapa de “reformas estructurales”.

En cierto sentido, la vida política mexicana sigue mostrando algunos rasgos de lo que podría llamarse la “tradición administrativa latinoamericana”. Por ejemplo, la simulación en el proceso de aplicar las leyes, y el “patrimonialismo”, es decir, el uso privado de los recursos del Estado por parte de los gobernantes en turno.

Las cifras de encuestas e índices recientes (enfocados en “medir” la corrupción gubernamental) ofrecen más datos “tangibles” sobre este problema. Por ejemplo, de 1995 a la fecha, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México se ha ubicado en el rango de 3 a 4 puntos, es decir, en el universo de países en los que la corrupción prevalece. Por su parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, de Transparencia Mexicana, las “mordidas” pagadas para recibir servicios públicos que en teoría son gratuitos costaron a los ciudadanos mexicanos alrededor de 27 000 millones de pesos tan solo en 2007.

Las reformas para detener la corrupción

Si bien lo anterior nos permite tener una idea de las dimensiones del problema, quizá no logren reflejar las transformaciones ocurridas en las últimas tres décadas en el ámbito federal mexicano. Entre los cambios institucionales que pueden mencionarse, está la creación en 1982 de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), orientada a mejorar el control interno en el Poder Ejecutivo y que hoy en día posee atribuciones en materia de adquisiciones y obras públicas, sanciones a los servidores públicos, evaluación de la gestión pública, entre otras. Segundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), creada en 1990 para proteger los derechos de los ciudadanos ante acciones u omisiones de entidades gubernamentales. Tercero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en 1999 y facultada para realizar auditorías de cumplimiento de normatividad, contables y de desempeño, así como para fiscalizar el ejercicio de los recursos federales.

En el periodo 1982-2010 también se introdujeron diversas legislaciones, principios jurídicos y artículos constitucionales. Por ejemplo, pueden destacarse el tema de las “responsabilidades de los servidores públicos”, cubierto tanto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que introdujo nuevos principios como el de “rendir cuentas” y el “conflicto de intereses”; las nuevas Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que han tratado de regular con mayor claridad temas como las “licitaciones públicas”; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que señala que la información del gobierno es pública por regla general y sólo pue- de mantenerse como “reservada” o “confidencial” en situaciones excepcionales.

Entre los retos futuros vale la pena mencionar los siguientes:

Primero, desarrollar más y mejores evaluaciones de las políticas y programas anticorrupción para conocer sus limitaciones operativas y de diseño, su articulación con otras tareas de modernización administrativa y, principalmente, el grado en que están alcanzando sus objetivos.

Segundo, planear más y mejores estrategias de combate a la corrupción y rendición de cuentas específicamente enfocadas en las áreas de política pública de mayor importancia para el desarrollo del país, así como en áreas en las que el crimen organizado y el narcotráfico se entrelazan con la corrupción.

Tercero, en el área de transparencia gubernamental será necesario vincular mejor el uso del acceso a la información con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; aumentar la calidad de la información entregada por el gobierno a los solicitantes y lograr que el acceso a la información permee a los sectores sociales de menores niveles de escolaridad e ingreso.

México un imperio de corrupción

Desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México se han dado, por lo menos, tres episodios graves en cárceles mexicanas que evidencian la corrupción, los privilegios y el descontrol que, de acuerdo con diversas instituciones nacionales y extranjeras, está al borde del “colapso”.

El 17 de diciembre del 2012, a plena luz del día, se registró un motín por un intento frustrado de fuga en el penal de Gómez Palacio, Durango. El saldo fue de 24 muertos: 15 reos y nueve custodios.

El 2 de febrero de este año (2013), se informó sobre un motín en el penal de las Islas marías, en Nayarit, donde unos 650 reos realizaron un intento de motín para manifestar diversas inconformidades con los servicios que se brindan dentro del complejo. Durante las protestas, cuatro custodios del Complejo Penitenciario Islas Marías resultaron con lesiones.

El 27 de abril, un motín en el penal de San Luis Potosí dejó 10 reos muertos y al menos 50 heridos. La Secretaría de Seguridad Pública estatal afirmó que el origen fue una riña entre los prisioneros.

Un diagnóstico Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerto que en México 60% de las cárceles son autogobernadas; es decir, seis de cada 10 son controladas por miembros del crimen organizado y no por las autoridades correspondientes.

Y claro hay cárceles campeonas en esas irregularidades. Las peores calificaciones de la comisión, que además las ubica por su grado de “ingobernabilidad”, las lideran los centros de reclusión del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit.

En el 2012 la impunidad alcanzó números de excelencia, pues el 98.2 por ciento de los asesinatos cometidos se lograron librar del frágil sistema judicial y quedaron sin castigo. Y es que de los 27 mil 200 homicidios dolosos que se cometieron en toda la república el año pasado sólo alcanzaron sentencias condenatorias 523 inculpados, lo que da una tasa de éxito al sistema mexicano de justicia de apenas 1.8 por ciento.

Respecto a los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de los 2 mil 270 casos registrados el pasado año, apenas 19 fueron resueltos, apenas 0.8 por ciento del total.

De acuerdo con las cifras del INEGI, enfrentaron juicio 299 presuntos responsables de mil 825 actos considerados como delincuencia organizada, pero sólo dos obtuvieron sentencia condenatoria.

Durante 2012 el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 42 mil 192 delitos relacionados con el narcotráfico, previstos tanto en el Código Penal Federal como en la Ley General de Salud, pero sólo se resolvieron 10 mil 242, por lo que permanece impune el 76 por ciento de las actividades relacionadas con la producción, transporte, tráfico, posesión y comercio de estupefacientes.

Uno de los casos más importantes de la impunidad en las cárceles fue el que se dio en el año 2001 cuando el jefe del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, y es que "hay realidad en esa capacidad, poder, que ha alcanzado, siempre al amparo, hay que recordar que su fuga solamente se explica a nivel de la coparticipación de diferentes niveles de poder. Se sospecha inclusive de los más altos niveles de poder que estuvieron dentro de este

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