Derecho Penal

Nuestro Derecho Penal Moderno, es fruto de una constante dinamicidad jurídica dogmaticé, y como tal ha adoptado variadas posiciones frente a las nuevas formas de comisión de delitos, y es que la labor del Derecho Penal material, la protección de bienes jurídicos, debe de situarse en una posición abierta frente a las nuevas tendencias criminales, siendo pertinente tomar una concepción liberal de lo que hoy se conoce como las sociedades de riesgo, donde las situaciones de riesgo son más extensas y más continuas. En este contexto es que un Estado Social de Derecho, como garante de determinados bienes jurídico penales, debe de establecer modernas políticas criminales capaces de combatir aquellas situaciones que lesionen o pongan en peligro todo interés social jurídicamente relevante, de lo contrario éste estaría renunciando a su misión fundamental, que bien lo dice Aristóteles, (…)”el estado nació para hacer la vida fácil y solo podrá existir para hacer la vida justa”, y sin el cumplimiento de este designio histórico ha de caer en la destrucción de la misma, siendo consiguiente el colapso de todo el ordenamiento jurídico.

El antecedente directo lo hallamos en el art. 338 del código penal de 1924 que en lo sustancial es idéntico al elaborado en 1991, difiriendo en los relativo alas sanciones.

La fuente extranjera de donde se tomo el modelo por orden de importancia esta constituido por el articulo 249 del código penal argentino de 1922 , aun vigente, el articulo 178 del código penal italiano de 1889 y mas lejanamente el art. 328 del italiano de 1930.

2. BASE LEGAL

La doctrina argentina e italiana es unánime al considerar que el objeto de la tutela penal consiste en proteger el normal desenvolvimiento y funcionamiento de la administración publica, en cuanto oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función publica; la que debe estar asegurada contra la inercia y/o la lentitud dolosa de los funcionarios públicos .

La circunstancia de que el delito llegue a afectar a particulares no es la razón político – criminal, ni dogmática, para que dichos particulares sean considerados objeto de tutela. Obviamente ello no implica negar que exista perjudicados directos en los terceros agraviados .

Al haber incluido este tipo de comportamiento bajo el rubro “abuso de autoridad”, se esta connotando con ello de que estamos ante una variedad de abuso de naturaleza o misiva interna que, a diferencia del articulo anterior del código, se circunscribe a los actos o pasos inherentes al desarrollo de los deberes funcionales administrativo del funcionario público.

2.1 CONCORDANCIAS

2.1.1 LEY 26689

(**) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 26833, publicada el 03-07-97, que los procesos por delitos tributarios y aduaneros que se encuentren en trámite y aquellos que se inicien a la vigencia de la citada Ley, se tramitarán por la vía del proceso ordinario

Artículo 2.-

Todos los demás delitos previstos en el Código Penal se sujetan al trámite sumario establecido en el Decreto Legislativo No. 124.

2.1.2. LEY 27785

Articulo 6.-

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de lagestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de losrecursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política yplanes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente.

Artículo 7º

El control interno comprende las acciones de cautelaprevia, simultánea y de verificación posterior que realizala entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestiónde sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo yposterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidorespúblicos de las entidades como responsabilidad propia

de las funciones que le son inherentes, sobre la base delas normas que rigen las actividades de la organizacióny los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los quecontienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, asícomo por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes delEstado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, enrelación con las metas trazadas y resultados obtenidos.Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentary supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales

que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a

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