Derechos Humanos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

MISIÓN SUCRE.

Alumno: Torres Valecillos

Anthony Aldemar

C.I: 17865218

Profesor: Abg. Carlos Uzcategui

Trujillo, 13 de mayo de 2014

Replanteamiento de un modelo alternativo para el siglo XXI:

Planes de inclusión social y primacía de los Derechos Humanos.

Plan de desarrollo económico y social en Venezuela y sus articulaciones con los derechos humanos:

Este trabajo presenta un estudio de carácter descriptivo sobre las políticas económicas y sociales que adelanta el gobierno venezolano desde la Constitución Nacional de 1999.

Desde esa fecha, el gobierno emprendió distintas iniciativas en materia económica, utilizando los conceptos de “equilibrio económico”, “desarrollo endógeno”, “nuevo cooperativismo” y, más recientemente, “modelo de producción social”. Estas iniciativas han estado dirigidas, de acuerdo con la visión del gobierno, a cambiar el ordenamiento económico vigente por un sistema no capitalista, humanizado y soberano.

Las estrategias que el gobierno se ha propuesto llevar a la práctica para lograr tales propósitos han sido:

 La democratización del capital y la tierra.

 La soberanía en la orientación y distribución de la riqueza nacional, hacia el desarrollo de las potencialidades internas de las comunidades en la ciudad y el campo.

 La inclusión social en la actividad productiva.

En este orden, el interés por la economía social y el desarrollo económico ha ocupado un lugar importante en la política gubernamental desde el año 1999, al lado de objetivos de crecimiento económico, estabilidad macro-económica, sostenibilidad fiscal y estímulo al ahorro y la inversión.

Este interés se ha expresado en programas, planes, leyes, inversiones y medidas económicas desde entonces.

El objetivo del estudio es comprender las nuevas orientaciones, definiciones y estructura jurídica, programática, institucional y financiera de la política de economía social y desarrollo económico sustentable, donde el gobierno ha puesto su mayor empeño a fin de producir cambios en el sistema económico y el modelo productivo del país.

A continuación observamos los contextos donde estos cambios se han pretendido aplicar y los efectos que ha tenido su funcionamiento en las actitudes y comportamientos de los beneficiarios, asociados en cooperativas o núcleos de desarrollo endógeno.

La industria petrolera fue el principal dinamizador de la modernización venezolana desde mediados de los años treinta. Las exportaciones petroleras pasaron de 2% en la década de 1920 a 83% en la década de 1940. La modernización se practicó como un intenso proceso de transformaciones que comprendía, entre otros aspectos, la integración del territorio, la acumulación capitalista de los excedentes petroleros y la transformación de las formas de trabajo y modos de vida.

Entre los cambios ocurridos por efectos de ésta destacaron:

• La migración a la ciudad.

• El abandono del campo.

• La densificación poblacional de las capitales de estado.

• La creación de nuevos centros urbanos petroleros y el surgimiento de los sectores obreros y medios.

Décadas de los 80 y 90.

El elemento clave que caracteriza la política económica venezolana entre los años 1980 y 1990 es el intento dirigido hacia el ajuste de la economía interna en función de parámetros y exigencias del mercado mundial, conocida como la estrategia de la apertura. Esta estrategia se aplica en un contexto donde comienza a tener fuerza el fenómeno de la globalización y éste ejerce influencia en el debilitamiento de los sistemas políticos, económicos e institucionales constituidos cinco décadas atrás en la mayoría de los países de América Latina. En Venezuela, es un período que trae una herencia de persistente deterioro económico y social, y donde la agenda internacional tuvo un importante peso en la definición y aplicación de soluciones.

En el año 1980, Venezuela se encuentra frente a una caída del PIB de 4%, después de 18 años consecutivos de una tasa de crecimiento positiva. La inflación pasó de un dígito en 1978 (7.2%) a dos en 1979 (20.4%) y en 1980 (19.7%), afectando los salarios y el ingreso familiar. Aumentaron las desigualdades económicas y el país presentaba ya un acumulado de pobreza mayor al 20%, con tendencia a crecer cada año. Desde este momento, la pobreza se instala en el país y no hay capacidad institucional, social ni económica para frenar el problema.

El programa de ajuste económico estructural (1989-1993): a partir de 1989 se decide aplicar un programa de ajuste de mayor alcance y permanencia que el anterior. Este programa implicaba darle un giro drástico a la economía venezolana mediante la reducción de las funciones reguladoras y planificadoras del Estado y, a largo plazo, el aumento de la participación del sector privado en las actividades productivas. Con esta intención se toman medidas de ajuste que produjeron la eliminación de los subsidios indirectos, la liberación de precios, la flexibilización de la normativa laboral, el apoyo financiero a las exportaciones, la reducción del gasto público, la privatización de las empresas estatales y la reorientación del gasto social. El programa de ajuste surge de un acuerdo firmado con el FMI en 1989 y contó con la asistencia financiera de la banca internacional en el área económica y social.

Tratamiento de los derechos fundamentales y humanos en Venezuela:

Los derechos humanos son aquellas "condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Derechos humanos hace relación a una serie de atributos naturales, intrínsecos de los seres humanos, comunes en todos los hombres, inviolables, inalienables, indivisibles y fundamentales (como son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personales, al honor). Esta concepción, que como veremos más adelante, es la acogida en nuestro ordenamiento jurídico positivo, se inspira en uno de los postulados de la Revolución Francesa contenido en la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" del 26 de agosto de 1789 que, como sabemos, preconizaba la igualdad de todos los humanos fundada en el iusnaturalismo que es, como nos recuerda un autor, "la corriente jurídico-filosófica que concibe al hombre dotado de derechos congénitos superiores a la sociedad; que exalta a la persona humana y la considera como 'entidad suprema' de la sociedad y que forma el substratum filosófico de las relaciones entre el Estado y la sociedad".

Resulta claro entonces que tales declaraciones de principios se oponen a la teoría "positivista" que, como sabemos, sostiene que los derechos humanos sólo tienen efectividad si se encuentran positivizados, esto es, consagrados en el ordenamiento jurídico de cada país.

Cabe evocar que con el transcurso del tiempo y los avances experimentados por la humanidad en todos los órdenes, la referida teoría jusnaturalista, basada en los atributos individuales de la persona humana, considerados sus "derechos originarios o primarios" (libertad; igualdad; honor; etc.) se ha extendido a la hora actual a otros derechos también protegidos constitucionalmente (económicos, políticos, sociales) denominados por algunos "derechos de segunda generación".

Como es fácil suponer, la realización de los señalados eventos en nuestro territorio ha propiciado abundantes publicaciones, foros, diálogos y confrontaciones sobre una materia que presenta tantas aristas y origina serias preocupaciones a nivel planetario, como se observa en los dolorosos acontecimientos que actualmente ocupan la atención de la humanidad en muchas regiones como Afganistán, Kosovo, Argelia, Colombia, Somalia, Etiopía, etc.

Por lo que atañe a nuestro continente americano el problema del respeto de los derechos humanos reviste altísima prioridad por las recurrentes violaciones a los mismos que frecuentemente se denuncian y de ahí los ingentes esfuerzos que realizan los órganos supranacionales y nacionales en orden a difundir los postulados que inspiran los derechos humanos y los mecanismos aptos de que se disponen para atender los reclamos que se formulen por el desconocimiento, a veces sistemático, de esos derechos.

Y es precisamente sobre este último aspecto que he decidido centrar mi exposición, porque no basta, en mi criterio, el conocimiento, por más profundo que éste sea, de los textos consagratorios de los derechos humanos, ni los compromisos que las autoridades públicas de los países adquieran de aceptar y ejecutar el contenido de los diversos Pactos, Convenciones o Protocolos que se suscriban sobre la materia.

No basta. Estas proclamaciones de principios serían

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