Deuda externa

Deuda externa

Al declarar la moratoria unilateral de su deuda externa, México puso en riesgo financiero al menos a uno de los grandes bancos estadunidenses. Según la legislación de Estados Unidos, los préstamos cuyos intereses no se cancelaban en 90 días debían declararse legalmente inactivos y tras 180 días de mora los bancos no podían acreditar como activo el valor total de esa deuda. Si se considera que entre 1982 y 1983 se revirtió el déficit comercial de la región, el fmi intervino con gran éxito en al menos catorce renegociaciones. La deuda externa ecuatoriana representaba una pequeña porción de la deuda latinoamericana, lo que redujo la capacidad de negociación del país.

10 En 1981 –antes de la moratoria mexicana– el saldo de la deuda externa pública creció 25.1% y el de la privada 29.5%, no se registraron atrasos por pago de intereses y los desembolsos recibidos, de 2 767.8 millones de dólares, fueron los más altos de la década, al igual que las amortizaciones de capital y el servicio de intereses, que llegaron a 2 138.7 millones de dólares. En 1982, con ingresos por exportaciones de petróleo inferiores a los pagos de intereses y capital de la deuda, y suspendidos los flujos de capitales frescos por el default mexicano, la crisis se instaló en la economía ecuatoriana. 11 El presidente Hurtado inició negociaciones concretadas en la primera carta de intención acordada en esa década . Se la dirigió a Jacques de Larosiere, director gerente del fmi, solicitando un crédito stand-by por 157 700 000 derechos especiales de giro , a un año plazo.

Se destacaron los avances logrados con el Programa de Estabilización Económica y Social que comprendían aspectos fiscales, comerciales, monetarios y de deuda externa. 12 Este primer ajuste buscó equilibrar las cuentas fiscales y externas a base de continuas devaluaciones y de contracciones de efecto inmediato en la demanda interna, como en general destacarían todas las cartas de intención acordadas en esa década. La política monetaria se comprometía a expandir en 25% el crédito al sector privado y a continuar con las elevaciones de las tasas de interés acelerando esa tendencia hasta encontrar niveles reales . París, posponiendo el pago de 2 000 millones de dólares por intereses y amortizaciones vencidos –o de inminente vencimiento– y contratando créditos frescos para financiar un déficit en cuenta corriente acumulado entre 1982 y 1984 cercano a los 2 500 millones de dólares.

El 19 de abril de 1984 se propuso una nueva carta de intención en la que se actualizaron los compromisos . En esta carta el fmi condicionó la decisión del gobierno de hacerse cargo de la deuda externa privada al cobro de comisiones suficientemente elevadas para cubrir las pérdidas cambiarias que pudiera ocasionar la sucretización de esos pasivos. En las cartas de intención de marzo de 1983 y de abril de 1984 el gobierno de Hurtado aceptó condicionar las políticas cambiaria y comercial que pudiera tomar . Se comprometió a eliminar los atrasos de pagos de la deuda externa antes de recibir nuevos desembolsos, a realizar consultas periódicas y a preguntar al fmi cualquier cambio de política económica, antes de ponerlo en vigencia.

Así, en la primera mitad de la década las cartas de intención ya condicionaron la política económica interna a la aprobación de ese organismo multilateral. Se reestructuraron vencimientos por 4 500 millones de dólares de capital , incluida la deuda del sector privado asumida por el bce, y los vencimientos del crédito y la facilidad comercial contratados por el gobierno anterior. Los negociadores destacaron el incremento de 75% en promedio de los precios internos de los derivados del petróleo, el déficit en cuenta corriente de 2% del pib, la liberalización de buena parte de las operaciones de comercio exterior y la eliminación de la mayoría de las prohibiciones a las importaciones decretadas en 1982 . Se pactó expandir en 24% el crédito bancario para el sector privado, limitar el crédito del bce al sector público, liberar la tasa de interés y mantenerla en niveles reales positivos.

El fmi concedió un nuevo stand-by, el de marzo de 1985, dos meses después de presentada la solicitud, confirmando la afinidad del gobierno con la visión del ajuste promovido por los organismos multilaterales. Sin embargo, ni esta afinidad, ni la visita de Febres Cordero a Washington , ni un nuevo acuerdo con el Club de París aceleraron las renegociaciones con el comité de acreedores, que sólo se concretaron el 20 de diciembre de 1985.16 En esta ocasión se renegociaron 5 200 millones de dólares, de los cuales 2 500 millones correspondían a deuda pública, 1 400 millones a deuda privada, 600 000 000 a nuevos recursos y 700 000 000 a una línea de crédito comercial. 17 La amortización refinanciada de la deuda privada equivalió a 95% del total de esa deuda, reduciéndola de 1 628.5 millones de dólares a 155 300 000. Con esta operación la deuda pública llegó a 8 110.7 millones de dólares.

Entre 1979 y 1982 el sector privado había recibido desembolsos externos por 3 480.1 millones de dólares y pagado 3 044 millones de dólares. Sin embargo, las condiciones financieras provocaron una acumulación de deuda de 1 082 millones de dólares, con lo que el saldo de la deuda externa privada creció hasta 1 628.5 millones de dólares. Este saldo representó en 1982 una cuarta parte de la deuda externa total del país. Todos los grupos económicos con deudas superiores a 10 000 000 de dólares estaban domiciliados en Guayaquil, con excepción de la empresa constructora de la central hidroeléctrica de Agoyán y de Indupalma, empresa cultivadora de palma africana en el noroccidente y en el nororiente.

El grupo Cofiec, con una deuda superior a 110 000 000 de dólares, representaba 22.2% del total sucretizado en 1983. «Como se recuerda, el presidente de Cofiec fue presidente de la Junta Monetaria al dictarse la sucretización de la deuda privada» . La segunda etapa de la sucretización se cumplió en los primeros meses de la presidencia de Febres Cordero y consistió en la extensión de los plazos y congelamiento del tipo de cambio, lo que habría generado «una pérdida cambiaria para el Banco Central que actualmente bordea los 600 mil millones de sucres» . Esas pérdidas se escondieron en una cuenta del activo diferido del balance del bce que al final de la década ya no pudo ocultarse, debido al perjuicio irrogado a esa entidad y a las presiones inflacionarias que generaba.

Las cartas de intención siempre estuvieron precedidas por las visitas de las misiones del fmi para negociar políticas y metas macroeconómicas. Cada carta ya implicaba un acuerdo previo que debía someterse a la aceptación formal del organismo multilateral. El 14 de julio de 1986, urgido por el descenso de los precios del petróleo, el gobierno remitió a De Larosiere una nueva carta de intención pidiendo otro stand-by por 75 400 000 deg. Luego del terremoto de marzo de 1987 se insistió con una nueva carta de intención dirigida a Michael Camdessus, en la que se reiteró el pedido del stand-by .

A pocos meses del fin del gobierno, el equipo económico ofreció al fmi reducir el déficit del sector público a 1.5% del pib y también el déficit de cuenta corriente, sin proponer una cifra concreta. Hasta donde se conoce, esta carta no fue considerada siquiera por el fmi. El gobierno de Borja tardó un año en preparar su primera carta de intención, buscando un crédito stand-by por 109 900 000 deg . En ella evidenció los profundos desequilibrios fiscal y externo, así como la grave situación inflacionaria heredados del gobierno socialcristiano, y mencionó –por primera vez en un documento oficial en esa década– el alto desempleo prevaleciente en la economía ecuatoriana.

En general, la línea del ajuste ofrecía los mismos hitos de las cinco cartas anteriores, pero en esta ocasión se propuso reducir el capital de la deuda, para lo cual se ofreció destinar una cuarta parte del convenio stand-by y, mientras tanto, pagar un tercio de los vencimientos de 1989 .

Los pagos del servicio de la deuda, suspendidos antes del terremoto de

No obstante el débito arbitrario de una cuenta del Estado ecuatoriano, por 80 000 000 de dólares, ejecutado por el Citibank en abril de 1989, se propuso una renegociación amplia, que incluía un programa de nuevas reformas, de tipo estructural, sincronizado con la estrategia de reducción de la deuda externa . Entre 1989 y 1991 Ecuador recibió desembolsos por 3 301 millones de dólares y contabilizó amortizaciones por 3 304 millones. En realidad sólo se pagaron 2 239 millones, lo que provocó una acumulación de atrasos por intereses de 5 815 millones de dólares. El gobierno de Borja nunca pudo renegociar la deuda externa y para diciembre de 1991 esta alcanzó un saldo de 12 802 millones de dólares, equivalente a 111.1% del pib.

1981 el saldo inicial de la deuda fue de 4 651.

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