EL FUERO CONSTITUCIONAL

FUERO CONSTITUCIONAL

Por Francisco Márquez Peña.

Instituida como una prerrogativa de senadores y diputados, en un principio, y de un sinnúmero de servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen, la figura del fuero constitucional o inmunidad parlamentaria fue incorporada desde la Constitución de Apatzingán de 1814. Su intención es la manutención del equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.

Sin embargo, el abuso de la figura, entendida en ocasiones por quienes la detentan como una “Patente de Corzo” para cometer toda clase de tropelías en ejercicio de una función pública, en el transitar de la democracia mexicana, desvirtuó la intención del Constituyente, convirtiéndose, desde el punto de vista de la sociedad, en sinónimo de impunidad y desigualdad, como una especie de una concesión de derecho sin ética personal.

A lo largo de los años la discusión ha girado en torno a la existencia de un régimen legal especial para quienes detentan un cargo público, lo que propicia, conforme a una opinión generalizada, un estado de derecho con doble moral, en que, por una parte, se exige al grueso de la población el cumplimiento y observancia de las normas legales y, por otro, se propicia la inobservancia e incumplimiento de dichas normas a través de lo que coloquialmente se conoce como fuero constitucional o inmunidad parlamentaria.

Como resultado de ello, durante las últimas sesiones legislativas de nuestro Congreso de la Unión, se ha discutido la necesidad, derivada de un reclamo público, mediante reformas a la Constitución, de acotar o disminuir esa figura que, abusada, ha permitido el surgimiento y existencia de seres omnipresentes que amparados en un cargo público se encuentran abstraídos de la ley.

En términos generales, la medida ha sido más que bien aceptada por la población, a pesar de que en la realidad, lo único que se realiza es una precisión de los términos relativos al significado de la palabra; es decir, la reforma a los artículos 61, 11, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contemplan el fuero o inmunidad parlamentaria y el juicio de procedencia, consiste en la determinación o cambio de la palabra “fuero” por la de “inmunidad parlamentaria”, es una especie de derecho sin moral, pues la opacidad con que actúan nuestros legisladores, “engañan” la percepción que la gente común y corriente obtiene de esta determinación.

REFLEXIONES FUNDAMENTADAS EN LAS RELACIONES DERECHO Y MORAL

La expresión generalizada fue de júbilo, al fin nuestros diputados y senadores habían hecho valer un reclamo popular, la extinción del fuero constitucional, esa figura malévola al amparo de la cual ilustres funcionarios públicos hacían de la ley, letra muerta. Algunos voluntariosos incluso se atrevieron a manifestar públicamente que con ello "se le está dando una respuesta contundente y oportuna a una demanda ciudadana: la igualdad".

Pero, ¿qué sucede en realidad?. ¿De verdad se acabó la impunidad a favor de diversos funcionarios públicos?

Durante la discusión del proyecto de decreto tanto en la cámara baja como en la alta (diputados y senadores, respectivamente), nuestros legisladores hicieron especial énfasis en el daño que ha causado el abuso de esta figura instituida desde la Constitución de Apatzingán de 1814 con la firma intención de “mantener el equilibrio entre los poderes del Estado”.

En éste, desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Diputado Julio César Moreno Rivera, justificó el dictamen al señalar "Compañeras diputadas y compañeros diputados, con esta reforma aspiramos a que los servidores públicos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados, los secretarios de despacho, los diputados locales, el procurador general de la república, los gobernadores, el procurador del Distrito Federal, por señalar algunos más, respondan ante la justicia penal, no se escuden en el desempeño de sus cargos públicos".

En su exposición de motivos, nuestros legisladores señalar que el abuso de la figura del fuero, entendiéndola como una inmunidad absoluta, ha generado numerosas situaciones de impunidad que han derivado en múltiples cuestionamientos

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