ESTUDIO SOBRE LA OMISIÓN LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL

ESTUDIO SOBRE LA OMISIÓN LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE

A).- Observación del fenómeno socio - jurídico y análisis de los conocimientos vinculados (marco teórico).

1. Contacto con los hechos.

Como se sabe, el Estado mexicano se compone de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno realiza funciones encaminadas a cumplir los fines del Estado. Así pues, dentro de la Administración Pública Federal resulta oportuno que el ejercicio del poder se divida para alcanzar óptimos resultados y evitar conflictos entre ellos.

Cuando un funcionario del Estado actúa de tal manera que se está apartando del sentido de la ley, existen diversos medios jurídicos para enderezar esa acción u omisión, de igual modo sucede cuando se pretende inobservar a la Constitución Federal, sólo que aquí resulta un problema jurídico mayúsculo porque podría afectar a un grupo político, a la sociedad y, en consecuencia, a toda la Nación.

En esta investigación, me referiré, particularmente, a las omisiones del legislador, cuando éstas se vuelven inconstitucionales, de modo que, afecte la efectiva protección y defensa de los derechos humanos.

Es por ello que, también haré énfasis en la función del Tribunal Constitucional, pues en la actualidad se ha evidenciado que al formar jurisprudencia, ésta se vuelve obligatoria para todas aquellas autoridades que intenten eludir lo que dispone la Constitución Federal.

En nuestro país son diversos los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, no obstante a ello, a raíz de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, las personas gozan tanto de los derechos previstos en la Norma Suprema como de aquellos que se reconocen en los instrumentos internacionales.

De esta manera, la noción de derechos humanos guarda una relación entre el Estado y los individuos, generándose así obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno o de la modalidad administrativa bajo la que estén obligadas. La Constitución Federal ha incorporado esas obligaciones en el párrafo tercero del artículo 1°, que a la letra señala:

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Con esa finalidad, incumbe a la autoridad legislativa favorecer el cumplimiento de esos derechos, y evitar cualquier forma de negligencia legislativa, particularmente, la que se genere con su silencio.

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