Fabiola Valle
Enviado por ronaldfredy • 3 de Agosto de 2014 • Ensayos • 490 Palabras (2 Páginas) • 284 Visitas
Fabiola Valle (fvalle@peru21.com)
La red del abogado Rodolfo Orellana tuvo tentáculos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y en el Poder Judicial que le permitieron apropiarse ilícitamente de diversos inmuebles.
A esa conclusión llegó el procurador anticorrupción, Christian Salas, quien presentó ayer un escrito ante el Ministerio Público para que se investigue a una serie de funcionarios y magistrados vinculados a dicha red.
De esta manera, pidió que sean comprendidos los registradores de Lima Pedro Guzmán, Adriana Delgado, María Zaplana, Douglas Arámbulo (asistente registral de Huacho) y Álex Trujillo (servidor registral de Huaral). Asimismo, María Carrasco (jueza provisional del 45° Juzgado Penal de Lima), Félix Cáceres (juez especializado de Chincha), Hermes Meneses (secretario judicial de Chincha), Héctor Bendezú (juez del 19° Juzgado Penal de Lima), Juan Changanaqui (juez del 35° Juzgado Penal de Lima), Francisco Boza (presidente de la Corte de Ucayali). Incluye, de igual modo, a magistrados de Yarinacocha, Atalaya y del Santa.
En el documento, al que accedió Perú21, también se incluye al congresista Heriberto Benítez por “la posible existencia de interceptación telefónica realizada en la ciudad de Lima” y trasladada a ‘La Centralita’, caso por el que también es implicado Orellana.
También figuran en la relación el propio Rodolfo Orellana, su hermana Ludith Orellana y Benedicto Jiménez.
El procurador pide que a todos ellos se les investigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y/o encubrimiento personal en agravio del Estado y solicita una serie de diligencias preparatorias.
“Se indaga si los investigados integraron una organización criminal dedicada a transferir, transformar y ocultar activos (inmuebles y derechos crediticios sobre inmuebles) ilícitamente adquiridos a través de estafas y documentos falsificados con la participación de personas naturales y jurídicas”, se señala en el escrito.
La procuraduría tiene la hipótesis de que los miembros de la referida organización habrían ejecutado actos de seudo asesoramiento (rescates inmobiliarios y saneamiento de títulos) a través de estudios jurídicos, empresas inmobiliarias y liquidadoras para darle apariencia de legalidad a los procedimientos ilícitos por medio de los cuales se habrían apropiado de inmuebles.
DILIGENCIAS A SEGUIR
Salas pidió a la Fiscalía solicitar a la Sunarp un reporte completo de los actos registrales vinculados a la inscripción de titulos, inmuebles y otros presentados por la organización criminal para su anotación.
También requirió copias certificadas de la investigación preliminar
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