Fobaproa

Era, y es, porque aún no desaparece, un organismo encargado de vigilar y garantizar las operaciones de los bancos. Para cumplir con ese fin recibía de los bancos y del gobierno federal recursos económicos y podía, hasta ciertos límites, con una vigilancia especial y bajo reglas específicas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entregarle a los bancos respaldos económicos por los créditos que hubieran caído en cartera vencida.

Se creó en 1990 con aportaciones de los bancos como un fondo para garantizar los depósitos de los ahorradores. El fondo es un fideicomiso privado y no una entidad de la administración pública federal y era administrado por el Banco de México.

Sin embargo, ante la crisis bancaria, el gobierno, a través de Fobaproa, y sin aprobación de la Cámara de Diputados, les cambió a los bancos la cartera vencida por pagarés, que se vencían a los diez años, tiempo en el cual no se podían vender ni intercambiar. A cambio les garantizó que generarían intereses capitalizables cada tres meses, esto es, que les pagaría intereses sobre intereses.

Pero el problema para los banqueros es que los documentos no se podían vender en las bolsas de valores. De ahí la propuesta del Presidente Zedillo de convertirlos en deuda pública. Para obtener esto se necesitaba la aprobación de la Cámara de Diputados.

Esta transformación les generaría altísimos intereses a los compradores, dinero que tendría que gastar el gobierno, ya sea por medio de convertir los pagarés de Fobaproa en deuda pública, o por medio de otros instrumentos financieros expedidos por un organismo, específicamente creado con este fin, para que convirtiera los pagarés de Fobaproa en los nuevos instrumentos financieros, a los que se llamaran "garantías" u "obligaciones".

De los 560 mil millones de pesos, aproximadamente 65 mil millones de dólares, a que ascendían las deudas de Fobaproa hasta el mes de febrero de 1998, aproximadamente 360 mmdp de deuda pertenecían a los bancos "muertos", que son los bancos intervenidos por el gobierno, es decir, ya no pertenecen a los accionistas de los bancos.

Otros 160 mmdp pertenecían a los bancos que aún son propiedad de los accionistas: Banamex, Bancomer, Serfín, Banorte y Bital. El resto, son créditos de la banca de desarrollo y otros.

LOS ORÍGENES, LAS CAUSAS

Salinas de Gortari, además de culminar la reprivatización bancaria, puso en marcha una reforma financiera para "desregular" la banca. En virtud de la reforma, en adelante, las tasas que pagarían y cobrarían los bancos ahora estarían determinadas "por la ley de la oferta y la demanda".

El crecimiento de la cartera vencida, es decir, el aumento del número de deudores que dejaron de cumplir con los pagos de sus deudas, se debe a la política económica que mantuvo como una de sus normas mantener altas las tasas de interés, necesarias, según el gobierno, para atraer a las inversiones especulativas; que los contratos crediticios fijaran tasas de interés variable; los elevados márgenes de intermediación financiera y la caída del salario real que afecta la capacidad de pago de los deudores.

Los márgenes de intermediación financiera son verdaderamente criminales. Término tan elegante es el usado por los dueños del capital para denominar a la ganancia bancaria:

La tasa de interés que los bancos pagan en las cuentas maestras de cheques, por ejemplo, es de alrededor del 7% anual y los créditos otorgados por la banca, en los últimos 10 meses, rebasan con facilidad el 20% al año. Mas aún, el costo porcentual promedio de la captación bancaria es de 18% (este porcentaje es lo que les cuesta captar los recursos) y prestan al 50% o al 70%. Verdadera usura. En agosto de este año, la tasa de interés real de los Cetes a 28 días, es decir, una vez descontada la inflación, es la más alta en varios años, equivale al triple de la existente en Estados Unidos.

En esa situación, muchos deudores se encontraron ante la disyuntiva de pagar, solo por intereses normales, más de las tres cuartas partes de lo que les prestaron. El resultado: El deudor dejó de pagar, el banco clasificó su cuenta como cartera vencida y el gobierno se la compró al banco para que la pagaran todos los mexicanos a través del Fobaproa.

La cartera vencida creció porque los nuevos dueños de la banca permitieron que el crédito aumentara en proporciones exorbitantes; lo otorgaron sin el rigor y la prudencia indispensables y en la mayor parte de los casos, sin el más mínimo respeto a la legalidad vigente.

Los nuevos dueños de la banca y sus administradores hicieron crecer el crédito en proporciones exorbitantes: 25% en 1992, 14% en 1993 y 54% en 1994.

Sin embargo, el mayor peso del volumen de la cartera vencida no recae en los millones de pequeños y medianos empresarios. Casi cuatro quintas partes de los pasivos de Fobaproa son responsabilidad de un grupo de empresas y sus dueños, en un número que apenas rebasa los dos mil deudores.

El Fobaproa adquirió 440 mil créditos, pero de todos, sólo 605 concentran cerca de la mitad, esto es, 33 mil millones de dólares. Los créditos mayores a 20 millones de pesos son aproximadamente 2 mil 500 y acaparan el 60% del total de la deuda.

Los empresarios y banqueros se concedieron préstamos entre sí y no los pagaron; simplemente se otorgaban los créditos, la mayoría sin que hubiera de por medio garantías de ningún tipo.

Ejemplo típico de esta conducta es Banca Serfín. La mitad de las deudas que transfirió a Fobaproa son créditos otorgados sin garantías.

Quizá como ningún otro banco, Serfín se encuentra ligado a un grupo empresarial, concretamente a la familia Garza de Monterrey, familia madre de los Garza Lagüera, Garza Sada y otras, cuyos miembros aparecen en los lugares mas destacados de los Consejos de Administración de los tres principales bancos nacionales, Banamex, Serfín y Bancomer.

Casi en todos los casos, la historia fue así: Los multimillonarios recibieron créditos de uno o varios bancos a través de una empresa, una sociedad anónima, de la que generalmente eran accionistas mayoritarios.

En algún momento dejaron de pagar los intereses y abonos al capital previstas en el contrato de crédito, cuando éste existía. Pero al contrario de la conducta asumida con los pequeños deudores, con los grandes usuarios, los bancos no iniciaron acciones judiciales, o fueron muy pocas las realizadas con este grupo de deudores y al final, la deuda pasó íntegra

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